Durante más de dos decenios, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha desalentado a las naciones que pretenden desarrollar programas de reducción de daños y otros proyectos en materia de prevención del VIH/sida.
Críticos de la sociedad civil alegaron que la posición de la JIFE se basa sobre preconceptos respecto de la drogadicción, según los cuales se trata de un fenómeno puramente penal, sin tomar en cuenta los factores de salud y de derechos humanos.
La reducción de daños es un enfoque médico verificado científicamente por el cual los adictos deben ser tratados donde ellos están, sin concentrarse en la receta de la abstinencia. El objetivo es reducir el impacto negativo del vicio, tanto para el individuo como para la comunidad.
Los programas de canje de jeringas usadas por nuevas, por ejemplo, comenzaron en América del Norte y Europa para frenar la propagación de enfermedades infecciosas, reduciendo la práctica de compartir las agujas, común entre drogadictos.
Los activistas de la sociedad civil acuñaron la consigna "Los muertos no se desintoxican".
[related_articles]
La JIFE, según su propio sitio web, "es el organismo independiente y cuasi judicial de control para la implementación de las convenciones internacionales de control de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue establecida en 1968 de acuerdo con la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961. Tuvo predecesores bajo los tratados anteriores de control de drogas, de la época de la Liga de las Naciones".
La posición de la JIFE respecto de la reducción de daños parece contradecir la posición de agencias de la ONU como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (Onusida), la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso ciertas convenciones sobre derechos humanos, según críticos de la sociedad civil.
En 2002, la JIFE pidió a la sección de Asuntos Legales del Programa Internacional de Control de Drogas de la ONU que evaluara si las políticas de reducción de daños estaban o no de acuerdo con las convenciones internacionales sobre estupefacientes.
La revisión terminó dándole la razón a esas políticas, por su aporte a la solución de problemas sanitarios y sociales. El establecimiento de centros de consumo seguro de drogas intravenosas se consolidó como una intervención viable en materia de salud.
"Sería difícil afirmar que la intención de los estados que establecen salas de inyección de drogas sea, en realidad incitar o inducir al uso ilícito de drogas o, aún más, asociarse con, asistir, instigar o facilitar la posesión de drogas", indica la revisión..
"Por el contrario, parece claro que en esos casos la intervención de los gobiernos es brindar condiciones más saludables a quienes abusan de las drogas, reduciendo por lo tanto su riesgo de infectarse con graves enfermedades transmisibles y, por lo menos en algunos casos, llegar a ellos con orientación psicológica y otras opciones terapéuticas", agrega.
"Aunque esto pueda parecer insuficiente desde un punto de vista de reducción de la demanda, todavía estará lejos de ser un delito, como prevé la Convención de 1988", concluyeron.
En marzo de 2007, la JIFE formuló declaraciones públicas —ampliamente cubiertas por los medios canadienses— contra InSite, único centro de consumo seguro de drogas intravenosas, en el barrio de Downtown Eastside de la sudoccidental ciudad canadiense de Vancouver.
Este centro fue establecido luego que el recrudecimiento del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y de las muertes por sobredosis condujeron a una asesoría de Health Canada (ministerio de salud) en 1997.
El lugar, operado en conjunto por la Autoridad Costera de Salud de Vancouver (un órgano del Ministerio de Salud) y la organización civil Portland Hotel Society, abrió sus puertas en 2002 y recibió del gobierno federal un permiso de tres años para funcionar.
A comienzos de este mes, las autoridades le concedieron otra extensión de seis meses, pero no está claro qué ocurrirá con InSite cuando eso expire, el próximo 30 de junio.
En InSite, las enfermeras proporcionan jeringas limpias y están alerta ante la posibilidad de sobredosis. Los usuarios traen sus propias drogas y pueden obtener pase a servicios de desintoxicación y rehabilitación si así lo solicitan.
A InSite asisten unos 800 usuarios por día. Según estudios académicos avalados por 20 científicos, el proyecto redujo el uso de drogas en público, la práctica de compartir agujas, el VIH/sida y las jeringas arrojadas en la vía pública.
Las muertes por sobredosis también disminuyeron en los cuatro años y medio que lleva operativo.
La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2010 se celebrará a 10 minutos a pie de InSite, por lo que su actividad volvió al centro de atención política.
En marzo, Zhu Li-Qin, jefe de Evaluación de la Convención Única sobre Estupefacientes de la JIFE, criticó al gobierno canadiense por "alentar el tráfico ilícito" al permitir que esa institución opere legalmente.
La JIFE ha estado fuertemente vinculada a la política conservadora de Estados Unidos en materia de narcóticos, que no reconoce la viabilidad de los programas de reducción de daños más allá de la distribución de jeringas limpias.
La intervención de la JIFE en el debate sobre las políticas de varias naciones agudizó las críticas de algunas organizaciones de de la sociedad civil.
La Red Legal Canadiense de VIH/Sida y el Programa de Salud Pública del Instituto Sociedad Abierta advirtieron en febrero que "el sistema de las Naciones Unidas en su totalidad está comprometido con reducir el VIH entre las personas que se inyectan drogas, para salvaguardar sus derechos humanos y para aumentar la responsabilidad y la participación de la sociedad civil".
"En este contexto, la JIFE es una anomalía: un organismo cerrado, responsable ante nadie, que se concentra en el control de drogas a expensas de la salud pública y que urge a los gobiernos a hacer lo mismo", indicaron esas organizaciones, en UN informe titulado "Closed to Reason: The International Narcotics Control Board and HIV/AIDS" ("Cerrado a la razón: La JIFE y el VIH/sida"),
El estudio también establece que la JIFE intentó silenciar a Stephen Lewis, enviado especial del secretario general de la ONU para el VIH/sida en África, luego que se refirió favorablemente a InSite en la Conferencia Internacional sobre la Reducción de Daños Relacionados con las Drogas, en 2006.
Según el informe, al día siguiente Lewis "recibió una indignada llamada telefónica de la secretaría de la JIFE y la promesa de que escribiría una carta al secretario general para urgirle a que lo censurara por apoyar las 'guaridas del opio'".
La entonces directora ejecutiva de la Red Legal Canadiense de VIH/Sida, Joanne Csete, señaló, también en febrero, que "casi una de cada tres infecciones con VIH fuera de África son entre personas que se inyectan drogas. La JIFE podría y debería jugar un rol clave para detener esta epidemia guiada por las inyecciones, pero no lo está haciendo".
Las reuniones de la JIFE también son cerradas al público y no hay actas disponibles. Los críticos alegan que ninguno de sus miembros tiene experiencia en salud, derecho internacional o derechos humanos.
"La preocupación en torno a la JIFE es que no está haciendo lo que debería. Es obstruccionista ante los gobiernos que intenten implementar políticas que, como ha quedado demostrado, funcionan y reducen los daños", dijo a IPS el actual director ejecutivo de la Red Legal, Richard Elliot.
"La JIFE no es equitativa y se concentra en el control de drogas, negándose a seguir enfoques basados sobre la evidencia. Es parte del problema, más que de la solución. Elige prescribir políticas fallidas en vez de considerar seriamente los enfoques de salud y derechos humanos que demostraron ser médicamente efectivos", agregó.
IPS realizó varios llamados a la JIFE, que no fueron devueltos.
Existen hoy centros de consumo seguro de drogas intravenosas en Alemania, Australia, Canadá, España, Holanda, Luxemburgo, Noruega y Suiza. Gran Bretaña y Portugal los están considerando seriamente.
* Am Johal apoya a Amigos de la Campaña de Insite.
