«Ustedes mismos mataron a mi papá», dijo indignada la niña campesina de 12 años, dio media vuelta y dejó al militar hablando solo. El hombre había entrado a su aislada casa rural, en el sur de Colombia, mientras el resto del pelotón esperaba afuera, y había preguntado por «el dueño».
Ocurrió en la última semana de septiembre y llenó de miedo a Martha Liliana González, la madre, de 35 años, que en ese momento estaba atendiendo a los animales en la pequeña granja de la familia, alejada de la casa.
"Como yo les dije que los voy a demandar, me da miedo que alguien me mate. No sé si volver a la finca", dijo González a IPS en Bogotá, donde asistió el miércoles a la presentación del informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia.
"Ustedes son muy atrevidos. A ustedes no les importa nada matarlo", le había dicho González a un oficial de apellido Arévalo, ella cree que de grado teniente, cuando aún creía que su marido estaba simplemente detenido por el ejército, el 13 de septiembre.
Porque "así lo hacen todas las veces que ellos van a las veredas (vecindarios rurales). Matan a un campesino y le ponen una granada, un 'changón' (escopeta rudimentaria) y una pistola, y dicen que es un guerrillero y ya, lo pasan como guerrillero, y así quedó, porque como nos da miedo hablar
", dijo a IPS.
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Arévalo grabó y tomó fotos de González cuando ella le reclamaba en esos términos por su esposo Sixto Guzmán, de 39 años, padre de los tres hijos de ambos, el mayor de 16.
"Aquí no hay nadie", le había dicho segundos antes el militar, que llegó a la zona en el sureño departamento del Caquetá el 12 de septiembre, con los batallones Cazadores y Las Diosas del Chairá.
El jueves 13 de septiembre fue la última vez que vieron a Guzmán con vida. Lo vio una vecina, también sacada de su casa por militares para que ambos les sirvieran de guías. A ella la soltaron al poco tiempo.
"Cuando ella miró (hacia) donde lo llevaban a él, lo tenían boca abajo, amarrado", contó González.
Después de tres días de arriesgada y desesperada búsqueda en la que participaron, con miedo, las comunidades de cuatro veredas del municipio de Puerto Rico, en Caquetá, Guzmán apareció en la morgue de Florencia, capital departamental.
"Lo tenían como N.N.", un cadáver sin identificación, "con nombres y sellos de que era de la vereda El Cóndor", corregimiento de Aguililla, del mismo municipio, relató su viuda.
Tenía colgado un papel que afirmaba que le habían encontrado dos "cartas de frecuencia", claves para comunicaciones de radio que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cambia semanalmente.
"Él no tenía nada. Eso se lo pusieron ellos", aseguró González.
Sólo el lunes 17 de septiembre a las cuatro de la tarde entregaron el cuerpo a su familia. Tenía "unos tres o cuatro tiros", dijo la mujer.
A Guzmán , al contrario de muchos otros campesinos muertos en ejecuciones extrajudiciales en Colombia, no le plantaron un fusil, y entregaron sus restos con ropas de civil, y no de camuflaje.
González cree que fue así porque ella advirtió a los militares que los demandaría.
Para al menos 955 campesinos como Guzmán , indígenas, líderes comunitarios y marginados, el aumento de efectivos militares desplegados en este país, de 150.000 en 2002 a 230.000 en la actualidad, no ha significado mayor seguridad.
Esa es la cifra de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre julio de 2002 y junio de este año que organizaciones de derechos humanos imputan a la fuerza pública.
En el mismo lapso, se registraron en Colombia 235 desapariciones forzadas con distinta autoría, según informa una amplia coalición humanitaria de 166 organizaciones, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que invitó a la Misión Internacional a visitar este país andino entre el 4 y el 10 de este mes.
En la longeva guerra colombiana, en la que además grupos paramilitares ultraderechistas y ligadas a capos del narcotráfico actúan en apoyo de la fuerza pública, ningún bando respeta el Derecho Internacional Humanitario, que se basa en el principio de distinción entre civiles y combatientes.
Pero el término "ejecución extrajudicial" se refiere únicamente a la aplicación de la pena de muerte, ilegal en este país, cometida por fuerzas estatales que omiten entregar a la justicia a los combatientes en estado de indefensión o a civiles sospechosos, para que sean juzgados y condenados.
Según el profesor Gustavo Moncayo, padre de un joven suboficial que cumplirá en diciembre 10 años en manos de las FARC como prisionero de guerra, les pagan "un millón y medio de pesos (unos 750 dólares) y 15 días de vacaciones a los soldados si traen guerrilleros muertos".
Moncayo se opone a que los militares, muchos de los cuales ingresan a la milicia por razones económicas, sean instigados "a convertirse en asesinos".
Un decreto de septiembre de 2002 señala a civiles que habitan en zonas bajo control guerrillero como uno de sus "principales soportes". La norma se basa en la idea de que la guerrilla se mimetiza dentro de la población, que oculta "sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones" y facilita el "abastecimiento" de los combatientes.
Según esa lógica, "había entonces que desanudar ese vínculo que podía tener la población civil con las guerrillas. A partir de ese momento empezaron a crecer las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales", dijo a IPS David Martínez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la CCEEU.
Quizá eso explique por qué en zonas de guerrilla la fuerza pública se comporta como un ejército de ocupación, según ha constatado IPS en diferentes recorridos por el interior del país.
Según el Ministerio de Defensa, desde que fue investido presidente Álvaro Uribe, en agosto de 2002, y septiembre del año pasado, habían sido abatidos "en combate" 8.104 "presuntos guerrilleros".
Entre julio de 2006 y junio de este año, fueron muertos 2.072 integrantes "de grupos armados ilegales", término que abarca a guerrilleros y paramilitares.
La Misión Internacional de Observación estuvo integrada por 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos, ciencias políticas y relaciones internacionales de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
Con apoyo de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión visitó 13 departamentos, escuchó testimonios como el de González e información sobre procesos judiciales referidos a 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Sus integrantes se entrevistaron con altos representantes del Estado y el gobierno colombianos, autoridades regionales y organizaciones sociales.
La Misión consignó ciertos "patrones" en las ejecuciones: captura irregular de la víctima en su hogar o lugar de trabajo y combates simulados, el levantamiento del cadáver es hecho por la fuerza pública, y se lo lleva muchas veces a municipios lejanos, donde es reportado uniformado y con armamento y otros equipos militares.
"No se preservan la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes", "se aprecia superficialidad en la práctica de necropsias" y "retardo injustificado en la certificación de defunción", según la Misión.
"Frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura" y "se inhuman como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas", constató.
La justicia penal militar se atribuye la competencia para investigar estos casos, a pesar de reiteradas sentencias de la Corte Constitucional que ordenan la investigación por parte de la Fiscalía General.
La Misión observó que, en muchos casos, la fiscalía no aborda activamente la investigación, no reclama su competencia o da muestras de "pasividad y dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos".
A González se le hará difícil obtener justicia por la muerte del padre de sus hijos. Porque, según la Misión, "se constatan dificultades procesales para el acceso de los familiares a los procedimientos de investigación judicial" y "existe un ambiente general de intimidación" contra ellos y los testigos.
La Misión mencionó "una situación de impunidad generalizada" y recomendó a la comunidad internacional "condicionar la ayuda militar al Estado colombiano a la finalización de las ejecuciones extrajudiciales".
