Ante la enorme presión que ejercen los grupos contrarios a la despenalización del aborto en Chile, organizaciones de mujeres llamaron a la presidenta Michelle Bachelet a cumplir por lo menos su compromiso de impulsar un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos.
La iniciativa legal, elaborada por organizaciones sociales y de mujeres, fue presentada al parlamento el 19 de octubre de 2000 por 10 diputados y diputadas de la coalición de centroizquierda que apoya a Bachelet, quien asumió la presidencia el 11 de marzo de 2006.
En su programa de gobierno, la mandataria se comprometió a reponer el proyecto en la agenda legislativa, que significa dotarlo de algún carácter de urgencia.
El texto reconoce los derechos de las personas a tener autonomía y control sobre su cuerpo y a decidir libremente sobre su sexualidad sin ser sometidas a ninguna forma de abuso, tortura, violencia o mutilación sexual.
También garantiza el derecho de las personas a decidir de manera libre si quieren o no quiere tener hijos, cuántos y cuándo, y a tener acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces.
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De igual forma, reconoce los derechos a acceder a información clara, comprensible y completa, y a contar con confidencialidad en los procedimientos de salud, entre otras materias.
Aunque no se manifiesta directamente sobre la despenalización del aborto, las organizaciones de mujeres plantean que el proyecto es un instrumento indispensable para avanzar en esa dirección.
"Desde 1991 se están presentando proyectos de ley a favor de ampliar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas en general en el país, entre las que se incluye el aborto, y sistemáticamente el parlamento se ha rehusado a discutirlos", dijo a IPS Gloria Maira, una de las coordinadoras de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
"Esto constituye una trasgresión del parlamento a lo que es su mandato constitucional", acotó la activista. La Red es parte de la llamada Articulación 28 de Septiembre, que reúne a 14 organizaciones de mujeres que abogan por la despenalización del aborto en Chile.
Este viernes, la Articulación realizará diversas actividades de información y sensibilización ciudadana en el centro de Santiago, con motivo de la celebración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, instituido en 1990 en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en Argentina.
Maira subrayó, durante un encuentro con la prensa realizado este miércoles, que la ley marco no tiene un compromiso explícito del gubernamental Servicio Nacional de la Mujer, cuya ministra pertenece al cogobernante partido Demócrata Cristiano (DC), que se ha manifestado públicamente en contra del aborto.
En agosto de 2006 se conformó el Frente Parlamentario por la Vida, que tiene como objeto rechazar "todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, de encarnizamiento terapéutico, mutilante, clonizante o que manipule la vida humana".
El grupo está integrado por 61 diputados, 14 de los cuales pertenecen a la coalición oficialista, la mayoría a la DC.
Las representantes de la Articulación resaltaron que Chile es uno de los cuatro países latinoamericanos y caribeños, además de Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Saint Martin (Antillas Holandesas), que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia.
Las activistas reconocen algunos avances en la gestión de Bachelet, como la elaboración de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, que establecieron la entrega gratuita de la píldora del día después en centros de salud públicos. Pero advierten falencias en información, capacitación del personal de salud y cobertura, producto de la negativa a entregar los fármacos por parte de algunos alcaldes de la oposición derechista.
En cuanto al aborto, las mujeres recordaron que varios comités de vigilancia de los instrumentos internacionales ratificados por Chile han recomendado al Estado que revise la legislación que penaliza esta práctica en toda circunstancia, entre ellos el Comité de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
En este país se realizan cerca de 160.000 abortos al año, según estimaciones no oficiales, y éstos son una de las principales causas de muerte materna, con una incidencia anual de 10 por ciento.
Según datos del Ministerio de Salud, en 1990 se registraron 36.885 hospitalizaciones por causas relacionadas con el aborto (espontáneo e inducido) en establecimientos de salud, cifra que bajó levemente a 33.172 en 2005.
"Cuando el gobierno dice 'el aborto no está en la agenda del gobierno', nosotras le respondemos 'conversémoslo, que se abra la agenda'", ya que la opinión pública se muestra cada vez más favorable a esta opción, dijo a IPS Rosa Ferrada, del no gubernamental Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena.
Una encuesta nacional a mujeres mayores de 18 años, realizada en diciembre de 2006 por la no gubernamental Corporación Humanas y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, halló que 75 por ciento de las consultadas estaban de acuerdo con el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, 71 por ciento cuando el embarazo es producto de una violación o incesto y 68 por ciento cuando el feto presenta problemas graves.
El aborto terapéutico —que se practica cuando el embarazo representa un grave riesgo para la vida y salud de la mujer— fue autorizado en Chile entre 1931 y 1989, año en que el entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió.
Las mujeres que se realizan abortos arriesgan penas de entre tres y cinco años de cárcel, al igual que el personal de salud a cargo de las intervenciones. En 2003 fueron condenadas 18 mujeres por aborto, seis en 2004 y cuatro en 2005.
"Nosotros vemos un doble discurso de parte del Estado: por una parte se denuncia, se detiene y se encarcela a las mujeres que se hacen un aborto clandestino, y por otra hay un grupo de mujeres que está siendo obligada a no tener hijos", señaló a IPS Sara Araya, encargada de género de la no gubernamental Vivo Positivo, también integrante de la Articulación 28 de Septiembre.
Araya se refiere a las mujeres viviendo con VIH/sida que han sufrido esterilizaciones sin su consentimiento luego de dar a luz. "Es una política de algunos servicios de salud públicos", acotó la activista. De 100 mujeres portadoras de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) entrevistadas por los autores de un estudio publicado en 2004 por Vivo Positivo, 31 por ciento habían sido esterilizadas sin su autorización y bajo presión, recordó.
El lunes, el Ministerio Público procesó por primera vez a un médico, Manuel Gatica, del Hospital Base de Curicó, por el delito de lesiones graves luego de que una joven con VIH lo acusara de practicarle una ligadura de sus trompas de Falopio sin su consentimiento en 2002.
Con la ayuda de Vivo Positivo, la mujer presentó en marzo de este año la denuncia en la ciudad de Curicó, región del Maule, 196 kilómetros al sur de Santiago. La justicia prohibió salir del país al médico que atendió su parto por cesárea, y estableció dos años para efectuar la investigación.
Según Gatica, la mujer dio su consentimiento durante la intervención quirúrgica, pero no existe ningún documento que avale su testimonio. El único hijo nacido no contrajo el VIH, gracias al tratamiento médico recibido durante el embarazo.
