Senadores opositores planean interrogar exhaustivamente al candidato del gobierno de Estados Unidos a fiscal general acerca de su posición sobre el empleo de la tortura, tras saberse que su antecesor, Alberto Gonzales, autorizó su aplicación.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el demócrata Patrick Leahy, dijo este viernes que los documentos al respecto, redactados en 2005 y publicados esta semana por el diario The New York Times, revelan la existencia de "un régimen secreto" instaurado por "la reinterpretación de la ley, hecha también en secreto".
Leahy y John Conyers, del gobernante Partido Republicano y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes (diputados), habían intentado sin éxito durante mucho tiempo obtener esos documentos.
Los papeles publicados por The New York Times fueron preparados por la oficina legal del Departamento de Justicia durante la gestión de como fiscal general de Gonzales, un aliado del presidente George W. Bush que debió renunciar a fines de agosto.
Gonzales asumió el cargo en 2005. Poco después, la oficina del consejero legal (el abogado del gobierno) encontró una laguna jurídica para proteger las técnicas de interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de posibles intentos de supervisión.
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Funcionarios del gobierno decidieron en privado que, si bien la Convención contra la Tortura impedía a la CIA emplear la tortura, la agencia no debía respetar necesariamente la prohibición a los tratos "crueles, inhumanos o degradantes".
Los métodos aprobados incluían lo que The New York Times describió como "aluvión" de "dolorosas" técnicas de abuso físico y psicológico.
Organizaciones de derechos humanos reclaman al Congreso legislativo un exhaustivo análisis de las opiniones del candidato propuesto por Bush para reemplazar a Gonzales, el ex juez federal Michael Mukasey.
Aunque de ideología conservadora, Mukasey se forjó una reputación de independencia de criterio frente al gobierno.
Las audiencias de confirmación en el Senado comenzarán el 17 de este mes.
"La Comisión de Justicia del Senado debería obtener un compromiso por parte del próximo fiscal general de que no aprobará a tapas cerradas los requerimientos de la Casa Blanca acerca de una pantalla legal para la tortura", dijo la directora de la organización no gubernamental Human Rights First, Elisa Massimino.
"Los legisladores deben ser claros y decir que no confirmarán a otro fiscal general que le diga al presidente que se puede violar la ley", señaló Joanne Mariner, directora del área de Terrorismo y Contraterrorismo de Human Rights Watch.
Esta organización con sede en Nueva York también reclama una investigación parlamentaria sobre el papel de Gonzales y otros funcionarios en el abuso de prisioneros.
En los últimos años, tanto el Departamento de Justicia como el Congreso legislativo intentaron definir qué métodos de interrogación son legales.
El "memo de la tortura", como se lo conoce ahora, fue redactado en agosto de 2002 por el entonces fiscal general asistente, John Yoo, quien defendió la legalidad de esa práctica y argumentó que se podía negar a los "combatientes enemigos" la protección de la Convención de Ginebra.
Cuando Yoo dejó su cargo en 2003, el nuevo consejero legal del Departamento de Justicia, Jack Goldsmith, no compartió sus puntos de vista y esa política fue formalmente abandonada en 2004.
Una nueva posición, que rechazaba abiertamente la tortura, fue entonces colocada en el sitio de Internet de esa oficina gubernamental.
En 2005, el senador republicano John McCain introdujo una enmienda al proyecto de ley de presupuesto para defensa que prohibía "el tratamiento cruel, inhumano o degradante de los detenidos".
Pero poco después de su aprobación, el Departamento de Justicia emitió otra opinión legal en la que sostuvo que las técnicas de la CIA no violaban esos principios.
Mientras la CIA mantenía a sospechosos de terrorismo en centros de detención secretos en Afganistán, Europa oriental y Tailandia, funcionarios de la agencia formularon el problema de la legalidad de los métodos empleados.
Cuando los abogados de la agencia de inteligencia recibieron ese planteo, el gobierno de Bush recurrió al Departamento de Justicia para que diera el visto bueno que la CIA necesitaba para continuar.
Las técnicas incluían mantener a los prisioneros desnudos durante horas en celdas a muy baja temperatura, golpes en la cabeza, privación del sueño, obligarlos a adoptar incómodas posturas corporales y el "submarino", en el que se sumerge la cabeza del detenido en agua casi hasta el punto de la asfixia.
Este método fue utilizado por la Inquisición en España, señalaron organizaciones de derechos humanos. También fue una práctica común de las dictaduras militares en América Latina.
Bush, sin embargo, defendió este viernes su aplicación en una conferencia de prensa. "Este gobierno no tortura personas. Nos apegamos a la ley estadounidense y a nuestras obligaciones internacionales", afirmó.
"El pueblo estadounidense espera de nosotros que obtengamos información, datos de inteligencia, para que podamos protegerlo. Ése es nuestro trabajo", agregó.
En julio, Bush firmó un decreto que permite aplicar técnicas de interrogación "perfeccionadas", aunque se ignora en qué consisten.
Asimismo, el presidente dijo que la información sobre esos métodos había sido revelada a los miembros "apropiados" del Congreso legislativo.
Sin embargo, algunos parlamentarios de peso declararon que nada se les había dicho al respecto y reclamaron copias de todas las opiniones legales sobre métodos de interrogación elaboradas por el Departamento de Justicia desde 2004.
En una carta al fiscal general interino, Peter Keisler, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, John D. Rockefeller IV, expresó que le resultaba "incomprensible" que el órgano parlamentario a cargo de supervisar los programas de detención e interrogación de la CIA "reciba más información de The New York Times que del Departamento de Justicia".
Según el diario, la CIA está nuevamente manteniendo a personas detenidas en prisiones secretas fuera del país, totalmente aisladas y con poca o ninguna supervisión.
"Este gobierno dijo con frecuencia que las reglas sobre los interrogatorios eran de alguna manera poco claras", señaló Massimino. "Las revelaciones sobre nuevos memorandos secretos del Departamento de Justicia nos muestran una vez más que lo que resulta poco claro es el compromiso del gobierno de mantenerlas."
"Este es el problema fundamental que se produce cuando se busca eludir la ley en lugar de interpretarla", indicó Jumana Musa, del área de derechos humanos y justicia internacional del capítulo estadounidense de Amnistía Internacional.
Muchos profesionales de la CIA ahora creen que esas técnicas extremas no son necesarias en los interrogatorios. Señalan que métodos mesurados y consistentes, con preguntas a cargo de agentes bien informados, son de igual eficacia.
En vísperas de la audiencia de confirmación del nuevo fiscal general, las organizaciones de derechos humanos ven una oportunidad para modificar el curso seguido por el gobierno.
"Luego de tres años de gestión de un fiscal general que dejó el peor legado respecto de las libertades civiles en la historia de nuestra nación, es hora de que la administración de Bush limpie su historial en lo que hace a la tortura", dijo Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
"Este episodio despreciable resalta la necesidad de una renovada supervisión y asunción de responsabilidades", concluyó esta organización, la más antigua de las dedicadas a los derechos humanos y cívicos en este país.
