Amnistía Internacional ha luchado desde su fundación por una abolición universal de la pena de muerte. En las próximas semanas, la Asamblea General de la ONU votará una resolución que llama a una moratoria mundial de las ejecuciones.
¿Cuán cerca estamos de poner fin a la pena capital? El activista a cargo de la campaña de Amnistía, Martin Macpherson, prefirió no hacer predicciones en entrevista con IPS, pero dejó en claro que la votación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) será un hito en la historia de lucha contra el castigo máximo.
IPS: —¿Por qué Amnistía quiere que la Asamblea General de la ONU adopte una resolución llamando a la abolición de la pena de muerte?
Martin Macpherson: —Amnistía se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, pues considera que es una violación al derecho a la vida y un castigo final cruel, inhumano y degradante. La pena de muerte legitima un irreversible acto de violencia por parte del Estado e inevitablemente sacrifica vidas inocentes. Amnistía por tanto demanda una abolición incondicional y mundial de la pena máxima.
Una resolución de la Asamblea General de la ONU llamando a una moratoria de las ejecuciones como un paso previo hacia la abolición sería un importante hito internacional en al campaña.
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—¿Por qué hay presión para esta resolución recién ahora?
—Un mundo libre de la pena de muerte es algo que está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Pero para lograr ese objetivo debe haber un fuerte liderazgo político y una estrategia bien elaborada para conseguir apoyo mundial. El año pasado se vio un renovado debate sobre la pena de muerte, motivado en parte por la ejecución del ex presidente iraquí Saddam Hussein.
Se ha llegado a un momento en que es posible adoptar una resolución en la Asamblea General de la ONU llamando a una moratoria de las ejecuciones.
Hasta ahora, 131 países abolieron la pena de muerte por ley o en la práctica. Sólo 25 naciones realizaron ejecuciones en 2006. Ese año, 91 por ciento de las ejecuciones conocidas ocurrieron en China, Irán, Iraq, Pakistán, Sudán y Estados Unidos. Las estadísticas de Amnistía también muestran una caída general en el número de ejecuciones. En 2006, hubo 1.591, contra 2.148 en 2005. Estas cifras demuestran que ahora es el momento de poner fin a la pena capital.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, apoyaron la tendencia en el derecho internacional y en la práctica nacional hacia la abolición de la pena de muerte.
—¿Ha tomado posición la Asamblea General respecto de la pena de muerte?
—Hasta la fecha, la Asamblea General no ha adoptado ninguna resolución que llame a una moratoria de las ejecuciones o a una abolición de la pena capital. Adoptó sí normas para limitar la aplicación de la pena y proteger los derechos de los sentenciados.
Una de las normas es el Segundo Protocolo Opcional para el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte. Hasta ahora, 61 estados ratificaron el Protocolo, y se añadirán ocho firmas. Amnistía cree que la Asamblea General debe ahora llamar a una moratoria como un paso hacia el objetivo final de la abolición.
—Los llamados para una resolución de la Asamblea General fracasaron en el pasado. ¿Por qué los esfuerzos podrían ser exitosos esta vez?
—Sí, hubo intentos frustrados en 1994 y en 1999. Pero, desde entonces, el número de países abolicionistas en la ley o en la práctica ha crecido. En una reunión de la Asamblea General en 2006, Finlandia, que entonces ejercía la presidencia rotativa de la Unión Europea, presentó una declaración apoyada por 95 estados que expresaba "profunda preocupación sobre la continua aplicación de la pena de muerte en el mundo". El texto instaba a los países que mantenían la pena capital a abolirla y, mientras tanto, declarar una moratoria de las ejecuciones.
La tendencia internacional es hacia la abolición. Pero se espera ahora una dura oposición de algunos estados que mantienen la pena de muerte y que buscarán derrotar la resolución arguyendo que no es un tema de derechos humanos sino una cuestión que cae directamente en la jurisdicción interna de cada país. Intentarán derrotar la resolución, por ejemplo, introduciendo "enmiendas de naufragio", como ocurrió en el pasado.
—¿Qué es una "enmienda de naufragio"?
—"Enmiendas de naufragio", a veces llamadas "enmiendas asesinas", son las que buscan socavar el propósito de una resolución. No son ni amistosas ni hechas de buena fe. Las "enmiendas de naufragio" en el pasado buscaban socavar el texto negando que la resolución sobre la pena de muerte sea un asunto de derechos humanos que competa a la comunidad internacional, e introduciendo un lenguaje que reafirma la soberanía de los estados para decidir sobre asuntos de justicia penal.
—¿De todas formas, seguramente depende de cada estado miembro de la ONU si decide aplicar la pena de muerte?
—La promoción y la protección de los derechos humanos es un asunto que compete a la comunidad internacional como un todo. No es solamente un tema de los estados individuales. Amnistía declaró su total e incondicional oposición a la pena de muerte, y consecuentemente la organización no acepta que los países tengan derecho a ejecutar personas en ninguna situación. Incluso los mejores sistemas judiciales son falibles, y personas inocentes invariablemente son condenadas a muerte. No hay sistemas judiciales perfectos.
—Los críticos podrían decir que esto es otro esfuerzo de los países ricos y de sus organizaciones no gubernamentales para imponer sus valores en las naciones en desarrollo. ¿Cómo respondería a esto?
—La oposición a la pena de muerte no es exclusiva de ninguna región, sistema político, religión, cultura o tradición en particular. Los estados que la abolieron se encuentran en todas las regiones y cruzan todas las fronteras religiosas. Además, el derecho humanitario internacional y los criterios sobre la pena capital fueron elaborados en organismos internacionales y regionales, incluyendo la Asamblea General de la ONU, y esas pautas reúnen a muy variadas experiencias y sistemas legales.
La actual iniciativa para aprobar una resolución sobre una moratoria es apoyada por países de todas las regiones.
—La última semana de este mes se inaugurará la nueva Asamblea General, la número 62. ¿Podemos esperar entonces que la iniciativa por la moratoria sea introducida para ser votada en las próximas semanas? ¿Qué se necesitará para que tenga éxito?
—Debe construir un fuerte apoyo en todas las regiones y debe estar cuidadosamente preparada para garantizar un resultado exitoso. Varios países que se oponen a una resolución de esta clase son muy influyentes y están determinados a derrotarla o distorsionarla con enmiendas. Con un liderazgo político fuerte y una bien pensada estrategia será posible lograr una resolución sobre una moratoria universal.
—¿La resolución que esperan que se apruebe logrará hacer alguna diferencia en los estados que actualmente ejecutan personas?
—Una resolución de la Asamblea General por sí misma no impedirá que un estado realice ejecuciones, ya que estas resoluciones no son vinculantes. De todas formas, un claro llamado del mayor organismo de la ONU tendría un peso moral y político considerable. Sería una herramienta muy valiosa para convencer a los estados más renuentes a adoptar una moratoria y un paso significativo hacia la abolición mundial. Para nosotros, en Amnistía, sería una herramienta muy importante en la campaña para la abolición global de la pena de muerte.
