Las duras condenas a seis estudiantes negros, enfrentados violentamente con compañeros blancos en el sudoriental estado de Louisiana, desataron una ola de protestas por la discriminación contra afroestadounidenses en escuelas y tribunales.
Miles de manifestantes acuden al poblado de Jena para exigir la libertad de los seis encarcelados, alumnos de una escuela secundaria en que 85 por ciento del estudiantado es blanco. Unas 20.000 personas participaron en una concentración la semana pasada.
Activistas por los defensores de las minorías consideran que los muchachos, conocidos como "Los Seis de Jena", son víctimas de racismo institucional y no se merecían las acusaciones extraordinariamente severas que se les imputaron.
La primera acusación contra uno de ellos, Mychal Bell, de 17 años, fue intento de asesinato. Luego fue condenado a hasta 15 años de prisión por lesiones en segundo grado agravadas.
La justicia anuló esa sentencia, pues entendió que Bell, que tenía 16 años en el momento del incidente, debió haber sido juzgado como menor. El joven volverá a comparecer ante la justicia, esta vez en un tribunal de menores.
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Los otros cinco afrontan cargos similares. Los muchachos pasaron muchos meses en prisión antes de que se juntaran los miles de dólares exigidos para pagar la fianza que les permitiera estar en libertad mientras se procesaban los juicios. Bell todavía está preso.
"En Jena todavía se vive la era Jim Crow", dijo Kerry McLean, del National Lawyers Guild, primera asociación de abogados del país que aceptó en sus filas profesionales de minorías raciales.
McLean se refería a las leyes "Jim Crow", discriminatorias contra los negros, que se aplicaron en los estados del sudeste y el sur de Estados Unidos entre 1876, año en que el fin de la Guerra de Secesión consagró la abolición definitiva de la esclavitud, y 1965.
La historia de los Seis de Jena comenzó hace casi un año, cuando tres estudiantes negros de la escuela secundaria buscaron aliviarse del sol bajo un árbol en el patio del centro de estudios. Pero los blancos se atribuían el derecho exclusivo de disfrutar de su sombra.
Al día siguiente, aparecieron tres sogas colgando del árbol. Se trataba de una alusión a los linchamientos de negros habituales en Estados Unidos antes del triunfo del movimiento por los derechos civiles que pusieron fin a las leyes "Jim Crow" en los años 60.
En respuesta a las quejas de los estudiantes negros, el director de la escuela recomendó la expulsión de los blancos responsables de esa agresión. Pero el consejo escolar redujo su castigo a tres días de suspensión.
Los estudiantes negros, resentidos, decidieron volver a sentarse bajo el árbol. Entonces fueron amenazados por el fiscal de distrito Reed Walters.
Familias negras de Jena declararon que el incidente de las sogas fue seguido por una serie de amenazas y agresiones violentas contra estudiantes de su comunidad. Pero el fiscal Walters sólo actuó cuando un alumno blanco, Justin Barker, fue golpeado por Mychal y sus amigos.
Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un sitio supremacista blanco en Internet publicó luego la dirección de cinco de los Seis de Jena y los números telefónicos de algunas de sus familias "en caso de que alguien quiera hacer justicia".
Aunque Mychal y sus compañeros estaban desarmados, el fiscal insistió en que fueran juzgados por intento de asesinato porque las zapatillas deportivas de Bell eran un "arma mortal". Baker fue curado en un hospital cercano y dado de alta el mismo día.
Activistas de derechos civiles consideran que las acusaciones contra los Seis de Jena son desproporcionados respecto de su falta, y que reflejan los prejuicios raciales de un fiscal, un juez y un jurado íntegramente blancos. Uno de los miembros del jurado era, incluso, amigo desde su juventud del padre de la víctima.
Estudios del Departamento de Justicia (fiscalía general) de Estados Unidos indican que los varones negros condenados por ataque agravado —la acusación que afrontan los Seis de Jena— cumplen, en promedio, 48 meses en prisión, un tercio más que los blancos en la misma condición.
Y negro arrestado tiene al menos tres veces más probabilidades de ir a prisión que un blanco acusado de un delito idéntico.
"La situación en Jena deja en evidencia que el racismo continúa prosperando en el sistema penal de Estados Unidos, que nos trata como ciudadanos de segunda clase", dijo Annu Befu, de la organización afroestadounidense United People of Colour Caucus.
La comunidad afroestadounidense logró llamar la atención del país y del mundo sobre el caso a través de Internet. Un grupo de bloggers negros organizados recaudó 220.000 firmas en apoy de los Seis de Jena y 130.000 para costear su defensa.
"Hace 10 años esto no podría haber ocurrido. No estaba Internet, ni los blogs de negros, ni programas de radio nacionales. Ahora podemos hablarles a todos los negros de Estados Unidos todos los días", dijo al diario The Chicago Tribune el reverendo Al Sharpton, conocido activista por los derechos civiles.
Para septiembre, los crecientes rumores divulgados por Internet ya habían disparado el interés de la prensa nacional y de influyentes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
"Creíamos que los jurados blancos a cargo de juzgar a acusados negros por violencia y contraviolencia racista eran algo del pasado. Pero este caso parece un perturbador regreso", dijo Kate Allen, directora británica de Amnistía Internacional.
Amnistía exigió, en una carta al Departamento de Justicia, una "revisión urgente" del caso de Bell, y manifestó preocupación por las atribuciones de injusticia al proceso.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos del país, formuló un reclamo similar ante autoridades estatales y federales.
Abogados de la ACLU, que trabaja en Jena con las familias de los acusados desde marzo, pidieron la transferencia del caso a un tribunal federal, porque "plantea dudas graves sobre un posible doble discurso para blancos y negros".
"Desde la elaboración de vigilancia policial especial de acuerdo con la raza hasta el tratamiento desigual en las escuelas o la posible mala conducta por parte de las autoridades, el caso de los Seis de Jena causa gran preocupación", dijo Marjorie Esman, directora ejecutiva de la filial de ACLU en Louisiana.
La ACLU presentó "un pedido abierto de antecedentes" en Louisiana para acceder a todos los informes sobre arrestos e incidentes vinculados con cuestiones raciales.
Varios dirigentes nacionales del opositor Partido Demócrata, entre ellos los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Barack Obama, mostraron gran preocupación por el caso.
Mientras, activistas de derechos civiles convocan nuevas protestas porque el juez a cargo de la causa, J.P. Mauffray, se negó a liberar a Bell bajo fianza.
Al tiempo que reclama la inmediata liberación de Bell, el National Lawyers Guild y otras organizaciones también exigen el cese definitivo del juez Mauffray y del fiscal Walters.
"Contrariamente a lo que Walters y Mauffray puedan pensar, Jena está sujeta a la misma Constitución que el resto de Estados Unidos", destacó McLean, del National Lawyers Guild.
"Hubo varias violaciones descaradas de los derechos constitucionales de los Seis de Jena. Además de esas violaciones, Walters y Mauffray infringieron los principios éticos que rigen sus funciones. Se los debería hacer responder por todo esto", expresó McLean.