La ONU pidió a Estados Unidos medidas para procesar a soldados de las fuerzas de la coalición internacional ocupante en Iraq y guardias privados de seguridad acusados de atentar contra civiles de ese país.
"El gobierno de Estados Unidos debe garantizar que los delitos cometidos por empleados de empresas privadas que operan en Iraq sean procesados por la justicia", indicó el jueves la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Iraq (Unami), en un informe de 37 páginas.
Se trata del décimoprimero de una serie de informes trimestrales sobre la situación de los derechos humanos en Iraq, que en esta ocasión exhorta a Estados Unidos a "investigar de inmediato, con rigor e imparcialidad todas las acusaciones creíbles de muertes" a manos de las fuerzas internacionales.
Las autoridades estadounidenses deben tomar "medidas apropiadas contra efectivos militares hallados culpables de usar la fuerza de forma excesiva e indiscriminada", aclaró Unami, que exhortó, además, a que "el inicio de las pesquisas y sus conclusiones sean divulgadas".
El informe también urge a las autoridades estadounidenses a investigar las recientes denuncias contra mercenarios, incluidos los que trabajan para la empresa Blackwater USA, a cuyos empleados se acusó en septiembre de matar a unos 10 civiles.
[related_articles]
Blackwater, criticada por recurrir en forma permanente a la violencia, tiene un contrato con el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos para, entre otras tareas, garantizar la seguridad de su embajador en Iraq, Ryan Crocker.
Unami coincide con la postura del Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de que "las empresas de seguridad privadas deben respetar el derecho humanitario internacional", que se refiere a la protección de la población civil en situaciones de conflicto y al trato de prisioneros de guerra.
El estatus legal de las miles de empresas privadas presentes en Iraq "no está claro", expresó la Unami.
Los empleados de esas empresas no son considerados funcionarios del gobierno estadounidense, pero la Autoridad Provisional de la Coalición emitió una orden en 2004 concediéndoles inmunidad legal dentro del sistema judicial iraquí y "en relación con sus actividades" y según sus contratos.
De todos modos, ciertas categorías de empleados privados están sujetos al Código Unificado de la Justicia Militar de Estados Unidos.
Unami urgió a Washington a investigar el supuesto asesinato de civiles a manos de empresas privadas que contrató y a crear mecanismos efectivos de responsabilidad, informó el jueves Marie Okabe, portavoz del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon.
El informe no incluye la cantidad de víctimas que la Unami solía incluir sobre la base de estadísticas oficiales, porque el gobierno de Iraq dejó de divulgar la información, apuntó la portavoz.
La ONU pedirá a las autoridades iraquíes que vuelva a brindar información detallada de víctimas que elabora el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Forense en Bagdad, informó Okabe.
La ONU critica en el informe al gobierno iraquí por "numerosas y serias" violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos extrajudiciales, torturas a detenidos, atropellos al estado de derecho, ineficacia judicial e irregularidades en los procesos.
La violencia que se vive en Iraq supone "un enorme desafío" para el gobierno, que trata de contener los atentados motivados por conflictos religiosos y por la actividad criminal, reconoce el documento.
El informe, además, menciona las 540 condenas a muerte que hubo en Iraq desde 2004. Ese año hubo 78, y se registraron 107 en 2005, 234 en 2006 y 121 hasta mayo de este año. De ese total, 107 fueron confirmadas en apelación hasta fines de abril.
Mientras la seguridad en Bagdad sigue en estado crítico, Unami urge al gobierno iraquí a tomar medidas adicionales para garantizar los mecanismos judiciales relativos a los sospechosos detenidos en el marco del actual Plan de Seguridad de la capital.
También exhorta en el informe a las autoridades de ese país a dar información acerca de la tortura en los centros de detención bajo su responsabilidad y en los que están a cargo del gobierno regional de Kurdistán.
La violencia y la inseguridad reinante en Iraq impidieron que Unami "evaluara en forma directa los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados y fuerzas de seguridad del gobierno", añade.
Unami aclara que en el informe no incluyó información suministrada bajo condiciones de absoluta reserva ni reveló nombres de informantes salvo en aquellos casos en que obtuvo autorización expresa.
Además, fueron descartadas numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos porque la Unami no pudo verificar la información por otros medios o porque los datos no eran consistentes con sus propios patrones de abusos, explica el estudio.
