El encargado de la asistencia a los veteranos de guerra discapacitados de Estados Unidos está bajo fuego por afirmar, cuando pedía donaciones para un grupo evangélico, que creía «más importante» estudiar la Biblia que hacer el trabajo por el que se le paga.
Dos organizaciones de ex combatientes, Veteranos por el Sentido Común y la Fundación Militar para la Libertad Religiosa, reclamaron que se investiguen los dichos del subsecretario de Beneficios de la Oficina de Veteranos, el vicealmirante retirado Daniel Cooper.
El funcionario participó en un video grabado con el fin de recaudar fondos para el grupo evangélico Embajada Cristiana, que realiza tareas apostólicas entre los miembros de la elite de Washington como parte de su campaña Cruzada por Cristo.
Cooper afirmó que el estudio de la Biblia "no es algo que se hace para pasar el tiempo". "Se trata de definir qué es realmente importante. Y es más importante que hacer mi trabajo, dado que éste siempre va a estar ahí, me encuentre yo presente o no", aseguró.
Las organizaciones de veteranos afirmaron que el funcionario designado por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, violó la Primera Enmienda de la Constitución de este país, que prohíbe a los miembros del gobierno utilizar su posición para promover una religión en particular.
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También consideran que Cooper violó reglas éticas según las cuales los funcionarios tienen prohibido usar su nombre, su imagen o su posición para actividades proselitistas o de recolección de fondos.
"Estamos muy preocupados. Cientos de miles de ex combatientes esperan recibir ayuda de Cooper mientres él dice que promover la religión es más importante que asistirlos", dijo a IPS Paul Sullivan, de Veteranos por el Sentido Común.
Desde que Cooper asumió su cargo, el 2 de abril de 2002, la cantidad de veteranos que aguardan una definición sobre sus pedidos de beneficios sociales prácticamente se duplicó, de 325.000 a 600.000 en la actualidad.
En promedio, un ex combatiente debe aguardar al menos seis meses para tener una respuesta a sus reclamos. Si son rechazados y decide apelar la decisión, el proceso puede llevar hasta tres años.
Además, en los hospitales, clínicas y centros de ayuda que trabajan con la oficina de veteranos se informó que más de 52.000 ex combatientes en Afganistán e Iraq fueron diagnosticados con estrés postraumático.
Pero durante la gestión de Cooper, sólo 19.000 de ellos lograron que se reconociera su problema y se les diera acceso a beneficios sociales.
Las asociaciones de veteranos, que presentaron públicamente su reclamo el martes 5, también están molestas por el hecho de que Cooper otorgó a su segundo, Ronald Aument, una bonificación en efectivo de 33.000 dólares, mientras la lista de peticiones de ayuda para ex combatientes no deja de crecer.
"Está prostituyendo su cargo", dijo Mikey Weinstein, presidente de la Fundación Militar para la Libertad Religiosa. "Su trabajo es tan malo como el que podría haber realizado en su puesto un perro pastor alemán o un cactus."
Sullivan y Weinstein pidieron una investigación sobre la conducta de Cooper al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la contraloría interna del Departamento de Veteranos.
La portavoz de la oficina para los ex combatientes, Cathy Gromek, declaró: "Elevamos el caso al funcionario encargado de los asuntos éticos. Revisó el video y concluyó que no existía violación a las regulaciones o leyes federales."
Cuando IPS solicitó una copia de ese dictamen, Gromek dijo que no estaba disponible. Para obtenerlo, se requería una solicitud bajo los términos de la Ley de Libertad de Información (Foia), que habilita a los ciudadanos, la prensa o instituciones a requerir documentos gubernamentales que las autoridades no hacen públicos.
Es un proceso que puede demorar meses.
Sullivan dijo a IPS que ya habían realizado el pedido, pero que, sin importar el resultado, el FBI debería tomar cartas en el asunto.
"Es el típico caso de la zorra cuidando a las gallinas. El inspector de la oficina de veteranos es un funcionario político y no va a investigar a otros funcionarios políticos de su misma dependencia", agregó Sullivan.
Cooper no fue el único miembro del gobierno que apareció en el video para recaudar fondos para la Embajada Cristiana.
También participó el director de la Agencia de Protección Ambiental, Stephen Johnson, y varios militares en actividad y retirados, entre ellos, los generales de brigada del ejército Vincent Brooks y Robert Caslen, un capellán que se retiró con el grado de coronel, Ralph Benson, además de los generales de la fuerza aérea Peter Sutton y John Catton.
Analistas que siguen desde hace largo tiempo las actividades políticas de la derecha religiosa señalan que el escándalo que tiene a Cooper como centro sigue un patrón definido.
"Los evangelistas han estado actuando sobre las fuerzas armadas y las dependencias del gobierno desde la Guerra Fría, como parte de la lucha contra el 'comunismo ateo', pero, a pesar de todo, trataban de respetar ciertos límites", dijo Chip Berlet, un analista de la no gubernamental Asociación de Investigaciones Políticas, con sede en Boston.
"Pero con el gobierno de Bush hemos visto algunos notorios casos de funcionarios que traspasaron todos los límites y este video es un ejemplo particularmente llamativo", agregó.
En 2005, la organización no gubernamental Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado acusó a oficiales de la academia de la fuerza aérea en Colorado Springs de discriminación religiosa.
Los cadetes de la institución, según el informe de ese grupo, eran presionados para asistir a servicios religiosos evangélicos y rezar era una práctica obligatoria en las actividades diarias de la academia.
Al menos en una ocasión, un profesor ordenó a los estudiantes que oraran antes de iniciar su examen final.
