Un enfrentamiento entre vecinos pobres y la policía que escoltaba grúas demoledoras de viviendas, se produjo este jueves en la localidad madrileña de Cañada Real, poniendo al descubierto una doble política para tratar a quienes edifican sin permiso legal.
La batalla campal entre policías, obreros municipales y pobladores se desarrolló en una zona con más de dos mil precarias viviendas habitadas sobre todo por inmigrantes, un barrio de chabolas, como se las llama en España, semejantes a las de las "villas miserias" de Argentina o las "favelas" de Brasil.
En el sector al que se dirigieron las grúas había 30 casas, pero sólo una fue derribada, por la resistencia de unos 300 vecinos que respondieron lanzando piedras, botellas y otros objetos. En el enfrentamiento resultaron heridos 23 policías y cuatro residentes.
El portavoz del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, dijo que la Cañada "parecía Palestina, una auténtica batalla campal", en la que "varios marroquíes portaban armas blancas e incluso le quitaron la pistola reglamentaria a un policía municipal".
Un comunicado de la CEP afirma que en la Cañada viven marroquíes y rumanos de la etnia romaní, con cientos de niños que no asisten a la escuela por decisión de sus padres, que los obligan a colaborar en el tráfico ilegal de heroína. Además, criticó a las autoridades públicas por no haber "realizado un plan de erradicación".
La casa derribada este lunes estaba habitada por el obrero marroquí Abdel Gaylan, su cónyuge y dos hijos pequeños. Gaylan, golpeado por la policía y detenido junto a su esposa Fátima, no dejaba de gritar "¡Viva España, viva (el rey) Juan Carlos!", mientras sufría fuertes dolores por los golpes recibidos en sus genitales.
Said, un niño no mayor de 12 o 13 años, comentó a IPS que por gritar "asesinos" a los policías, uno de ellos le pegó. "Yo le dije que soy menor y no podía pegarme, a lo que me gritó que me vaya a mi país y me golpeó con la porra", agregó.
No es la primera vez que este tipo de incidentes ocurren en la zona. El día 9, cuando aún no había concluido el mes sagrado musulmán del Ramadán, el Ayuntamiento madrileño gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, del derechista Partido Popular (PP), hizo derribar 40 viviendas, la mayoría ocupadas por trabajadores marroquíes.
Ruiz-Gallardón afirmó que se eliminarían todas las viviendas precarias en la capital y que "las familias serán realojadas". Pero a ninguna de las que viven en la Cañada Real se les notificó sobre un posible realojamiento.
Sebastián Mora, portavoz de la organización no gubernamental católica Cáritas, dijo a IPS que, asesorados por esa entidad humanitaria y por la Parroquia de Santo Domingo, 25 vecinos presentaron recursos judiciales contra los desalojos.
Mora —quien cree que entre los habitantes también hay narcotraficantes, "aunque sean minoría"— sostiene que el problema es complejo y requiere una solución social en la que participen el gobierno municipal, el comunitario y el nacional, así como los propios afectados y representantes de la sociedad civil. El miércoles se produjo otro hecho ilustrativo de la política de urbanización, en Villanueva de Gómez, un pueblo de 159 habitantes en Castilla y León, una de las 17 comunidades autónomas de España, y que está también gobernado por el PP.
Allí una empresa comenzó a construir tres campos de golf en una zona de alto valor ecológico en la que se talarán 7.000 pinos, que se sumarán a otros 6.500 cortados meses atrás, dentro de un programa para construir 7.500 viviendas, un club hípico y un hotel. El proyecto tiene el visto bueno del gobierno local y es criticado por organizaciones no gubernamentales.
Mientras, en las costas marinas españolas, miles y miles de edificaciones no cumplen con la legalidad, por estar ubicadas en playas, acantilados o marismas. Las erigidas antes de que se aprobase la Ley de Costas de 1988, tienen plazo hasta 2018 para ser derribadas y dejar libres los terrenos.
Pero las autoridades disponen de herramientas para legalizar irrupciones en zonas protegidas. Por ejemplo, Gabriel Amar, alcalde de Roquetas del Mar y presidente del PP de la sureña Almería, sobre la costa del mar Mediterráneo, recalificó en 1997 como urbanizables terrenos de una empresa propiedad de su esposa, un cuñado y dos socios suyos.
La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios de más de dos millones de euros (2,8 millones de dólares) a esa sociedad.
En la misma provincia, el alcalde socialista Joaquín García Fernández fue denunciado judicialmente por Ecologistas en Acción, acusado de firmar un convenio con uno de sus ex concejales cuadruplicando la zona urbanizable, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde.
Ese caso es investigado asimismo por la Unión Europea, pues podría violar las normas ambientales del bloque.
También en la costa del Mediterráneo, en la sureña ciudad de Marbella, el ex presidente del gobierno nacional, José María Aznar (1996-2004), compró en 2005 un ático de 265 metros cuadrados, en una de las zonas más lujosas de esa región, Guadalmina Baja, rodeada de campos de golf y muy cercana a la playa.
La urbanización donde está el ático es considerada ilegal, al igual que otras 30.000 viviendas de Marbella, pero sobre ninguna de ellas pende orden de demolición u otras sanciones.
