Un repentino alto a las ejecuciones en el meridional estado de Texas podría preparar el camino para una moratoria nacional en Estados Unidos, mientras se espera un fallo de la Suprema Corte sobre la legalidad del uso de un cóctel específico para la inyección letal.
Texas es el estado más activo del país en materia de pena de muerte.
El martes, el Tribunal de Apelaciones Penales estadual concedió un indulto temporal al asesino convicto Heliberto Chi, dándole al estado 30 días para justificar su ejecución.
Esto ocurrió cinco días después de que la Suprema Corte intervino para impedir la ejecución en Texas de Carlton Turner Jr., apenas horas antes de su prevista muerte por inyección letal, por matar a sus padres adoptivos. Al mismo tiempo, frenó la ejecución de Thomas Arthur en el sudoriental estado de Alabama.
"Es increíble ver que los tribunales de Texas sigan las normas nacionales", dijo Rick Halperin, presidente de la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte, explicando que esas sedes judiciales no tienen una historia de respetar lo establecido por la Suprema Corte.
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Las dos suspensiones ordenadas por la Suprema Corte fueron interpretadas por expertos legales como una señal para todos los estados de que ahora, antes de llevar a cabo cualquier ejecución, deberían esperar que el tribunal falle sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales en dos casos del oriental estado de Kentucky.
Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling Jr., ambos asesinos convictos que esperan su ejecución en Kentucky, apelaron a la Suprema alegando que los químicos usados en las inyecciones letales de su estado equivalían a un "castigo cruel", lo que constituye una violación a la octava enmienda de la Constitución.
El 25 de septiembre se anunció que el veredicto de la Suprema Corte en los dos casos sería emitido en algún momento del actual periodo de sesiones del tribunal, que se abrió formalmente el 1 de octubre. El fallo podría ser anunciado para junio de 2008.
Inmediatamente después de la decisión de la Suprema Corte de revisar los dos casos que tenían prevista la inyección letal, Texas ejecutó a Michael Richard, su recluso número 405 desde que la Suprema Corte reinstauró la pena de muerte en 1976.
Los abogados no pudieron presentar su apelación a tiempo para aprovechar la decisión de la Corte y Richard fue ejecutado esa misma noche. La decisión judicial llevó a que otros 10 estados frenaran las ejecuciones.
El gobierno federal de Estados Unidos y uno de los 38 estados que todavía implementan la pena de muerte usan la inyección letal.
La mayoría de los estados utilizan el mismo cóctel de tres drogas que se administra en Kentucky, el anestésico bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos, y cloruro de potasio, que hace que el corazón se detenga. El central Nebraska es el único estado que todavía utiliza la silla eléctrica.
La Suprema Corte no abordó la constitucionalidad del método de ejecución durante más de 100 años. Actualmente hay más de 3.500 personas esperando ser ejecutadas.
Los dos reclusos de los casos de Kentucky y muchos opositores a la pena de muerte alegan que si los fármacos que integran el cóctel no son administrados correctamente, el prisionero puede sufrir un dolor insoportable sin poder gritar antes de morir.
La actual oleada de actividad legal en torno al asunto de la inyección letal en Estados Unidos coincidió con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Es allí donde la Unión Europea (UE) pronto presentará una resolución para una moratoria mundial a las ejecuciones. Se requerirá una mayoría de dos tercios para que la moratoria sea aprobada.
Se espera que Estados Unidos se oponga fuertemente a esto. Pero ahora, con una moratoria no oficial aparentemente en práctica mientras la Suprema Corte se prepara para revisar la legalidad de las inyecciones letales, puede haber más silencio en la Asamblea General y fuera de ella, antes de la votación final.
Esto podría dejar a China, Iraq, Irán y Pakistán —responsables de la mayoría de las ejecuciones en el mundo— más aislados en el bando opuesto a la moratoria.
Los activistas contra la pena de muerte en Estados Unidos son cautos en cuanto a si la Suprema Corte terminará fallando que la ejecución por inyección letal es inconstitucional, temiendo que la actual moratoria no oficial pueda tener una vida corta.
"La Suprema Corte de Estados Unidos nunca determinó que las ejecuciones fueran inconstitucionales, y no es probable que esto sea diferente con la inyección letal", dijo Halperin a IPS.
"Ellos pueden hacerle ajustes a la inyección letal, pero la Suprema Corte de Estados Unidos es tan partidaria de la pena de muerte que es improbable que elimine (el castigo máximo). Puede haber una leve moratoria o demora en las ejecuciones", agregó.
Pero Halperin reconoció que, dada la alta proporción de ejecuciones en Texas —26 en lo que va del año— una moratoria ordenada por la Suprema Corte, seguida por la suspensión del propio estado de la ejecución de Chi, era "muy bienvenida".
"Texas es el eje, el campo de batalla. Es el peor lugar para matanzas judiciales en todo el mundo libre", dijo Halperin.
La actual reevaluación de las inyecciones letales, así como el inminente intento de conseguir que la Asamblea General de la ONU adopte una moratoria mundial, podría presionar a Estados Unidos para hacer lo mismo.
"Es un efecto bola de nieve", dijo a IPS Deborah Denno, profesora en la Escuela de Leyes de la Universidad Fordham, destacando que los recientes acontecimientos eran pasos que habían sucedido rápidamente, y que se estaba generando el impulso contra la abolición final de la pena de muerte en Estados Unidos.
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