Desde el asesinato de su hijo, en enero de 1982, Masaharu Harada, de 57 años, no solamente lidió con el trauma de la pérdida personal, sino también con una profunda indignación y odio hacia el perpetrador.
Pero todo cambió cuando tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos. "Decidí visitar al asesino en prisión para gritarle, diciéndole cuánto lo odiaba. Pero al ser confrontado con sus disculpas angustiadas, sentí que mi enojo se transformaba en una inexplicable tristeza por él. De repente, en ese momento, me invadió una sensación de alivio", dijo Harada a IPS.
Este cambio poderoso y duradero en sus sentimientos es lo que ahora Harada intenta transmitir al público japonés. Activistas contra la pena de muerte esperan que él ayude a suavizar lo que consideran una radicalización del apoyo al castigo máximo en un país conmocionado por recientes matanzas.
Harada es hoy un firme abolicionista. Esa visita a la cárcel en agosto de 1993 no le hizo cambiar de idea sobre la pena capital, pero su experiencia posterior fortaleció su convicción. El asesino condenado, Toshihiko Hasegawa, de 51 años, que se convirtió al cristianismo antes de ser ahorcado en 2001, le escribió contándole sobre la crueldad que soportó mientras esperaba ser ejecutado.
"Me enteré por Hasegawa cómo él esperó aislado, durante meses, ser llevado a la horca. Su familia tenía prohibido visitarlo. Mis pedidos de más reuniones fueron rechazados. Semejante trato es inhumano y no me hace sentir mejor", dijo.
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Harada, quien vive solo en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, inauguró en junio la oficina japonesa de Ocean, organización con sede en Estados Unidos que trabaja para reunir a víctimas de delitos con los perpetradores, con la esperanza de que ambos puedan moverse "más allá de los sentimientos de odio".
"La clase de trabajo que hace Ocean se necesita mucho en Japón, donde las reuniones entre familiares desconsolados y criminales son inusuales. Creemos que los encuentros cara a cara traerán transparencia al hermético sistema de pena de muerte de Japón", dijo Misako Yagishita, director de la campaña del capítulo japonés de Amnistía Internacional contra la pena máxima.
Los activistas que hablaron con familiares de prisioneros ejecutados obtuvieron un panorama escalofriante sobre cómo es la espera al cadalso en Japón.
A algunos de los reclusos se los deja languidecer durante décadas en ese estado de espera antes de ser ahorcados. Las ejecuciones se llevan a cabo de modo secreto. No hay una advertencia previa del día de la ejecución. A los prisioneros se les dice que serán ejecutados apenas unas horas antes. Los familiares, avergonzados, rara vez retiran los cadáveres.
Harada dijo apoyar ese sistema hasta que vivió su propia experiencia, creyendo en el tradicional punto de vista japonés según el cual los criminales deben ser aislados de la sociedad.
Otra voz que llama a un cambio de actitud hacia los asesinos convictos es Masami Hirayama, médico especialista en salud mental que durante mucho tiempo hizo campaña a favor de mejores derechos para quienes padecen enfermedades mentales. Hirayama también acusó al gobierno de no brindar tratamiento psicológico a los reclusos que esperan su ejecución. Esto equivale a negarles un juicio justo, sostuvo.
"Ordenar sentencias de muerte a estas personas sin darles un tratamiento médico apropiado está mal", dijo a IPS.
Se necesita más apoyo emocional tanto para los familiares de las víctimas como para los condenados, opinó.
Hirayama dirige la organización sin fines de lucro Grief Care Support, que brinda orientación psicológica y asesoramiento a esas personas. La falta de programas similares en Japón es una señal de ignorancia, sostuvo.
Muchos otros psiquiatras coinciden.
Como un claro ejemplo de criminal con un desorden mental citan a Shoko Asahara, líder de una secta sentenciado a muerte por ahorcamiento en 2004 por orquestar el ataque contra el subterráneo de Tokio en 1995. El mortal gas sarín que los miembros del culto liberaron en esa ocasión mató a 12 personas.
La defensa de Asahara apeló su sentencia de muerte alegando que sufría desórdenes mentales. Pero en agosto del año pasado, el tribunal designó a un psiquiatra que lo examinó y concluyó que podría estar fingiendo y estaba en condiciones de ser sometido a juicio.
La apelación fue rechazada por la Suprema Corte japonesa en septiembre de 2006. Otros varios líderes del culto también fueron sentenciados a muerte.
Los activistas contra la pena capital creen que este caso es la mayor barrera a la abolición en Japón. Una encuesta realizada en 2005 mostró que el apoyo a la sanción capital va en constante aumento. Por primera vez superó el techo de 80 por ciento, lo que supone un incremento de 23 puntos porcentuales desde 1975.
Desde entonces, los abolicionistas notaron una creciente simpatía pública por Hiroshi Motomura, de 31 años, que realiza campaña a favor de la pena de muerte. La esposa de Motomura fue violada y ella y su hija asesinadas en 1999.
Los activistas ven con preocupación una nueva ley que permitirá que víctimas de delitos testifiquen en tribunales contra los acusados. Muchos abogados creen que el testimonio emocional podría funcionar en contra de los demandados en casos capitales y que conduciría a más sentencias a muerte. La ley fue aprobada por el parlamento japonés en junio.
La designación del nuevo ministro de Justicia, Kunio Hatoyama, es un reflejo de la actual tendencia a favor de la pena capital, según activistas.
Hatoyama, abierto partidario de la pena de muerte, prometió una sociedad más segura y agresiva contra el delito.
Actualmente hay 103 prisioneros que esperan ser ejecutados, según la filial japonesa de Amnistía Internacional. En abril se realizaron tres ahorcamientos, seguidos por otros tres este agosto.
Japón y Estados Unidos son los dos únicos países del Norte industrializado que todavía implementan la pena de muerte.
