Por la cabeza de Félicien Kabuga se ofrece una recompensa de varios millones de dólares. Este magnate, encaramado al tope de la lista de fugitivos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, se las arregló durante años para escapar de la justicia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1995 este tribunal, conocido por sus siglas en inglés ICTR, en la septentrional localidad tanzania de Arusha.
Su objetivo es procesar a los perpetradores del genocidio de 1994 en Ruanda, país del centro de África en el que entre 800.000 y un millón de miembros de la minoría étnica tutsi y miembros moderados de la mayoritaria comunidad hutu fueron asesinados a lo largo de un centenar de días.
A Kabuga se le atribuye, en parte, la autoría intelectual del genocidio. Con su dinero, según esas versiones, se importó a gran escala azadas, machetes, palas y armas de fuego utilizadas para llevar a cabo las masacres.
Kabuga también era propietario de Radio Télévision Libre des Mille Collines (Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas), que fomentaba el odio a los tutsis, a quienes se refería como "cucarachas".
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Insistentes versiones aseguran que el magnate vive lujosamente en Kenia, protegido por ex altos funcionarios del gobierno del ex presidente Daniel Arap Moi (1978-2002).
El actual gobierno keniata, a cargo del presidente Mwai Kibaki, a menudo declaró su compromiso con el ICTR para ayudar de todos los modos posibles a ubicar a Kabuga, considerado también un mago del disfraz.
Otras versiones lo ubican en la región oriental de República Democrática del Congo, una vasta área sumida en la anarquía hacia donde huyeron muchos de los perpetradores del genocidio cuando las fuerzas insurgentes del hoy presidente Paul Kagame tomaron Kigali, la capital ruandesa.
Entre los asesinos figuran extremistas hutus que integraban las milicias Interahamwe, que significa "aquellos que salen adelante juntos".
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto de Kabuga.
Hasta hace poco, el ICTR buscaba a 18 fugitivos. Cuatro de ellos fueron detenidos en los últimos meses.
El portavoz del ICTR Tim Gallimore informó que Augustin Ngirabatware fue arrestado el 17 de septiembre por miembros alemanes del equipo de investigaciones del Tribunal.
Ngirabatware, ministro de Planeamiento del gobierno hutu en el poder cuando comenzó el genocidio, era accionista de la Radio Télévision Libre des Mille Collines. Su arresto fue el primero en Alemania de un fugitivo del ICTR.
A comienzos de octubre, Dominique Ntawukuriryayo —ex alto funcionario y yerno de Kabuga— fue arrestado en el sur de Francia. Esta detención "fue resultado de la cooperación entre la Policía Internacional (Interpol) y el gobierno francés", dijo Gallimore a IPS.
Otros dos acusados por el genocidio, Laurent Bucyibaruta y Wenceslas Munyeshyaka, fueron arrestados pero dejados en libertad vigilada por el ICTR dos veces este año, en parte por disputas sobre el tribunal donde deberían ser juzgados.
Munyeshyaka es un sacerdote católico que, según persistentes versiones, asesinó a numerosos tutsis en su iglesia. Bucyibaruta, otrora funcionario de alto rango en la meridional localidad ruandesa de Gikongoro, está acusado de incitación directa y pública a cometer genocidio.
No está claro si estos sospechosos viajarán a Arusha. Munyeshyaka y Bucybaruta, que viven en Francia desde hace una década, se presentarán ante un tribunal del país europeo el día 21, fecha en que sus casos serán reexaminados.
Los últimos arrestos son considerados un fuerte mensaje al resto de los fugitivos: las ruedas de la justicia están girando en el ICTR, aunque con lentitud.
Cuando faltan apenas 13 meses para el vencimiento del plazo establecido a fin de que los casos comiencen a procesarse en el Tribunal, ¿qué será en el año próximo de los sospechosos hoy arrestados? Ciertos juicios concluyeron en pocos meses, pero otros han insumido años.
¿Y qué ocurrirá con los que todavía estén fugitivos luego de 2008?
El fiscal principal del ICTR, Hassan Bubacar Jallow, dijo en junio ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Ruanda era el "principal destino posible" para quienes ya estaban en custodia del ICTR, así como para la mayoría de los fugitivos.
Kabuga es uno de los que no serán transferidos a Ruanda. Los otros son Protais Mpiranya, ex comandante de la guardia presidencial, Augustin Bizimana, ex ministro de Defensa, Callixte Nsabinamana, ex ministro de Asuntos Juveniles, Augustin Ngirabatware, ex ministro de Planeamiento, e Idelphonse Nizeyimana, ex oficial militar.
Estos hombres se enfrentarán a la justicia internacional porque se considera que tienen particular responsabilidad por las matanzas.
Si los fugitivos todavía están sueltos para fines de 2008, el tribunal "necesitará orientación del Consejo de Seguridad sobre cómo tratar sus casos. Las soluciones pueden incluir una extensión de la autoridad del ICTR más allá de 2008, o remitir los casos a juicios en otra jurisdicción nacional ", dijo Jallow.
Ruanda está ansiosa por juzgar casos del ICTR en su propio suelo. Pero durante mucho tiempo la comunidad internacional fue escéptica sobre la capacidad del país para manejar casos de tan alto perfil.
Ruanda ya tiene en sus cárceles a miles de sospechosos de genocidio que todavía deben ser juzgados, y las autoridades han recurrido a antiguos procedimientos tradicionales para aliviar la carga sobre el ya recargado sistema judicial regular.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, y temores de que los genocidas queden sin posibilidades de acceder a un juicio justo en un país hoy liderado por la minoría tutsis, que controló las riendas de Ruanda por la fuerza durante la mayor parte de la historia.
Otra preocupación era la posibilidad de que los genocidas fueran condenados a muerte, pero el gobierno abolió este año la pena capital.
Las autoridades también construyeron un nuevo centro de detenciones para alojar a quienes sean transferidas del ICTR. Además, el tribunal participa activamente en el entrenamiento del personal judicial ruandés, a fin de prepararlo para juicios por genocidio.
Los países africanos a los que se acercó el ICTR para solicitar la celebración de las audiencias en sus territorios no han mostrado disposición. Ciertos analistas alegan que gobiernos como los de Sudáfrica y Botswana son cautelosos a la hora de asumir casos que Ruanda se siente capaz de manejar por sí misma.
Los países europeos también se muestran reticentes a ofrecer sus servicios. Aunque Noruega fue investigada como posible sede de juicios futuros, las leyes del país no eran adecuadas para tratar casos de genocidio. Pero un caso fue transferido a Holanda, donde tiene su sede el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.
Según las estadísticas publicadas en el sitio web del ICTR, ya se completaron 27 casos desde que el tribunal comenzó a trabajar, y tres sospechosos fueron absueltos. Veintinueve casos están hoy en curso, mientras que nueve personas aguardan ser llevadas a juicio.
En un caso pionero, el ex alcalde de la comuna ruandesa de Taba, Jean Paul Akayesu, fue condenado a cadena perpetua en 1998 por varios cargos, algunos relacionados con violación y otras formas de violencia sexual.
Esto marcó la primera instancia en la que la violación fue reconocida y castigada como delito de genocidio por un tribunal internacional.
