Una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por 17 votos contra cuatro, en lo que constituye una gran derrota para el ala más derechista del gobernante Partido Republicano.
La Convención, conocida como "constitución de los océanos" y aprobada el 30 de abril de 1982 por la ONU, establece reglas que regulan la extensión del mar territorial, las zonas económicas exclusivas, la navegación, el sobrevuelo, la explotación de recursos en el fondo marino, la conservación y las actividades de investigación.
La ratificación de la Convención, que cuenta con el apoyo del gobierno del presidente estadounidense George W. Bush, fue aprobada este martes por la Comisión de Relaciones Exteriores y ahora debe ser votada por el plenario del Senado.
No se espera que esto ocurra antes de principios de 2008, debido a la sobrecarga de la agenda legislativa antes del receso parlamentario a mediados de este mes.
Quienes se oponen al tratado tenían la esperanza de que alrededor de ocho senadores de la comisión votaran en contra y montaron una campaña para presentarlo como una amenaza potencialmente letal a la soberanía de Estados Unidos.
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Los críticos de la Convención tuvieron éxito en bloquear su ratificación durante el último cuarto de siglo.
En los días previos a la votación, estos sectores se sintieron animados por el aparente rechazo del tratado expresado por varios de los precandidatos a la presidencia del Partido Republicano, entre ellos el ex senador Fred Thompson y el ex gobernador del meridional estado de Arkansas, Mike Huckabee.
Asimismo, el ex alcalde de Nueva York —y favorito para ganar la candidatura presidencial republicana— Rudolph Giuliani describió a la Convención como "fundamentalmente defectuosa".
El senador John McCain dijo que "probablemente" votaría en contra y el ex gobernador del estado de Massachussets, Mitt Romney, declaró que tenía reservas sobre un instrumento "que otorga más poder a instituciones internacionales que no deben rendir cuentas a nadie".
Los enemigos de la Convención abrigaron la esperanza de que estas declaraciones les permitieran captar a un mayor número de senadores.
Pero sólo lograron ganar a un converso para su causa, Norm Coleman, quien había votado a favor del texto la última vez que fue considerado por la Comisión de Relaciones Exteriores, en 2004.
En esa ocasión la ratificación fue aprobada por unanimidad, pero los líderes republicanos la sabotearon temerosos de perder el apoyo del núcleo duro de extrema derecha del partido en vísperas de una elección presidencial.
La Convención, fruto de 20 años de negociaciones internacionales, fue rechazada luego de su aprobación en 1982 por el presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989) bajo la presión de grandes compañías mineras y de energía.
Esas corporaciones objetaron las cláusulas sobre minería submarina, especialmente los requerimientos de presentar sus reclamaciones ante la Autoridad Internacional del Fondo Marino, con sede en Jamaica, que sería financiada en parte con un impuesto a sus ganancias y sobre transferencia de tecnología a los países pobres que no podían adquirirla.
Reagan dispuso que se acataran todas las otras secciones de la Convención, que eran esencialmente una compilación y codificación del derecho del mar existente.
En 1994, las cláusulas referidas al fondo del océano fueron modificadas para ajustarlas a las objeciones de Estados Unidos. Los gobiernos de los presidentes Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush apoyaron su ratificación, aunque Bush mantuvo silencio al respecto hasta mayo último.
"Unirnos a este tratado servirá a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, incluida la movilidad por mar de nuestras fuerzas armadas, y garantizará nuestra soberanía sobre extensas áreas marinas y los valiosos recursos naturales que contienen", afirmó en una breve declaración.
Desde que la Convención fue aprobada por la ONU ha sido ratificada por 154 países, entre ellos los más estrechos aliados de Washington.
Las fuerzas armadas estadounidenses, y en especial la Armada, han manifestado desde hace mucho tiempo su apoyo a la Convención por las garantías que ofrece a los derechos de navegación de buques en misiones militares.
Las compañías mineras y de energía que se oponían al tratado también han modificado su posición.
Las recientes reclamaciones de Canadá, Dinamarca y Rusia —firmantes de la Convención— sobre zonas del Ártico añadieron presión sobre los militares y las compañías deseosas de explotar los recursos de la región. Ahora reclaman su ratificación para regular esos intereses contradictorios.
"Estados Unidos afrontará crecientes costos económicos y de seguridad nacional si continúa al margen" de la Convención, dijo este martes el senador Richard Lugar, un viejo defensor de la necesidad de su ratificación.
"Si no lo hacemos, permitiremos que las decisiones que afectarán a nuestra Armada, nuestros operadores navieros, nuestras industrias extraterritoriales y otros intereses marítimos sean tomadas sin participación de Estados Unidos", agregó.
Lugar advirtió que "nuestra capacidad para reclamar derechos exclusivos sobre nuestra extensa plataforma continental se verá peligrosamente limitada. También tendremos que confiar en otras naciones para oponerse a excesivas reclamaciones en el Ártico por parte de Rusia y quizás otros países".
Sin embargo, los críticos del ala más derechista han montado una intensa campaña contra la ratificación. Insisten que será un paso decisivo hacia "el gobierno global", la renuncia a la soberanía nacional y que pondrá grilletes al poder militar de Estados Unidos.
"Nuestra influencia en el mundo deriva de nuestro poder económico y muy especialmente nuestro poder naval", dijo Frank Gaffney, presidente del Centro para una Política de Seguridad, de extrema derecha.
"Y no se me ocurre cómo vamos a aumentarlos siendo parte de un tratado que impone estas restricciones y subordina nuestra soberanía y poder de decisión a entidades multilaterales", agregó el neoconservador Gaffney.
Los enemigos de este instrumento argumentan que el poder militar sin paralelo de Estados Unidos es suficiente para hacer cumplir cualquier aspecto sobre el uso del mar que Washington desee hacer valer.
En consecuencia, someterse voluntariamente a instancias multilaterales —como el Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar, con sede en Hamburgo— a las que suponen dominadas por extranjeros hostiles sería una traición a la democracia y la soberanía nacional.
"Si se aprueba la ratificación, las decisiones quedarán en manos de tribunales extranjeros, no de líderes Americanos elegidos por el voto", según John Fonte, del neoconservador Instituto Hudson.
"En un nivel más profundo, la batalla sobre el derecho del mar es otra ronda de lo que promete ser un conflicto centenario acerca del significado del proceso democrático de toma de decisiones, entre las fuerzas del autogobierno Americano y los partidarios de la 'gobernanza global', los llamados 'progresistas transnacionales'", agregó.
Uno de esos "progresistas transnacionales", el vicepresidente ejecutivo de Ciudadanos para las Soluciones Globales, Don Kraus, destacó que la coalición de intereses que apoyan la ratificación —las empresas, los militares, grupos pacifistas y ambientales, el gobierno de Bush— es de una magnitud pocas veces vista en Washington.
"La amplitud de esta alianza de 'extrañas parejas' ilustra qué alejados están los opositores a la ratificación de la corriente dominante", concluyó.
