El director de la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, I.A. Rehman, está entre aquellos que consideran que este país está efectivamente bajo una ley marcial y que la situación es muy grave desde que el presidente Pervez Musharraf declaró estado de emergencia el 3 de este mes.
IPS entrevistó al activista —quien regresó a su casa en Lahore tras pasar tres días bajo arresto— para conocer de primera mano la situación en Pakistán, país considerado aliado clave de Estados Unidos en su "guerra contra el terrorismo".
—¿Cómo ve la imposición del estado de emergencia en Pakistán?
—Vea, esto no es emergencia. Esto es una ley marcial porque Pervez Musharraf suspendió la Constitución, aunque la emergencia puede ser adoptada en el marco de la Constitución. La carta magna le provee de tres opciones al gobierno: puede suspender los derechos fundamentales de las personas, puede extender los períodos de las asambleas legislativas y finalmente puede adoptar leyes para las provincias.
Aunque la emergencia no puede ser impuesta por el Estado Mayor del Ejército, las órdenes que Musharraf adoptó en realidad provinieron de aquel. El mandatario también promulgó la Orden Constitucional Provisional y bajo esta puede adoptar cualquier ley.
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—Pero Musharraf anunció que se realizarán elecciones generales antes del 9 de enero de 2008, y sus partidarios sostienen que la emergencia es buena para la democracia en Pakistán.
—Toda la transición a la democracia carece de sentido bajo el estado de emergencia. Ni siquiera las elecciones traerán algo al país en las presentes circunstancias. En mi opinión, la emergencia hizo que la autocracia sea más autocrática. Es verdad que antes de la declaración del estado de emergencia Musharraf ya gobernaba el país según su antojo, pero ahora todos los poderes han quedado en sus manos. Es el único encargado de decidir.
—¿Cómo ve la situación de derechos humanos en Pakistán tras la declaración del estado de emergencia?
—La promulgación de la emergencia en sí misma es una gran violación a los derechos humanos. Es un derecho humano básico ser gobernado por representantes electos, pero la emergencia priva a las personas de esto. Sólo hay que ver lo que pasa en las calles todos los días. La policía golpea a la gente sin piedad, arresta a abogados, líderes políticos y activistas por los derechos humanos sin ninguna razón. Por tanto, la situación de derechos humanos en Pakistán en este momento es muy grave.
—¿Por qué el gobierno está arrestando a activistas de derechos humanos?
—No hay ninguna justificación. Es posible que el gobierno les tenga miedo porque sabe que los partidos políticos han perdido hasta cierto punto su credibilidad, mientras que los activistas todavía tienen un crédito considerable entre las masas, y si condenan el estado de emergencia la gente común sin duda seguirá su postura y comenzará a protestar.
—La Ley del Ejército de Pakistán de 1952 fue enmendada para darle más poder a los militares para que arresten, investiguen y lleven a juicio a civiles ante tribunales militares, si aquellos son acusados de delitos contra la defensa, la seguridad o las fuerzas armadas.
—Esta enmienda va completamente en contra de los derechos humanos. Es el derecho básico de cada individuo un debido proceso legal. Uno tiene derecho a asesoramiento, defensa y apelación, pero esta ley no garantiza nada de esto. Ante una decisión de un tribunal militar uno sólo puede apelar ante el jefe del Ejército, y nada más. Si el jefe del Ejército rechaza la apelación, uno no puede ir a ningún lado.
—Se dice que la emergencia está dirigida principalmente contra el sistema judicial y la prensa.
—Eso bastante cierto. Cuando Musharraf se reunió con diplomáticos extranjeros luego de la declaración del estado de emergencia no habló sobre los partidos políticos, sino sobre el sistema judicial. Todas las leyes marciales adoptadas por regímenes en Pakistán fueron dirigidas contra los partidos políticos, pero esta es contra los jueces y los medios.
Hemos tenido muchas leyes marciales, pero esta es la primera vez que las personas han sido privadas de su derecho a informarse. El régimen no sólo ha prohibido a los operadores de cable que emitan canales de noticias, sino que además prohibió la venta de antenas para televisión abierta.
—Entonces, ¿usted cree que el sistema judicial y los medios son los que más sufren de esta emergencia?
—Las verdaderas víctimas de este golpe son los habitantes de Pakistán. Cuando se discrimina al sistema judicial y se amordaza a la prensa ambos sufren, pero las principales víctimas son las personas. Si no tienen un buen gobierno, sufren. No hay democracia sin justicia. Y cuando la prensa es atacada, las personas no pueden formar su propia opinión porque no tienen la suficiente información. Esta es una forma de detener el proceso democrático. Por lo tanto, la democracia es el verdadero objetivo de estas medidas.
