Devastación, violentos conflictos por la tierra y un crecimiento económico rápido, pero efímero, son los rastros que dejó la deforestación de la Amazonia brasileña en los últimos 30 años, afirman estudiosos.
En ese plazo se consumieron 700.000 kilómetros cuadrados de selva, 17 por ciento de su superficie original. La tala provoca un boom inicial de prosperidad, pues la extracción de madera, casi siempre ilegal, es muy lucrativa. Luego llegan los agricultores y ganaderos.
Pero la riqueza dura, como máximo, 20 años. Por las lluvias abundantes, la actividad agrícola se complica. Cuando la madera escasea, hay una tendencia a que la economía de los municipios colapse. Sólo algunos, sobre todo los que dependen de la minería, escapan de este patrón.
Esta dinámica fue expuesta por los investigadores Adalberto Veríssimo y Danielle Celentano, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) en un trabajo publicado en agosto, "El avance de la frontera en la Amazonia, del boom al colapso", que analiza indicadores económicos, sociales y ambientales de la región.
Celentano describe la deforestación como una ola que siembra empleos e ingresos por la explotación maderera. Pero también violencia y degradación de los recursos naturales.
Tras su paso, "los conflictos disminuyen, así como los beneficios de la actividad maderera, que es sobre todo predatoria, puesto que la agropecuaria no puede absorber la misma cantidad de mano de obra ni generar los mismos ingresos", sostuvo Celentano en una entrevista.
Los expertos dividieron los 770 municipios amazónicos en cuatro zonas: la no forestal, que comprende 24 por ciento de la superficie en sitios de transición entre las sabanas del Cerrado y la selva, la que se encuentra en explotación (14 por ciento, con 26 municipios), la ya desforestada (10 por ciento, con 218 municipios) y la forestal (52 por ciento de la región, con una tala de cinco por ciento).
La investigación comprobó que la destrucción de selva ha producido más daño que riqueza en la economía local, una cuenta que también debe pagar todo el planeta. La Amazonia aporta algo más de ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero su deforestación es responsable de casi 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país.
Los productores rurales amazónicos argumentan que si los europeos y estadounidenses talaron sus bosques para crecer, "nosotros también podemos hacerlo". A corto plazo el argumento es válido. Pero el PIB por persona (2.320 dólares) creció apenas uno por ciento en los últimos 15 años y sigue siendo 40 por ciento menor a la media nacional.
En São Francisco do Pará, municipio que vivió momentos de prosperidad, 96 por ciento de la selva ha desaparecido. De sus 14.000 habitantes, 62 por ciento son pobres y 31 por ciento indigentes.
Esto se repite en muchos municipios del norteño estado de Pará. En Primavera, por ejemplo, el PIB cayó 20 por ciento en los últimos 20 años. La deforestación es de 95 por ciento y casi la mitad de la población vive con menos de un dólar diario.
Sin embargo, no es posible asegurar que ese será el destino de las zonas que ahora están siendo taladas, aclaran los expertos.
Mientras, 60 por ciento de los 386 asesinatos rurales denunciados en Brasil entre 1997 y 2006 se cometieron en la Amazonia, casi la mitad de ellos en áreas de intensa tala. En ese lapso, los conflictos por la tierra pasaron de 156 a 328 en la región. De los 1.012 casos de trabajo esclavo documentados entre 2003 y 2006, 85 por ciento fueron en zonas amazónicas.
El estudio de Imazon muestra un patrón diferente en la zona no forestal, más seca y por tanto más propicia a la agricultura. El mejor ejemplo es Sinop, una de las principales ciudades del occidental estado de Mato Grosso, de intensa actividad maderera, con materia prima procedente de otras regiones.
Sinop también tiene una gran producción agrícola, sobre todo de soja. A pesar de que perdió 65 por ciento de sus selvas, la zona no colapsó y la ciudad tiene una excelente infraestructura.
Con todo, la pérdida de bosques viene cayendo. Fue 25 por ciento menor entre agosto de 2005 y julio de 2006. Y para este año, las autoridades esperan una reducción de 30 por ciento, lo que colocaría el área deforestada de los últimos 12 meses en 10.000 kilómetros cuadrados, la menor desde que se inició el control satelital de la selva.
Tal mejoría es atribuida a los mayores controles gubernamentales y a una caída en los precios de las cosechas.
Pero hay atisbos de recuperación en las siembras y eso pondrá a prueba la voluntad de detener la deforestación, pues cuando los agricultores están capitalizados tienden a ampliar sus áreas de cultivo.
Un episodio reciente ilustra estas tensiones. El 20 de agosto en el municipio de Juína, noroeste de Matro Grosso, decenas de productores rurales expulsaron con apoyo del alcalde Hilton Campos a dos periodistas franceses y a siete activistas de Greenpeace e indigenistas que pretendían visitar un área recién talada en río Preto, reclamada por indígenas enawene-nawe.
"Las ciudades en las fronteras agrícolas de la Amazonia son tierra sin ley. La reacción de los productores rurales es normal aquí. Para ellos nuestro objetivo es obstaculizar los proyectos agrícolas y ganaderos", dijo en una entrevista el ingeniero forestal Marcelo Marquesina, de la campaña Amazonia de Greenpeace.
A fines de agosto, un juzgado federal suspendió 99 proyectos de asentamiento rural creados desde 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en el oeste de Pará. El fallo fue resultado de una denuncia de Greenpeace.
La denuncia alegaba que el Incra aceleró la creación de asentamientos en áreas ricas de la selva para atender intereses de empresas madereras.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 15 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
