La ola de desalojos que amenaza con recrudecer alienta en Estados Unidos un mayor control gubernamental sobre las instituciones de préstamos hipotecarios, así como nuevas formas de ayuda a los deudores pobres.
Al menos 20 de los 51 estados tomaron medidas para proteger a los propietarios de viviendas cuyos modestos ingresos y débil capacidad de crédito los obligaron a aceptar hipotecas en términos punitivos.
La intención de las instituciones financieras es mejorar la seguridad de cobranza de los denominados préstamos subprime, concedidos a deudores "inconvenientes", que tienen un riesgo superior al usual, mayores intereses y mayores comisiones bancarias.
Están a estudio diversas iniciativas legislativas para ayudar a los propietarios de vivienda de bajos ingresos en numerosos estados.
Mientras, en Washington, el senador Charles Schumer, del opositor Partido Demócrata, pidió el miércoles al Departamento del Tesoro (ministerio de hacienda) y a la Reserva Federal (banco central) ayuda para instituciones sin fines de lucro que fomentan la vivienda.
Estas organizaciones de la sociedad civil se dedican a asistir a los deudores a refinanciar sus préstamos en términos menos gravosos.
"Los urjo a usar su capacidad de influencia sobre las instituciones financieras para alentarlas a acompañar los esfuerzos del gobierno federal en pos de financiar a organizaciones sin fines de lucro que trabajan para impedir ejecuciones hipotecarias", reclamó Schumer en una carta al secretario del Tesoro, Henry Paulson, y al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.
El reclamo de Schumer, destacado miembro del Comité Bancario del Senado, ocurre en momentos en que expertos del sector financiero prevén que un millón o más de estadounidenses podrían sufrir la ejecución de sus viviendas en los próximos dos años.
El año pasado ya perdieron sus casas 550.000 deudores, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, una organización de alcance nacional.
Los prestamistas afirman que los préstamos subprime son necesarios para contener riesgos y para abrirles acceso al mercado de créditos a clientes que, de otro modo, no lo tendrían.
La alternativa, advierten, sería negarles directamente el crédito y negarles la posibilidad de poseer su propia vivienda.
Quienes se oponen a estas operaciones consideran que las instituciones financieras imponen, deliberadamente, condiciones que los deudores nunca podrán cumplir, y que lo único seguro en esta modalidad de crédito es la mora y la ejecución hipotecaria.
Las sospechas y quejas sobre préstamos predatorios se refuerzan con el recrudecimiento de las ejecuciones hipotecarias, el aumento de las tasas de interés y la caída de los precios inmobiliarios.
La crisis del crédito pasó de los préstamos subprime a los de menor riesgo, e incluso se propagó por los mercados financieros de todo el mundo.
Unas 15 instituciones de crédito se presentaron a la bancarrota desde diciembre. El miércoles, Lehman Brothers Holdings Inc., el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos con respaldo hipotecario, anunció el posible cierre de su división de préstamos subprime y el despido de unos 1.200 empleados.
El gobierno federal procura aliviar el flujo de dinero entre bancos, pero los funcionarios de los estados parecen atrapados por las demandas de frenar el incendio financiero no sólo en los mercados financieros sino también en la economía real, en la que la gente vive, trabaja y consume.
Las leyes propuestas en los estados endurecerían los controles y las penas por prácticas crediticias engañosas. Entre esas medidas, los gestores hipotecarios podrían ser responsabilizados por permitir que los deudores asuman créditos que no podrán pagar.
El estado de Minnesota comenzó a comprar propiedades ejecutadas para revender a familias de bajo ingreso en términos relativamente favorables.
Otros seis estados pondrán en práctica programas de refinanciación para deudores subprime, con subsidios derivados de la venta de bonos estatales y de agencias federales de crédito.
También expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han mostrado preocupados por la situación.
"La velocidad con que aumentó en 2006 el nivel de mora y de no pago ha sido llamativo", escribieron John Kiff y Paul Mills, funcionarios del Departamento Monetario y de Capìtales del FMI, en un estudio publicado el jueves.
Kiff y Mills sumaron sus voces a un coro políticamente diverso que llama a aumentar la protección de los consumidores, a afianzar los controles y a no salir al rescate de los prestamistas subprime, que continúan reclamando subsidios.
"Estas presiones deben ser resistidas, pues refuerzan el comportamiento especulativo o fraudulento", explicaron.
Los propios funcionarios de los estados admiten que los flamantes programas beneficiarán a pocos deudores, pues no podrán aprovecharlos los ya desalojados o los que corren riesgo de serlo.
Por lo tanto, otra idea gana terreno: cambiar las reglas de los propios desalojos hipotecarios, según lo recomendó Dean Baker, director del Centro de Investigación Económica y Política.
"De esta manera sencilla y directa, el gobierno federal puede ayudar a millones de familias de ingreso moderado que luchan por mantener sus viviendas", sostuvo Baker.
Según su propuesta, los propietarios con préstamos hipotecarios vencidos podrían tener la opción de mantenerse indefinidamente en sus viviendas "como arrendatarios, pagando por el alquiler el monto que indica el mercado".
