Crece el apoyo a la abolición de la pena de muerte en el nororiental estado estadounidense de Ohio, considerado clave por activistas de derechos humanos debido a su posición históricamente favorable al castigo máximo.
"Somos el estado del norte que mató a más gente. Pero hay señales de que incluso en un estado como Ohio las cosas están a punto de comenzar a revertirse", dijo a IPS Jeffrey Gamso, director legal de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) de Ohio.
"El apoyo público a la pena de muerte es bajo, y las sentencias se redujeron respecto de hace unos años. Ohio está pronto para pasar a la abolición", agregó.
Los jurados son cada vez más reticentes a acceder a los pedidos de sentencia de muerte planteados por los fiscales, lo que refleja el menguado apoyo a la sanción capital por parte del público en general.
Los activistas destacan la oleada de oposición pública expresada en febrero. El nuevo gobernador del estado, Tom Strickland, suspendió tres ejecuciones para poder evaluar detenidamente los casos. En ese momento, las cartas al gobernador contra la pena de muerte sobrepasaban por cinco a uno a las que la apoyaban, según la agencia Associated Press.
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Actualmente, 38 de cada 50 estados todavía aplican la pena de muerte, pero el apoyo público en muchos parece estar disminuyendo.
Los orientales Nueva Jersey, Maryland y Connecticut podrían abolir la sanción máxima en un plazo de un año o dos, dijo David Elliot, de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte. En Ohio podría ocurrir lo mismo algunos años después, señaló por su parte Gamso.
Ohio reinstauró la pena capital en 1974, y desde 1999 ejecutó a 26 reclusos, entre ellos dos este año. Hay 185 personas esperando su ejecución, según el Departamento de Rehabilitación y Corrección. A lo largo de su historia, el estado ejecutó a 369 reos.
El meridional estado de Texas lidera en materia de ejecuciones. Desde 1976, cuando la pena fue reinstaurada por la Suprema Corte de Estados Unidos, allí se ejecutaron a 400 personas, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington.
El menguado apoyo a la pena capital en Ohio se explica por el creciente temor de que personas inocentes puedan ser llevadas al cadalso y por nueva información según la cual las ejecuciones por inyección letal pueden causar sufrimiento, sostuvieron los activistas.
También hay cada vez más evidencias de que prejuicios raciales influyen a la hora de dictar una sentencia a muerte.
Desde 1999, seis personas que aguardaban su ejecución en Ohio fueron halladas inocentes y liberadas. Ésta es una razón de peso para el aumento de las dudas del público sobre el castigo máximo, dijo a IPS Jim Tobin, de la organización Ohioans to Stop Executions.
Abogados penalistas también están a la ofensiva, desafiando las inyecciones letales como método de ejecución y librando una lucha caso por caso en los tribunales.
Estos lograron frenar la mayoría de las ejecuciones en Ohio, destacaron activistas por los derechos humanos.
Pero, hasta ahora, los políticos no han mostrado voluntad de seguir el ejemplo de otros varios estados y ordenar una moratoria a las ejecuciones, opinó Gamso.
"El gobernador podría hacerlo si quisiera. Tiene poder absoluto para hacer estas cosas. Pero reiteradamente dijo que no lo haría", señaló Gamso.
Otras instituciones del estado también mostraron cierta inercia. "La legislatura y la Suprema Corte del estado podrían actuar, pero hasta ahora eligieron no hacerlo. La integración de los tribunales estaduales tampoco está a nuestro favor", dijo Tobin.
Desde que asumió el cargo en enero, el fiscal general del estado, Marc Dann, no logró colmar las expectativas de quienes pensaban que podría actuar contra la pena de muerte.
En los meses previos a su elección, Dann dijo que tenía dudas importantes sobre la justicia del sistema de implementación de la pena capital, y prometió una revisión. Hasta ahora no ha exigido esta investigación.
Pero en el estado hay tres casos que siguen colocando el asunto entre las principales noticias y que contribuyen a inclinar la balanza a favor de la abolición.
El más publicitado es el de Kenny Richey, un recluso esperó su ejecución durante 20 años. Fue condenado por el asesinato de un niño de dos años en un incendio supuestamente intencional. Las evidencias que lo incriminan son circunstanciales y él sigue asegurando su inocencia.
El Tribunal de Apelaciones federal concluyó en dos ocasiones que la sentencia a muerte debía ser revocada, porque el condenado recibió una representación legal inadecuada.
Además, el Tribunal señaló que "el caso dependía de alguien que podría haber tenido sus propios motivos para implicar a Richey".
El 10 de agosto, el Tribunal reafirmó su primer fallo de 2005 y ordenó a su par estadual repetir el proceso judicial o liberar al condenado en un plazo de 90 días.
Un segundo caso fue el de John Spirko, cuya ejecución estaba programada para julio pero que fue aplazada por 120 días por el gobernador.
Se trató del séptimo aplazamiento de Spirko debido a las dudas existentes sobre su culpabilidad. Ninguna evidencia física lo vincula con el crimen, y se retiraron los cargos contra otro acusado que lo conectaba con el asesinato.
"El caso de Spirko es otra clara muestra de que el sistema de Ohio no funciona", dijo la monja Alice Gerdeman en una declaración.
Gerdeman preside Ohioans to Stop Executions, que unió a decenas de organizaciones y ciudades del estado, entre ellas Cincinnati, Dayton y Oberlin, en una campaña por una moratoria de las ejecuciones.
La coalición también quiere una investigación sobre el funcionamiento del sistema de implementación de la pena máxima.
La desconfianza pública sobre el sistema también creció a raíz del caso de Jason Getsy, asesino a sueldo que tenía 19 años cuando cometió un asesinato en 1995. Getsy fue condenado a muerte, pero no el ideólogo del crimen.
Un tribunal federal rechazó la apelación de Getsy. Pero seis de los 14 jueces disintieron, alegando que la sentencia no era justa. Su caso será apelado ante la Suprema Corte de Estados Unidos, dijo a IPS su abogado, Michael Benza.
Al emitir su fallo de disconformidad, el juez Boyce Martin dijo que el caso era una muestra de que la pena de muerte es "arbitraria, tendenciosa y por lo tanto fundamentalmente defectuosa en su esencia misma, que está más allá de cualquier reparación".
Activistas en el estado creen que recibirán un amplio apoyo público cuando se congreguen el 26 de septiembre para presionar a la asamblea legislativa estadual.
El público está cansado de "la idea de que podemos sustraernos de nuestros problemas", dijo Tobin, uno de los activistas por los derechos humanos que estarán presentes ese día.
