La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pondrá a prueba, el mes próximo, la política gubernamental de mantener prisioneros de la «guerra contra el terrorismo» sin acusación judicial en la base naval de Guantánamo, Cuba.
El 5 de diciembre, los nueve miembros del máximo tribunal podrán dejar sin sustento legal o afianzar la política de detenciones de supuestos terroristas por parte del gobierno de George W. Bush.
Los jueces escucharán los argumentos orales de los abogados en los casos Boumedien vs. Bush y Al-Odah vs. Estados Unidos. Boumedien y Al-Odah están detenidos en Guantánamo desde 2002, sin que se los sometiera a proceso ni se presentaran cargos contra ellos.
Los dos son nacidos en Argelia y fueron arrestados en 2001 en Bosnia, el país del que son ciudadanos, a pedido de la Embajada de Estados Unidos en ese país. La solicitud no aportaba evidencia alguna, pero mencionaba el posible participación de ambos en un plan para atacar la sede diplomática.
Tras una exhaustiva investigación que no encontró ninguna justificación para los arrestos, la Corte Suprema de Bosnia ordenó la liberación de ambos, pero fueron detenidos nuevamente en forma inmediata y enviados a Guantánamo.
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Los casos de Al-Odah y Boumedien han estado desde entonces pasando de un tribunal estadounidense a otro. Tras una serie de fallos adversos, los dos hombres decidieron este año apelar ante la Corte Suprema.
En abril, el máximo tribunal se negó a considerar el caso, pero dos meses después —en una inusual acción que sólo se vio tres veces desde el nacimiento de Estados Unidos— la Corte revocó su propia decisión y aceptó revisar ambos casos.
Será, además, la tercera ocasión en que los jueces se pronuncien sobre los derechos de los detenidos en Guantánamo.
El fondo de la cuestión consiste en determinar si la Ley de Comisiones Militares, aprobada apresuradamente por el Congreso legislativo y firmada por Bush en 2006, viola la Constitución al negar a los tribunales civiles la facultad de tratar peticiones de hábeas corpus de los prisioneros en Guantánamo.
El gobierno alegará que la ley provee "un sustituto perfectamente adecuado del hábeas corpus en el actual contexto extraordinario de tiempo de guerra".
El instrumento del hábeas corpus es una de las principales garantías a la libertad individual contempladas por la Constitución estadounidense y se remonta a la Carta Magna inglesa de 1215.
Este instituto jurídico resguarda derechos humanos fundamentales, como la protección contra la desaparición forzosa, la detención secreta o arbitraria, la tortura y tratamiento inhumano. También consagra el derecho a un juicio justo a cargo de un tribunal independiente establecido por ley.
Varios presidentes de Estados Unidos suspendieron la vigencia del hábeas corpus, entre ellos Abraham Lincoln durante la Guerra de Secesión (1861-1865). Pero siempre fue restablecida por el Poder Judicial.
También está en discusión la legalidad de los llamados Tribunales de Revisión del Estatus de Combatiente (CSRT, por sus siglas en inglés), establecidos para determinar si los prisioneros de Guantánamo habían sido "correctamente detenidos" como "combatientes enemigos".
Los CSRT fueron autorizados en 2004 por el entonces subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, unos dos años y medio después de que los primeros prisioneros llegaran a Guantánamo.
Están integrados por tres oficiales militares, quienes para llegar a una conclusión pueden considerar cualquier clase de información: secreta, rumores o confesiones obtenidas con empleo de la tortura.
El detenido, a miles de kilómetros de distancia de su casa o del campo de batalla, y virtualmente aislado del mundo exterior, no tiene acceso a un abogado o a la evidencia empleada en su contra.
Quienes cuestionan este sistema señalan que existe una presunción a favor de la información que presenta el gobierno.
"El actual sistema de tribunales legales sugiere la inexistencia de revisión independiente, la ausencia de asistencia legal, el uso de evidencia secreta que podría haber sido obtenida a través de métodos ilegales como la tortura y la falta de mecanismos adecuados para que el acusado pueda refutar el caso del gobierno contra él", dijo a IPS Mary Shaw, de la filial estadounidense de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Los CSRT fueron establecidos luego de una de las mayores derrotas legales de este gobierno. En 2004, en el caso conocido como Rasul vs. Bush, la Corte Suprema dictaminó que los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción para considerar pedidos de hábeas corpus a favor de prisioneros de Guantánamo..
Brian J. Foley, profesor visitante asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Drexel, señaló a IPS que el único propósito de los CSRT "es expandir el poder del Ejecutivo".
"Lo único que hacen es poner el sello de aprobación a decisiones ya tomadas por el gobierno respecto de la detención e interrogación de sospechosos. Hacen que sea prácticamente imposible que un prisionero demuestre que no es un 'combatiente enemigo'", agregó.
La política de detenciones del gobierno ya ha sufrido otros reveses legales. El más importante fue el caso Hamdan vs. Rumsfeld.
En 2004, Salim Ahmed Hamdan, ex chofer del líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, presentó un pedido de hábeas corpus en un tribunal estadounidense y finalmente, en 2005, la Corte Suprema se pronunció a su favor.
Como consecuencia de estos traspiés judiciales del gobierno, ninguno de los más de 300 prisioneros que aún permanecen en Guantánamo tuvo acceso a un tribunal civil para la revisión de su caso.
Asimismo, ninguno de los más de 400 liberados o enviados a una prisión en sus países de origen fue transferido por una orden judicial.
Tampoco hubo juicios. Sólo una única "condena", basada sobre la admisión de culpabilidad de un prisionero australiano que fue rápidamente enviado de vuelta a su país.
La actuación de los CSRT también fue severamente criticada por un oficial de reserva del ejército que integró uno de esos paneles.
El teniente coronel Stephen Abraham afirmó que los procedimientos son muy defectuosos, que se utilizan evidencias imprecisas preparadas por personal poco entrenado y que se actúa bajo presión de la cadena de mando militar.
Muchos abogados y activistas por los derechos humanos consideran que la próxima decisión de la Corte Suprema podría ser el primer paso para restaurar uno de los principios fundacionales de la nación: la vigencia de la ley, y la igualdad ante ella, incluso para quienes podrían buscar la destrucción de Estados Unidos.
"Si nuestras detenciones de combatientes enemigos van a ser alguna vez aceptadas como legítimas por el resto del mundo, tenemos que ajustarnos a principios básicos como el debido proceso y una fundamental equidad", dijo a IPS David Cole, del Centro Legal de la Universidad de Georgetown.
"Hasta el momento, hemos fracasado", agregó.
La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, Marjorie Cohn, afirmó por su parte que la Corte Suprema debería "determinar que la revisión judicial de las decisiones de los CSRT no provee un sustituto adecuado al recurso constitucional del hábeas corpus".
