Mientras una serie de problemas ambientales generados por la represa de Tres Gargantas causaron una inundación, las autoridades de China sopesan planes para reubicar a más de un millón de personas, a fin de evitar una catástrofe ecológica.
Rompiendo con una tradición propagandística de ensalzar las virtudes de la represa, a la que le gusta presentar como uno de los símbolos de su creciente poder, Beijing admitió públicamente el mes pasado que había «peligros ocultos» en el proyecto.
La represa, que creó una reserva de 640 kilómetros de largo, padece deslizamientos de tierra, generación de cienos y erosión. La acumulación de todos estos elementos podría dar lugar a un desastre ambiental si no se llega a una solución rápido, alertaron expertos.
Aunque este punto de vista fue mantenido por ambientalistas y observadores independientes durante años, Beijing acalló la oposición interna al proyecto, destacando la capacidad de la represa de controlar las inundaciones estacionales y generar energía hidroeléctrica.
Ahora la represa de Tres Gargantas produce suficiente electricidad cada año para reemplazar 50 millones de toneladas de carbón contaminante y reducir las emisiones de carbono de China en 100.000 toneladas.
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La estructura de 185 metros de altura sobre el río Yangtze —el mayor de Asia— terminó de erigirse en 2006 y toda la central quedaría terminada para 2009.
El mes pasado, los opositores al proyecto quedaron asombrados por el hecho de que Beijing reconociera sorpresivamente las fallas de la represa.
«Si no se toman medidas preventivas, el proyecto podría conducir a una catástrofe», admitieron expertos chinos a la agencia oficial de noticias Xinhua, en una conferencia convocada por el gobierno.
Mientras, el gobierno de Chongqing, en la región de la reserva, presentaba un proyecto para la reubicación masiva de 1,17 millones de personas del área de la represa.
Los planes de reubicación, revelados en el periódico 21st Century Economic Herald, exigen la reducción de la población de la reserva a fin de «salvaguardar ecológicamente el área de la represa y crear una importante barrera ecológica dentro de la cuenca del río Yangtze».
El reasentamiento, que los líderes locales quieren completar para 2020, situará el número total de desplazados por el proyecto de Tres Gargantas en 2,3 millones.
En vez de trasladar a la gente a otras tierras, cuesta arriba, la municipalidad de Chongqing, en la parte superior del río Yangtze, planea absorber en esa ciudad a los agricultores desarraigados y transformarlos en habitantes urbanos.
Al abandonar sus derechos sobre la tierra, los cultivadores reubicados serían habilitados a postularse a la seguridad social propia de los habitantes de las ciudades.
«Este segundo programa de reubicación integrará la transferencia de fuerza laboral rural en el proceso de urbanización e industrialización», dijo al periódico Miu Wei, funcionario de la Comisión de Desarrollo y Reforma de Chongqing.
Beijing aprobó el plan de reasentamiento, calificándolo como un paso de «gran importancia para la protección ambiental del área de la reserva de Tres Gargantas».
Pero el intento de presentar la reubicación como parte de un proceso de urbanización acelerada hizo que algunos observadores ambientales dudaran de los motivos que hay detrás de esto.
«La urbanización recibió el consentimiento del público, y nadie la ve como parte de la modernización de China. Sin embargo, el desarraigo de la tierra y la reubicación forzosa podría ser un asunto socialmente muy delicado», dijo uno de los expertos que habló a condición de no revelar su identidad, por temor a represalias en el tenso periodo previo al Congreso del Partido, que comenzará el día 15.
«Este segundo reasentamiento propuesto plantea más preguntas que respuestas», coincidió Grainne Ryder, director de políticas de Probe International, una organización de defensa ambiental con sede en Canadá, en un correo electrónico en respuesta a consultas de IPS.
«Detrás de esta lógica ambiental y de seguridad pública, podría haber más apropiaciones de tierra por parte de funcionarios del partido en las obras, por parte de funcionarios del gobierno y sus compinches, que quieren ‘desarrollar áreas rurales como destinos turísticos’, para su beneficio personal, sin ninguna relación con la protección ambiental», agregó.
Curiosamente, los planes de reasentamiento se revelaron poco después de que la municipalidad de Chongqing y Chengdu, la adyacente capital de la central provincia de Sichuan, recibieron el estatus de «nueva zona experimental especial», muy codiciado dentro del país.
Esta condición les permite beneficiarse de importantes fondos y políticas preferenciales.
Y, lo que tal vez sea más esencial en un país con escasos recursos de tierra como China, esto les dé más libertad para tomar decisiones sobre manejo de la tierra y planificación urbana.
Dado que la conversión de la tierra agrícola fue estrictamente regulada en los últimos años y Beijing llevó a cabo una ofensiva contra los infractores, sólo unos pocos controlaron ubicaciones como las zonas especiales, a las que se permitió legalmente una mayor libertad para expandirse.
Chengdu ya dio pasos tentativos en esta dirección. Hace poco reubicó a 33.000 campesinos, despejando la tierra que habitaban para construir lo que llamó un nuevo pueblo comercial-residencial «verde», La Montaña Oriental.
Chongqing también necesita más tierra y fondos, dado que lucha por hacer frente al legado de la represa de Tres Gargantas. Algunos consideran que la ciudad es el área de mayor expansión urbana del mundo. En China suele describírsela como una «aldea dentro de la ciudad».
Desde su elevación hace 10 años como cuarta municipalidad administrada centralmente en China creció de un modo fenomenal, absorbiendo a millones de pobres de las zonas rurales a un ritmo de dos millones de migrantes al año.
No obstante, el ritmo de urbanización sigue siendo bajo, y los líderes locales se preocupan por el aumento de los tugurios.
Chongqing tiene 31 millones de habitantes, 80 por ciento de los cuales todavía viven en áreas rurales. La integración social también se refleja en el muy dispar crecimiento del producto interno bruto. Aunque algunos de los 40 distritos administrativos de nivel de condado en Chongqing experimentan un auge, otros apenas se las arreglan para sobrevivir.
La construcción de la controvertida represa, que comenzó en 1993, involucró la reubicación forzada de 1,3 millones de personas, lo que fue muy criticado tanto dentro como fuera del país.
Esta primera tanda de agricultores, cuyos hogares resultaron inundados por el crecimiento de las aguas de la represa, fueron reasentados en la zona, transfiriéndolos a nuevos terrenos en sitios más elevados, o prometiéndoles puestos laborales en las cercanías del embalse.
Pero el proceso de reubicación estuvo plagado de problemas y se vio estropeado por escándalos de fraude y corrupción. En su último informe, de enero de este año, los auditores chinos dijeron creer que unos 37 millones de dólares habían procedido de fondos malversados, originalmente destinados a reasentar a habitantes del lugar desplazados por el proyecto.
Los desplazados pronto descubrieron que en el área de la represa había poca tierra sin usar y sólo unos pocos de los trabajos prometidos se materializaron, a medida que se disolvían cada vez más empresas industriales obsoletas de la región.
«Al final, más de un millón de personas terminaron deambulando por las regiones de la montaña y la colina, que ahora vemos creó un serio daño al ambiente y causó una grave erosión del suelo», dijo Zhang Xueliang, miembro de la Conferencia Popular Consultiva China en Chongqing, a los presentes en esa reunión, según citó el 21st Century Economic Herald.
«Nunca hubo una evaluación adecuada de la primera reubicación, el costo total para el pueblo y la economía. Sin un análisis honesto del reasentamiento hasta la fecha, los funcionarios de la zona están recomendando este segundo paso a oscuras, y probablemente provocarán más conflictos y malestar social», dijo Ryder.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
