La pobreza y el patíbulo tienen un vínculo casi siempre inextricable, tanto en países ricos como en los del Sur, según expertos y activistas consultados por la red de corresponsales de IPS.
"En sus 40 años de lucha contra la pena de muerte, Amnistía Internacional ha sido testigo constante de la relación" entre la pobreza y este castigo extremo", dijo a IPS el coordinador del equipo especializado en la cuestión de esta organización de derechos humanos, Piers Bannister.
La posición social, la riqueza y la raza fueron factores primordiales para determinar una condena, y no la gravedad del delito, según Amnistía.
"Prisión y pobreza están estrechamente vinculadas", dijo Mel James, director de políticas de la organización abolicionista Penal Reform International (PRI).
Muchos países carecen de los recursos técnicos para investigar crímenes graves adecuadamente y "asegurar que los inocentes no sean equivocadamente acusados", explicó.
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En China, el país más poblado del mundo, la cantidad de ejecuciones es un secreto de Estado, indicó la corresponsal de IPS en Beijing, Antoaneta Bezlova. Basada sobre registros públicos, Amnistía calculó que al menos 1.010 personas fueron ejecutadas en ese país en 2006.
El escritor Huan Jintin exhibe una muestra del vínculo entre pobreza y pena capital en el libro "Desde el pabellón de la muerte", que narra la historia de 22 condenados acusados de delitos menores.
"Bajo la ley china, deben pagar un precio muy alto por sus errores", anotó Huan. Más de 60 delitos, incluidos muchos de carácter no violento, son punibles con la pena de muerte.
En los pabellones de la muerte de Pakistán viven alrededor de 7.000 personas en el pabellón de la muerte, un tercio del total mundial estimado.
"Muchos de los presos en el pabellón de la muerte de Pakistán son inocentes o tuvieron juicios injustos", dijo un ex condenado el año pasado luego de una intensa campaña internacional, el británico Mirza Tahir Hussain, a la corresponsal de IPS Zofeen Ebrahim.
"La mayoría de los que terminan en el patíbulo proceden de familias pobres. Los más ricos e influyentes apelan a la coerción para obligar a la familia de las víctimas a ceder para salir del paso", agregó Hussain.
Incluso en Japón, una de las naciones más ricas del mundo, el vínculo entre pobreza y condena se percibe en el centenar de residentes del pabellón de la muerte que no pueden pagar su propio abogado y necesitan que el tribunal les designe uno, según la corresponsal de IPS Matsuko Murakami.
"La mayoría de los condenados no tienen más opción" que esa, dijo Akiko Takada, de la organización abolicionista Forum 90.
El abogado Charles Hector estimó, en declaraciones al corresponsal de IPS Baradan Kuppusamy, que 90 por ciento de los 300 residentes del pabellón de la muerte de Malasia son pobres.
Noventa y cinco por ciento de los 3.350 condenados que esperan la muerte en prisiones estadounidenses son pobres, según dijo Bryan Stevenson, director ejecutivo en Alabama de la no gubernamental Equal Justice Initiative, a Adrianne Appel, de IPS.
"Tenemos un problema serio. Nuestro sistema de justicia penal es muy sensible a la riqueza. Nuestro sistema te trata mejor si eres rico y culpable que si eres pobre e inocente", aifrmó Stevenson.
En los países árabes, todos aquellos arrestados por intento de cometer atentados suicidas desde 2003 "procedían de áreas pobres y vivían en condiciones difíciles", dijo a Abderrahim El Ouali, corresponsal de IPS en Medio Oriente, el dirigente Mostafa Hannaoui, del Partido por el Progreso y el Socialismo de Marruecos.
El director de PRI para Medio Oriente y África septentrional, Tahar Boumedra, dijo a IPS que el "diyat" — norma islámica por la cual el acusado puede pagar a la familia de la víctima a cambio de la libertad— puede usarse para discriminar a los pobres en casos en los que se prevé la pena capital.
"Esta práctica es común en Arabia Saudita, Yemen y otros países de la región con un sistema penal basado sobre la ley islámica", dijo Boumedra. "Los que no pueden pagar diyat sufren la pena de muerte."
Los inmigrantes de Asia y África en Arabia Saudita tienen grandes posibilidades de ser condenados a muerte cuando se los acusa de delitos para los que se prevé ese castigo, según Bannister.
"Sin familiaridad con el sistema penal, con frecuencia sin entender el lenguaje en que se los interroga y se los juzga, estos trabajadores son particularmente vulnerables a la pena capital. Casi la mitad de las ejecuciones en Arabia Saudita son de extranjeros", indicó el activista.
Pocos países de África subsahariana brindan asistencia adecuadamente financiada para la defensa de los pobres, según Marie-Dominique Parent, de PRI. Es completamente "ilusorio" pensar que los pobres, especialmente los de villas remotas, pueden pagarse un juicio, agregó.
En Malawi, por ejemplo, es "imposible" obtener cualquier tipo de asistencia legal significativa del Estado, aseguró Parent a IPS.
Casi todos los aproximadamente 600 condenados a muerte en Nigeria son pobres y carecen de adecuada asistencia legal, según activistas consultados por el corresponsal de IPS en ese país, Toye Olori.
El abogado Olawale Fapohunda, que trabaja en una organización que brinda asistencia judicial gratuita, dijo a Oloro que los condenados de Nigeria que pretenden apelar "carecen de representación legal" por la falta de un sistema financiado por el Estado.
El vínculo entre pobreza y pena de muerte es una de las razones que tornan más urgente la abolición de este castigo extremo.
"La igualdad ante la ley es un derecho universal", dijo Bannister. "De otro modo, siempre habrá alguien que será ejecutado no por un delito que cometió, sino porque es pobre."
