Los conflictos por la elección del onceavo presidente de Turquía y por los proyectos de reforma constitucional se agravaron aun más desde que las Fuerzas Armadas manifestaron su opinión sobre el perfil del próximo jefe de Estado.
Los comentarios del general Yasar Büyükanit coincidieron con la formalización del llamado a referéndum sobre una reforma constitucional, que, de aprobarse, habilitaría la elección del presidente por voto popular, eliminando la actual designación a cargo del parlamento.
"La posición de las Fuerzas Armadas turcas no varía de un día para el otro", dijo esta seman Büyükanit a la prensa, en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas Turco-Chipriotas.
"Estamos totalmente acordes con lo que dijimos el 12 de abril", agregó, en alusión a una declaración militar según la cual el próximo presidente deberá "adherir con hechos, y no sólo con palabras, a los ideales de un estado secular y democrático".
Los militares habían mantenido la calma durante la última campaña electoral. Los comentarios de Büyükanit fueron la primera intervención de uniformados en cuestiones políticas desde los comicios legislativos del 22 de julio, que consagraron una fuerte mayoría para el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), de raigambre islamista.
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La popularidad del AKP aumentó en todo el país. Su electorado creció un tercio respecto de comicios anteriores. Los nuevos votantes procedían, sobre todo, de sectores conservadores y de centro-derecha.
La elección del presidente en el parlamento estaba prevista para mayo. El AKP había propuesto a su líder y primer ministro Recep Tayyip Erdogan como candidato. Pero la declaración de las fuerzas armadas en abril y manifestaciones en Ankara, Estambul e Izmir contra su candidatura lo obligaron a retirarla.
Sin embargo, su reemplazo como candidato por el ministro de Relaciones Exteriores Abdullah Gül, un islamista comprometido, alimentó más manifestaciones en todo el país.
La consagración de Gül como aspirante a la presidencia también alentó al general Büyükanit a emitir, el 27 de abril, justo antes de medianoche, un memorando publicado en Internet donde advirtió al AKP que las fuerzas armadas no tolerarían que se atemperara la fuerte tradición secularista de la nación.
El boicot de las sesiones parlamentarias por parte del secular Partido Republicano Popular (CHP) condujo a una reiterada falta de quorum en la Asamblea Nacional y a la decisión de Gül de retirar su candidatura. Eso, a su vez, derivó en la postergación de la designación presidencial.
La dirección del AKP aprovechó la oportunidad para convocar a las elecciones legislativas de julio, cuatro meses antes de lo previsto.
Según la actual Constitución, es necesaria la presencia de 367 de los 550 legisladores en el recinto parlamentario para la elección de un presidente por parte del parlamento. Con 341 escaños en la nueva legislatura, el AKP no puede cumplir con tal requisito por sí solo.
El Partido de Acción Nacionalista (MHP) y los 22 diputados independientes, en su mayoría pro-kurdos, anunciaron que participarán en la votación, y el lunes se constituyeron como grupo parlamentario bajo la denominación Partido de la Sociedad Democrática (DTP).
Esto habilitaría al parlamento a proceder, pero no daría al AKP ninguna garantía de que su candidato pueda ser electo. Por lo tanto, el partido gobernante resolvió remover los mecanismos constitucionales en referéndum y establecer la elección directa del presidente en las urnas.
Este sector de raíz islámica obtuvo 46,7 por ciento de los votos. Alrededor de 87 por ciento de los ciudadanos habilitados participaron en los comicios.
Pero todavía no está claro si el próximo presidente será elegido por los legisladores, según la Constitución vigente, o por voto popular bajo una nueva. Mientras, el AKP promueve la aprobación de un paquete de reformas constitucionales en el referendo del 21 de octubre.
Muchos ven en el referendo la oportunidad de abandonar la Constitución dictada por las fuerzas armadas en 1982, luego de un régimen militar de dos años tras el golpe de Estado de 1980, a una civil.
Identificada con el nombre del líder golpista, general Kenan Evren, la Constitución fue revisada 13 veces en 25 años, y 74 de sus artículos fueron enmendados o revocados. Los constitucionalistas la califican de colcha de retazos que no satisfacen las demandas de una democracia moderna.
Durante la crisis presidencial, el AKP comenzó a trabajar en un texto que será debatido por la Asamblea Nacional en las próximas semanas. La aspiración es alinear la carta política de Turquía con la de las democracias europeas y facilitar la armonización de las leyes nacionales con las de la Unión Europea (UE).
Las principales áreas abordadas son derechos humanos, libertad de pensamiento y de expresión, derechos de las mujeres y los niños, reducción de poderes presidenciales en varias áreas, la revisión judicial de los actos del jefe de Estado y el control parlamentario de medidas gubernamentales.
Tal vez la disposición más radical es la exclusión de la Constitución del Consejo de Seguridad (MGK), que reúne a los máximos líderes militares y políticos y define la dirección general del país, especialmente en periodos de desafíos internos o externos.
El MGK es la autoridad que controla a los gobiernos civiles. Es improbable que el texto en preparación proponga su abolición, pero es posible que sus funciones sean reducidas a las de un organismo consultivo, cuyas recomendaciones no serán de carácter obligatorio para el gobierno.
Las opiniones, incluso dentro del AKP, están divididas en torno a cómo debería ser la reforma, si debería dar lugar a una puesta a punto o a una Constitución totalmente nueva.
Quienes apoyan el segundo enfoque se hacen oír cada vez más. Según ellos, una Constitución con cambios seguirá siendo una carta magna militar con algunas mejoras.
El país, sostienen, necesita adoptar los principios occidentales de gobernanza y dar a la ciudadanía las libertades necesarias para que una sociedad moderna se desempeñe libremente en todas las áreas y prospere.
Esto es música para los oídos de intelectuales y empresarios por igual, y su apoyo a la iniciativa del AKP parece estar garantizado.
Será todavía más difícil ponerse de acuerdo sobre el contenido final y el proceso de adopción. Los cuatro partidos con representación parlamentaria —AKP, CHP, MHP y DTP— fueron elegidos en las últimas elecciones, pero en Turquía hay 30 formaciones políticas, 14 de las cuales presentaron candidatos legislativos. No está claro si sus voces serán oídas.
Como la nueva Constitución incluirá derechos humanos y otras libertades de los ciudadanos, la sociedad civil, representada por varias organizaciones no gubernamentales, espera tener voz también.
Es fácil apostar que, en los próximos tres meses, el tema dominante del debate entre políticos, periodistas e intelectuales será la relativa influencia de todos los participantes en la formulación de la carta.
El hecho de que esta reforma se dé tan cerca de su triunfo electoral de julio puede estar abriendo el apetito de Erdogan por confinar, en toda legitimidad y por demanda popular, el rol del Estado Mayor Conjunto solamente a cuestiones de defensa y someterlo a control civil a través del parlamento. Esto sería verdaderamente revolucionario para los precedentes turcos.
