En medio de crecientes versiones sobre una posible acción militar contra Irán, los sectores más conservadores del oficialismo estadounidense lograron el concurso de la mayoría de los legisladores opositores en votaciones que fustigan al régimen islamista.
El Senado aprobó, por 76 votos contra 22, una resolución de carácter no obligatorio que llama al gobierno del presidente George W. Bush a calificar a la Guardia Revolucionaria iraní de "organización terrorista extranjera".
Entre los senadores que votaron la propuesta figuró Hillary Clinton, quien, según los encuestadores, es la favorita a encabezar la fórmula presidencial del opositor Partido Demócrata en las elecciones del año próximo.
Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes fue casi unánime (408 votos a favor contra seis en contra) en aprobar la Ley de Habilitación de Sanciones a Irán.
Esa norma podría obligar a Bush a castigar a compañías extranjeras que asignen más de 20 millones de dólares a sus inversiones en el sector de la energía de ese país.
Este proyecto, al que se opone la propia Casa Blanca presionada por aliados europeos y asiáticos y compañías multinacionales estadounidenses, será frenado por los comités del Senado que la analizarán en lo que resta del año.
Pero el amplio margen de aprobación, alentado, según observadores, por la controvertida visita del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a Nueva York esta semana, demuestra una vez más la fuerza del denominado "lobby israelí", que este año ubicó la ley de sanciones entre sus prioridades.
Las votaciones en las dos cámaras se registraron en medio de una creciente lucha dentro del gobierno por el control de la política iraní. El vicepresidente Dick Cheney y sus asesores neoconservadores están enfrentados a ese respecto con el secretario (ministro) de Defensa, Robert Gates y altos oficiales militares en actividad.
Por otra parte, el Departamento de Estado (cancillería), que no descarta una acción militar, se muestra favorable a mantener la presión hacia Teherán en el plano diplomático.
En los últimos dos meses, desde la última oportunidad en que los embajadores de Estados Unidos e Irán se reunieron en Bagdad, la lucha parece haber cobrado impulso.
A fines de julio, Bush aceptó, en principio, una propuesta de Cheney de efectuar ataques militares transfronterizos desde Iraq contra la Guardia Revolucionaria, a la que cree involucrada en el entrenamiento y el suministro de equipo bélico de milicias chiitas iraquíes, según un artículo de Philip Giraldi, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), publicado en la revista The American Conservative.
Pero el Pentágono, cada vez más preocupado por la excesiva presencia militar estadounidense en Iraq y la incertidumbre sobre las reacciones iraníes, postuló, según fuentes confiables, una estrategia más cautelosa: construir una nueva base militar e intensificar los patrullajes en las supuestas rutas de suministro.
Por otra parte, el diálogo bilateral lanzado en mayo, canalizado entre los embajadores en Bagdad y restringido a la estabilización de Iraq, no se reanudó desde la segunda reunión a fines de julio.
En esa ocasión, el embajador Ryan Crocker se quejó públicamente por el supuesto aumento en el apoyo de Irán, a través de la Guardia Revolucionaria, a milicias chiitas que atacaban al ejército estadounidense.
Crocker aseguró no haber hallado "disposición de los iraníes" para alcanzar un "compromiso serio" en materia de seguridad. Mientras, el general David Petraeus, comandante de las tropas estadounidenses en Iraq, acusó a Irán de emprender "una guerra a través de terceros" contra su país.
El diario The Washington Post consideró el mes pasado que el gobierno había decidido calificar de "terrorista" a la Guardia Revolucionaria, pero que aún no había calibrado si lo haría con toda la organización o sólo con su unidad de elite, la Fuerza Quds.
Además de su rol militar, la Guardia Revolucionaria posee grandes intereses económicos.
La parálisis dentro del gobierno de Bush al respecto parece haberse resuelto en favor del ala más belicista de la administración, que reclamaron acciones militares transfronterizas en publicaciones neoconservadoras como The Weekly Standard, The National Review y The Wall Street Journal.
Estos llamados a la acción fueron tan intensos que el comandante del Comando Central y superior del general Petraeus, almirante William Fallon, advirtió en público que "este constante llamado al conflicto no es útil".
"El estado de guerra no es una buena idea. Debemos tratar de hacer todo lo posible para crear condiciones diferentes" de relacionamiento, dijo Fallon a la cadena noticiosa televisiva árabe Al Jazeera.
El primer llamado a los ataques transfronterizos contra Irán no procedió de filas del gobernante Partido Republicano sino del ex candidato a vicepresidente del opositor Partido Demócrata Joseph Lieberman (autodenominado "demócrata independiente"), muy cercano al poderoso Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelíes.
La resolución aprobada en el senado fue copatrocinada por Lieberman y el senador republicano John Kyl, copresidente de honor del Comité sobre Peligros Actuales, centro de estudios muy cercano al derechista partido israelí Likud.
