El hambre y la desolación cunden en los departamentos (provincias) de Concepción y San Pedro, norte de Paraguay, tras los incendios que consumieron más de un millón de hectáreas de cultivos y bosques y dejaron casi 50.000 familias damnificadas.
Los fuegos comenzaron casi dos meses atrás, y alcanzaron su peor momento a mediados de septiembre. Sigue vigente el estado de emergencia declarado por el gobierno y algunos de los más de cinco mil focos registrados se reavivaron esta semana.
Los pequeños campesinos e indígenas han sido los más afectados, y ahora sufren la falta de alimentos y de semillas para reactivar sus cultivos, una situación que podría prolongarse al menos por seis meses, según los técnicos.
La ayuda que envía la gubernamental Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) resulta insuficiente y ha dado lugar a protestas de organizaciones campesinas que reclaman más atención y culpan al gobierno por la reacción tardía ante lo que consideran una crisis humanitaria.
"Cuando se quema el cultivo, se quema la comida. Nos quedamos sin alimento y eso hace que la gente tenga hambre", dijo a IPS el secretario de la no gubernamental Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Luis Aguayo.
Esa organización efectuó la semana pasada bloqueos de rutas en los distritos de Horqueta y San Estanislao, a 400 y 350 kilómetros de Asunción respectivamente, en reclamo de asistencia.
Los campesinos critican además la desorganización en la distribución de los alimentos de primera necesidad, que llegan tarde y a cuentagotas.
"En nuestro país somos campeones en las actividades sin planificación, y esto se tiene que encaminar de manera seria, mediante las instituciones locales, con las gobernaciones y en coordinación con el instrumento de la comunidad, y eso es lo que no se hace", dijo Aguayo.
Varias organizaciones paraguayas e internacionales emprendieron campañas solidarias para recolectar alimentos, ropas y medicamentos para los damnificados.
La Iglesia Católica, junto a entidades sociales, lanzó la semana pasada la cruzada "Unidos contra el hambre", que busca asistir a las zonas más afectadas mediante donaciones.
La oficina en Paraguay de la Cruz Roja también anunció el envío de víveres, medicamentos y agua potable, mientras la organización no gubernamental española Intermón Oxfam exhortó a la comunidad internacional a comprometer ayuda humanitaria urgente para evitar una grave crisis alimentaria.
Pero toda la asistencia parece insuficiente ante el tamaño de la catástrofe y sus ramificaciones, que amenazan con extenderse por meses.
"El panorama es desolador. Lo que se debe es asegurar la entrega de alimentos por lo menos por tres a cuatro meses, porque cada vez se sentirá más el desastre y el hambre. La necesidad irá creciendo con el paso del tiempo", dijo a IPS el obispo católico de San Pedro, Adalberto Martínez.
San Pedro es uno de los departamentos más pobres de este país. Su gobernador, Jorge Céspedes, dijo que 80 por ciento de su territorio está quemado y calificó la situación de "crítica".
Las raciones de víveres que entrega el gobierno consisten en 50 kilogramos de alimentos, entre arroz, fríjoles, fideos, harina, aceite y yerba mate, "una canasta familiar bastante apreciable", a criterio del jefe de operaciones de la SEN, Aldo Zaldívar.
"Según el promedio de integrantes de cada familia, estimamos que los kits (paquetes) durarán unos 22 días. Para las familias campesinas es más fácil el acceso a la carne y leche. Sin embargo, en la zona urbana esto es lo que más nos cuesta", dijo a IPS el entrevistado.
También se propagan las enfermedades, sobre todo de origen respiratorio, causadas por la inhalación del humo de los fuegos.
"Hay escasa ayuda del Ministerio de Salud. Muchos de los puestos de salud están desabastecidos, y se dieron casos de intoxicación por humo y algunos problemas respiratorios en niños y ancianos. Se tiene que hacer un refuerzo de la atención médica, porque San Pedro es muy extenso, con poblaciones alejadas unas de otras, y el incendio afectó casi todos esos lugares", se quejó el obispo Martínez.
Otro problema es la falta de recursos financieros. Varios gobiernos extranjeros han enviado donaciones en dinero, que hasta ahora no pueden ser utilizadas por las trabas burocráticas que impone el sistema administrativo paraguayo.
Están a la espera de aprobación en el Congreso legislativo los fondos donados por Venezuela, un millón de dólares, la Corporación Andina de Fomento, 100.000 dólares, Corea del Sur, 100.000 dólares, y China, 100.000 dólares, además de 1,5 millones de euros (2,1 millones de dólares) cedidos por la Unión Europea.
"Si tuviéramos los medios, aunque tengamos una flota, (la ayuda) tampoco va a llegar rápido a la gente, porque los proveedores no tienen la capacidad de satisfacer los pedidos. En la medida en que los proveedores, a los que estamos presionando mucho, respondan, se llega a la gente", dijo a IPS el titular de la SEN, general retirado José Key Kanazawa.
"Los proveedores están desesperados porque no tenemos tantos víveres para hacer frente a tanta necesidad, y comprendemos perfectamente que todos necesitan y debemos asistirlos y estamos cumpliendo con ellos de manera continua", agregó.
La grave sequía que afecta al norte de Paraguay, que no ha experimentado lluvias importantes en los últimos cinco meses, el calor intenso, el viento y la quema de rastrojos y campos para preparar la siembra fueron los factores desencadenantes de la catástrofe.
Ocho personas murieron. El gobierno estima en 30 millones de dólares las pérdidas por la destrucción de cultivos y viviendas y la muerte de ganado en el peor incendio de la historia de este país.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Carlos Torres, dijo a IPS que nunca antes se vivió una emergencia nacional tan grave.
Los ganaderos persisten en una práctica arcaica, las quemas de campos para acabar con los pastizales y permitir que crezcan nuevos forrajes para los animales, lo que además de provocar la pérdida de nutrientes, puede constituirse en una trampa mortal cuando hay sequía y viento del norte, como en esta ocasión, dijo Torres.
El siniestro destruyó la vegetación autóctona y constituyó una catástrofe para la diversidad biológica de las zonas afectadas.
La Secretaría del Ambiente considera muy difícil evaluar con exactitud las pérdidas de recursos naturales, pero estima que la masa boscosa desaparecida tardará unos 30 años en recuperarse.
