La localidad pesquera de Pisco, ubicada a 250 kilómetros al sur de la capital peruana, es la más afectada por el devastador terremoto de 7 grados en la escala de Richter que sacudió casi todo el país por dos minutos. La actualización de cifras trágicas sigue de modo constante.
El anterior terremoto de parecida magnitud que sufrió Perú se registró en octubre de 1974 y alcanzó los 6,6 grados de la escala Ritcher.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, que dirige las operaciones de rescate, reportó hasta ahora la muerte de 437 personas y más de un millar de heridos, pero no descartó que la cifra de víctimas se incremente notablemente conforme avance la búsqueda entre los escombros de miles de viviendas y otros edificios destruidos.
También Defensa Civil informó que hasta el momento son 80.000 las personas damnificadas y 16.000 viviendas quedaron destruidas sólo en la provincia de Chincha, en la región Ica, que es una de las más afectadas.
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Numerosos asentamientos irregulares ubicados frente a la costa del puerto del Callao son actualmente golpeados por grandes olas y lo mismo ocurre hacia el norte del país. Se han suspendido las clases en las escuelas y la actividad en el Congreso legislativo, cuya sede fue dañada.
Los datos de la dimensión del desastre crecen conforme se restablecen las comunicaciones, pues el sur peruano había quedado prácticamente desconectado, sin energía eléctrica, agua potable ni teléfonos.
En Pisco sumarían 250 los muertos. "Todo indica que el número de muertos, por desgracia, va a subir y eso se debe a que hay varias zonas devastadas a las que todavía no se ha podido llegar", indicó el jefe de Defensa Civil, Luis Felipe Palomino.
"El 70 por ciento de las víctimas son de Pisco", puntualizó.
Aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que cuenta con una base en Pisco, han comenzado a sobrevolar las áreas afectadas por el seísmo.
"Pisco está prácticamente destruido. Hay zonas urbanas donde no hay una casa en pie. Aquí deben haber más de 1.000 muertos", dijo a IPS una fuente de la FAP respecto del impacto sufrido por esta ciudad pesquera y agroindustrial emplazada al costado de un desierto y con unos 130.000 habitantes.
"Tenemos cientos de muertos regados por las calles, miles de heridos en los hospitales. Esto es totalmente indescriptible. El pueblo ha sido devastado en más de sus tres partes", expresó el alcalde de Pisco, Juan Mendoza, a una radioemisora local. "No hay agua, no hay energía. ¡Necesitamos ayuda! Nos faltan manos", clamó.
"Estamos visitando pueblo por pueblo y en cada uno encontramos víctimas", explicó el alcalde de Ica, Mariano Nacimiento: "Aquí los fallecidos son 80. Lo que más requerimos son medicinas y hospitales de campaña".
El terremoto comenzó a las 18:40 hora local (23:40 hora GMT) del miércoles y se prolongó por más de dos minutos.
En ese momento en Lima es cuando la mayoría de los trabajadores salen con destino a su domicilio, lo cual motivó un caos vehicular en toda la ciudad. Pero lo peor de la situación fue que las comunicaciones se cortaron.
La situación resultó tan enojosa que el propio presidente de Perú, Alan García, se quejó del problema en la telefonía y ordenará investigar el tema, según anunció en el marco del discurso de solidaridad que dirigió al país por televisión a las 10 de la noche, hora local
García se trasladó este jueves a Pisco con un equipo de rescatistas, un embarque de medicinas, alimentos y todo tipo de ayuda. A su paso, la población le reclama por más ayuda. "¡Queremos más ataúdes!", gritan a voz en cuello.
Las autoridades de salud de Ica, Pisco y Chincha, reclamaron la instalación de hospitales de campaña, porque la infraestructura existente ha colapsado por la enorme cantidad de víctimas. Ya no hay forma de atender a los heridos, indicaron.
Ica es una región costera del sur del país que ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento económico debido a las exportaciones agrícolas.
En Pisco, perteneciente a esta región, está ubicado el final del gasoducto de Camisea, pero la Transportadora de Gas del Perú (TGP) no reportó daños hasta ahora.
En el preciso momento que se remite este despacho todavía se registran réplicas del terremoto.
El director de Sismología del Instituto Geofísico Nacional de Perú, Hernando Tavera, informó a IPS que se han confirmado cerca de 350 réplicas y que continuarán.
La secuela más fuerte se sintió a las 05:30 (11:30 hora GMT) de este jueves y fue de 6,0 grados en la escala Ritcher, pero fue de muy corta duración. Otro se registró casi cinco horas después y fue tan violento que volvió a lanzar a la población a la calle ante el temor de más daños.
Tavera indicó que el terremoto del miércoles fue de 7,0 grados en la escala Richter. Aclaró que en un primer informe se había indicado que había sido de 7,9 grado, pero por error de la medición instantánea de ese momento.
También Defensa Civil había comenzado a organizar la evacuación del distrito de La Punta, en el puerto del Callao, en Lima, ante el alerta inicial de un posible tsunami, dado que el epicentro fue en océano próximo a la costa.
Centenares de personas comenzaron a ser transportadas a un amplio parque del Callao, pero en la madrugada de este jueves se dejó sin efecto el operativo al confirmarse sólo un fuerte oleaje, que inundó numerosas viviendas a lo largo de la costa, especialmente en barrios humildes. En el pasado, La Punta ha sufrido graves daños por maremotos.
En áreas urbanas antiguas y populares de Lima como Barrios Altos y Rímac se derrumbaron viviendas sobre-habitadas. Defensa Civil estima que 60 familias quedaron sin un lugar donde vivir.
La capital de Perú no sufrió, sin embargo, daños considerables, pero el pánico y el terror hicieron lo suyo, especialmente para los que se encontraban en edificios.
Como suele ocurrir en este tipo de desgracias, nunca faltan los que se aprovechan del dolor ajeno. Pobladores denunciaron a la prensa que las empresas de transporte de pasajero triplicaron el precio de los pasajes con dirección al sur del país donde se concentró la energía devastadora del movimiento telúrico.
Las quejas de la población por las radioemisoras son permanentes y reclama al gobierno una acción inmediata contra los propietarios de las líneas de autobuses. "¡Esos son unos buitres!", clamaban los pasajeros.
