En los años 80, Canadá fue un poderoso motor de la conciencia ambiental del mundo. Hoy está rezagado en casi todo lo relativo al desarrollo sustentable.
El autor principal del histórico Informe Bruntland de 1987, titulado «Nuestro futuro común», fue el canadiense Jim MacNeill. La primera reunión de científicos y líderes políticos internacionales sobre cambio climático se celebró en Toronto en 1988.
El canadiense Maurice Strong organizó la primera Conferencia Mundial sobre el Ambiente en 1972 en Estocolmo, fue el primer director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y secretario general de la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Rio de Janeiro.
Pero desde entonces, Canadá no hizo casi nada en el ámbito interno. En la lista de los 30 países de mayores ingresos, ocupa el puesto 28 en materia de sustentabilidad ambiental, según un estudio canadiense independiente. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo ubicó en el lugar 27 de sus 30 países miembros en desempeño ambiental.
En los últimos 15 años todos los indicadores ecológicos canadienses decayeron, dijo David Runnalls, presidente del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable en la meridional ciudad canadiense de Winnipeg.
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Runnalls trabaja desde hace 30 años para entidades gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo, como el Pnuma y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
«El desarrollo sustentable está vivo y activo en Europa, pero no en América del Norte», dijo Runnalls a este periodista en una conferencia que rastreó los esfuerzos que ha hecho Canadá desde 1987 para crear riqueza preservando los recursos naturales y respetando los derechos sociales.
Los europeos hicieron del desarrollo sustentable parte de sus leyes y regulaciones; Canadá no. Al contrario, sucesivos gobiernos recortaron presupuestos ambientales y los ejecutivos de las empresas perdieron interés en la sustentabilidad, explicó.
«Uno no puede conseguir 15 minutos con un alto funcionario ambiental para hablar sobre desarrollo sustentable en Canadá», señaló Johanne Gelinas, ex comisionada de ambiente y desarrollo sustentable del gobierno canadiense.
Si hubo algún progreso, debe atribuirse a las presiones de organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre gobiernos e industrias. Hoy, el sector corporativo avanza y podría impulsar a las autoridades a formular políticas sustentables.
«Si grandes instituciones como el sector bancario de Canadá decidieran comprar papel de los proveedores del Consejo de Manejo Forestal (que certifica las buenas prácticas), tendría un impacto enorme», afirmó Gelinas.
«Noventa y nueve por ciento de los esfuerzos gubernamentales son para mantener todo como está», opinó Tim Sale, ex ministro de Salud en la meridional provincia de Manitoba.
«Los gobiernos actúan cuando perciben que hay una emergencia. Y el cambio climático no es visto como tal», sostuvo Sale. El público tampoco comprende asuntos como el recalentamiento global, agregó.
«Antes de que el Protocolo de Kyoto entrara en vigor (en 2005), sabíamos que no íbamos a intentar cumplir nuestras obligaciones internacionales», admitió David Anderson, ministro de Ambiente de Canadá entre 1999 y ese año.
El Protocolo obliga a Canadá a reducir seis por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero, respecto de las de 1990, entre 2008 y 2012. Pero ahora arroja a la atmósfera 34,5 por ciento más de gases que en 1990.
Había demasiada presión del sector energético, la industria pesada, la provincia petrolera de Alberta (en el sudoccidente) y el gobierno de Estados Unidos, justificó Anderson.
«Los medios no nos apoyaron y Estados Unidos quiso que fracasáramos», se quejó.
Ante la ausencia de liderazgo, la sociedad civil condujo el impulso hacia soluciones sustentables, dijo al ser entrevistado Robert Gibson, experto en ambiente y recursos de la Universidad de Waterloo.
Las ONG producen ideas y planes de acción que los gobiernos deberían apoyar, expresó.
Pero ocurre lo opuesto. Cuando la sociedad civil y las industrias minera y gasífera acordaron nuevas políticas ambientales y de justicia social, el gobierno federal se negó a adoptarlas, destacó Steward Elgie, profesor de leyes en la Universidad de Ottawa y director del Instituto del Ambiente.
El gobierno de Stephen Harper se opone a las regulaciones, señaló Elgie.
Las autoridades «consideran incluso retirar el aporte canadiense al Pnuma», dijo para este artículo.
Pese al papel clave de las ONG, éstas tienen muy pocos recursos. Los canadienses distan de ser generosos en sus donaciones y estiman que sus impuestos —en declinación en la última década— ya financian programas sociales y ambientales.
El público, las asociaciones profesionales y las ONG tienen que presionar a los gobiernos para que actúen y reformen nuestra sociedad para que pueda ser sustentable, dijo para este artículo James Meadowcroft, politólogo de la Universidad de Carleton.
En Gran Bretaña, estrellas pop, figuras de la televisión, héroes deportivos, empresarios y científicos impulsan acciones contra el cambio climático, agregó.
«En Canadá necesitamos hacer algo bien que muestre que estamos en el camino correcto, obtener alguna retroalimentación positiva y generar cierto impulso para afrontar este problema, grande y complejo, de la sustentabilidad», concluyó Meadowcroft.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 3 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
