De ganar las elecciones federales de este mes, el primer ministro australiano, John Howard, tiene previsto organizar un referendo para incluir en el preámbulo de la Constitución un reconocimiento a los indígenas como los pobladores originales del territorio. Una acción simbólica, según activistas.
La posición de Australia ante la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es consistente con la política interna del gobierno del primer ministro.
Cuando la Asamblea General adoptó en septiembre la Declaración por una abrumadora mayoría, Australia fue uno de los cuatro países en votar en contra, junto con Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
La oposición australiana a la Declaración, resultado de 20 años de negociaciones, no fue una sorpresa para la directora del Centro de Legislación Indígena de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Megan Davis.
"Creo que es bastante consistente con la política del gobierno de Howard en materia de derechos indígenas y derechos humanos en general", sostuvo Davis, quien participó en los equipos de trabajo encargados de estudiar la Declaración entre 1999 y 2004.
El documento aboga por mantener y reforzar la identidad cultural de los 370 millones de indígenas del mundo, reconoce su derecho hacer su vida según sus propias necesidades y promueve su total participación en todos los aspectos que los involucran. Además, prohíbe la discriminación de los pueblos autóctonos.
La Declaración fue respaldada por 143 países, 11 abstenciones y 34 ausencias.
El representante australiano ante la ONU, Robert Hill, señaló que su país quería una declaración significativa que pudiera ser universalmente aceptada y observada, pero la adoptada "no logró alcanzar ese estándar alto".
El gobierno de Howard "no puede aprobar un documento que lleve a la división de nuestro país", señaló un portavoz del ministro de Asuntos Indígenas, Mal Brough, en entrevista realizada por correo electrónico.
La Declaración otorga a "un sector de la población el derecho a vetar decisiones de un gobierno elegido democráticamente" y les da "derechos sobre tierras que pueden anular intereses legales legítimos de sus propietarios y abrir la posibilidad al reclamo de indemnizaciones", apuntó.
El documento también "coloca a las leyes tradicionales por encima de la legislación nacional", añadió, al explicar una preocupación ya planteada por el primer ministro.
El texto es importante para los indígenas australianos, a pesar a la oposición del gobierno. Aun antes de que fuera adoptada, "el borrador ya era usado ampliamente en Australia", indicó Davis.
"Creo que va a marcar una enorme diferencia porque es un documento al que pueden recurrir los indígenas para formular sus derechos ante las autoridades locales, estatales y federales", explicó.
El documento fue redactado con colaboración de indígenas y, por ello, los principios en los que se basa son muy importantes como guía para "democracias como la de Australia, que parece no saber cómo mejorar las desventajas de las comunidades aborígenes",
Davis ensalza las virtudes de la Declaración, al tiempo que señala que el argumento del gobierno de que las normas tradicionales anulan la legislación nacional es incorrecto.
"Es imposible. Se admitió que no era una declaración no vinculante", exclamó Davis, y añadió que el gobierno interpreta mal el texto adrede.
"Creo que la intención es deliberada afín de crear polémica en torno a su aprobación. Creo que los abogados del gobierno saben muy bien que de ninguna manera este documento supedita la legislación nacional a la tradicional", arguyó.
Si Australia hubiera votado a favor de la Declaración habría chocado con la actitud del gobierno en cuestiones indígenas, apuntó la especialista que trabaja en la meridional ciudad australiana de Sydney.
"Dado que el mandato de Howard se caracterizó por el sustancial retroceso y disminución de los derechos indígenas, no esperaba que respaldaran nada que pudiera impulsar la defensa de los pueblos aborígenes con miras a un mayor reconocimiento legal en el sistema australiano", indicó Davis.
Un ejemplo de ellos es la enmienda de 1998 a la ley de Títulos Autóctonos que impuso restricciones a los reclamos de tierras de los indígenas, entre otros.
La actitud del gobierno no podría haber sido otra, coincidió la portavoz de la organización de defensa de indígenas australianos separados de sus familias y comunidades Generaciones Robadas, del sureño estado de Victoria, Lynn Austin.
"Quieren que vivamos en este entorno, sin derechos y recibiendo órdenes", dijo a IPS.
Howard tiene previsto organizar la consulta popular en 18 meses.
Es una maniobra política, arguyó Austin.
"Creo que el incluir un reconocimiento en el preámbulo de la Constitución es meramente simbólico porque no tiene consecuencias legales", remarcó.
