El sigiloso cálculo político se impone entre los estrategas del oficialismo y de la oposición antes de declarar el cierre de la Asamblea Constituyente de Bolivia, bloqueada por la propuesta de traslado de las sedes del parlamento y del gobierno desde esta ciudad a Sucre.
Entre acusaciones mutuas por el fracaso de las deliberaciones de la Asamblea, instalada en agosto del año pasado, los 255 representantes no consiguieron avanzar en casi ninguno de los artículos propuestos y postergan las aspiraciones de cambio promovidas por los pueblos indígenas.
Durante el extenso periodo de deliberaciones, los partidos políticos sufrieron un lento deterioro y acumulan grandes pérdidas por el surgimiento de fuerzas sociales impulsadas por empresarios y terratenientes de la región oriental, que le ganan espacios a los asambleístas y legisladores.
Los sectores populares que respaldan al presidente izquierdista Evo Morales hasta ahora se mantienen cautelosos y ratifican su respaldo a la Asamblea, a la cual impulsaron desde las calles y rutas en busca de recuperar la explotación de los hidrocarburos y otros recursos naturales, las tierras fiscales en poder de grandes hacendados y el reconocimiento a las formas de gobierno y territorios indígenas.
Pero la crisis provocada por los partidos de derecha con el respaldo de empresarios y terratenientes, ante su propuesta de traslado de la sede del gobierno y del parlamento de La Paz a la capital de Bolivia, Sucre, se convirtió en el obstáculo insalvable que desató una pugna entre las dos regiones.
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Las dos posiciones aún se mantienen irreconciliables. Un cabildo realizado el 20 de julio en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, ratificó el rechazo al traslado y conminó a los asambleístas excluir el tema de la agenda de trabajo.
Un total de 170 representantes atendió la demanda paceña y retiró del plenario la consideración de la capitalidad plena, pero las organizaciones cívicas de Sucre consiguieron un fallo favorable de la justicia, que considera arbitraria la exclusión del tema.
En un clima encendido por las manifestaciones violentas de habitantes de Sucre, la directiva de la Asamblea Constituyente suspendió las sesiones plenarias de la Asamblea hasta el próximo lunes, pero la pausa no consiguió acercar a las partes y, por el contrario, los puntos de vista divergentes se fortalecieron.
Una Comisión Especial de Diálogo y Concertación, integrada por constituyentes de los departamentos de La Paz y de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, resolvió considerar la demanda de esa ciudad y aprobó el debate sobre el traslado del Ejecutivo y del Legislativo bajo la denominación de "asiento institucional de los poderes".
Pero otra comisión, esta vez de instituciones cívicas de La Paz, resolvió en la noche de la víspera rechazar el debate en la Asamblea Constituyente de la denominado Capitalidad Plena y anunció marchas y protestas que comenzarán el viernes próximo.
Con la piedra bloqueando la principal vía de salida, las fuerzas políticas, incluyendo al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ven cercanas las opciones de suspender las deliberaciones de la Asamblea de manera temporal o definitivamente.
Pero una clausura temprana afectaría directamente a tres asuntos fundamentales.
El presidente Morales se propone optar por la reelección para un nuevo mandato de cinco años, junto a sus aliados indígenas, y para ello necesita incorporar esa instancia en el texto constitucional, con el agregado de la ampliación del derecho al voto para los ciudadanos desde los 16 años.
Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, cuya ciudadanía en julio del pasado año votó mayoritariamente a favor de las autonomías, desean formalizar esa conquista en una declaración constitucional explícita, que reconozca una mayor descentralización política y administrativa.
Los impulsores de la Constituyente, los sectores indígenas, que se proclaman como postergados por la colonia española primero y luego por la república independiente, aspiran a obtener tierra para trabajar, territorio y el derecho a gobernarse.
"Los efectos serían lamentables para los pueblos indígenas que conquistamos la Asamblea. Nuestros derechos ahora reconocidos por una declaración de la Organización de las Naciones Unidas, quedarán nuevamente relegados", afirmó a IPS el constituyente de Alianza Social (AS), Pastor Arista.
De origen quechua-aymara, Arista representa a la Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí, y en su opinión, la clausura de las deliberaciones representará la continuidad de la exclusión indígena de las instituciones republicanas.
"Existe preocupación, decepción, zozobra y desencanto en la sociedad y estamos frente a una probable pérdida de imagen en las instituciones", expresó a IPS el asambleísta del opositor y derechista Poder Democrático y Social (Podemos), José Antonio Aruquipa.
"Perderíamos todos, perdería el pueblo boliviano", dice aún con el deseo firme de impulsar y salvar a la Constituyente.
Con los rasgos y la piel morena de los habitantes de un antiguo ayllu de la nación "Charcas K'ara K'ara", Arista habla de la Bolivia olvidada, sometida a vivir en pequeños espacios de tierra y con derechos restringidos en las instituciones gubernamentales.
Uno de los objetivos era abrir espacios específicos para los indígenas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, expresa el representante.
Los partidos políticos no interpretaron una realidad de la zona rural, donde sobreviven sólo dos niños de cada 10 nacidos vivos, y la falta de servicios de salud pública y electricidad. "Sólo se encaraman en el poder sin ver la realidad", afirma.
Se lamenta porque hoy nuevamente los partidos que representan a sectores con privilegios, están decidiendo el futuro de la Asamblea Constituyente y compara este cuadro con la fundación de Bolivia, en agosto de 1825, cuando los indígenas fueron excluidos.
Aruquipa tiene la esperanza de hallar una salida al problema de la capitalidad plena que traba a la Asamblea y dice tener la seguridad de que la voluntad democrática terminará imponiéndose.
