Con un campamento que cuelga de los árboles en la selva de Yungas, en el noroeste de Argentina, activistas de la organización ambientalista Greenpeace exigen al Senado que frene el desmonte de los bosques nativos en todo el país.
"La noche es espectacular, la temperatura baja y hay viento, pero de día el calor es sofocante", dijo a IPS Romina MacGibbon, una de las campistas de Greenpeace.
Las tiendas de campaña están colgadas a 25 metros de altura, en árboles de un predio de la Reserva de Biosfera de Yungas, en la noroccidental provincia de Salta.
La reserva fue así declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1992, para contribuir a la conservación de la biodiversidad mundial.
Pero el área es acosada productores agropecuarios montados en topadoras, autorizados por el gobierno de Salta.
En las últimas semanas, las autoridades provinciales permitieron al dueño de la finca desmontar 1.670 hectáreas dentro de los límites de la reserva.
Los ambientalistas convocaron a una asamblea de pobladores de la zona, que rechazaron la tala, frenaron el paso de camiones al campo y ahora montaron el campamento en altura.
Las voluntarias MacGibbon, Nidia Barrientos y Roxana Florelli, todas ellas con entrenamiento en supervivencia en la selva y apoyo de un grupo de Greenpeace en la localidad de Orán, a 20 kilómetros de la reserva, acampan desde el sábado en los árboles para vigilar que no se avance en el desmonte.
Los dueños de las tierras no impidieron la instalación del campamento. Pero otras amenazas rondan a los campistas, que se irán rotando.
En la región hay pumas, yaguaretés, tapires, víboras y gran variedad de insectos. De día, la temperatura supera los 30 grados, y de noche el descenso es brusco, reportó MacGibbon.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en Argentina existe un patrimonio de 33 millones de hectáreas de bosques nativos, amenazado en la última década por el empuje de la frontera agropecuaria que causa la pérdida de entre 250.000 y 300.000 hectáreas al año, incluso en zonas protegidas.
La mayor aceleración se registra en Salta. En 2003, en ese distrito, el gobierno autorizó desmontes en una reserva provincial en la localidad de Pizarro, donde viven comunidades indígenas wichí. Para frenar ese avance, la Administración de Parques Nacionales adquirió la reserva.
Pero ese gesto, empujado por una fuerte campaña de Greenpeace, no sirvió para frenar el desmonte en otras áreas de la provincia de Salta.
Frente a este fenómeno, Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas obtuvieron apoyo en la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso legislativo) para avanzar en un proyecto de ley de "presupuestos mínimos de protección ambiental para bosques nativos".
Entre las organizaciones patrocinantes de la iniciativa figuran Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Proteger y Fundación Vida Silvestre, y también la gubernamental Secretaría de Ambiente.
El proyecto fue aprobado en marzo por la Cámara de Representantes y está frenado en la de Senadores (cámara alta).
Pero, según adelantó a IPS una fuente de Greenpeace, se discute ahora la creación de un fondo de compensación para las provincias que podría contribuir a destrabar la iniciativa pendiente de aprobación.
El texto con media sanción declara la emergencia forestal en todo el país y frena el desmonte en las provincias hasta que presenten su informe de ordenamiento territorial ante la Secretaría de Ambiente, con las distintas categorías de uso para el bosque dentro de su jurisdicción.
Las zonas verdes, de bajo valor de conservación, podrán ser transformadas total o parcialmente. Las amarillas, de mayor valor, aceptarían un uso sustentable en actividades como recolección, turismo o investigación. Las áreas rojas, de muy alto valor de conservación, serán las que no puedan modificarse.
Con algunas resistencias, el proyecto se aprobó en la cámara baja. Pero se frenó en el Senado, especialmente por la reticencia de los representantes de tres provincias del norte del país donde se registran las mayores fricciones por el desplazamiento de la frontera agropecuaria: Formosa, Misiones y Salta.
A comienzos de agosto, organizaciones ambientalistas iniciaron una campaña por la recolección de más de un millón de adhesiones que ya cuenta con más de 585.000 firmas. Pero con el campamento se pretende, además, crear conciencia y urgir a los legisladores a avanzar.
El subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Miguel Pellerano, explicó a IPS que el gobierno confía en que la creación de un fondo de compensación sirva como incentivo a las provincias y también a los productores privados que tienen tierras en áreas de bosques nativos.
"La idea es que la ley se apruebe en el Senado tal como fue votada en Diputados, pero que se añada un capítulo que crea un fondo de fomento, de manera de acompañar la ley con una contraparte que sirva para el mantenimiento, protección y uso sustentable del bosque nativo", añadió Pellerano.
Se trata de un reconocimiento al servicio forestal que prestan esos espacios, tanto para los gobiernos provinciales que necesitan apoyo para su manutención, como para los productores que pueden requerir asistencia financiera para proyectos de conservación o uso sustentable, abundó Pellerano.
La propuesta, aceptada por las organizaciones ambientalistas, fue bien recibida por senadores reacios a la aprobación de la ley.
"Con este complemento, podríamos avanzar en la iniciativa, aunque difícilmente sea antes de las elecciones del 28 de octubre", advirtió el senador oficialista Marcelo López Arias, de la provincia de Salta.
Mientras, las y los activistas de Greenpeace seguirán "colgados" con sus tiendas de campaña en la humedad de la selva de Yungas, entre lapachos y cebiles.
