Defensores de las libertades civiles y simpatizantes del opositor Partido Demócrata se atribuyeron una gran victoria con la renuncia del fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales.
Gonzales, aliado del presidente George W. Bush desde sus tiempos de gobernador del meridional estado de Texas y primer ciudadano de origen hispano en integrar uno de los tres cargos de primera línea en el gabinete, fue figura clave en los dos periodos de la administración.
En la primera presidencia de Bush, como abogado de la Casa Blanca, y en la segunda, como fiscal general, fue uno de los soportes de las "facultades ejecutivas" del gobierno de detener y mantener entre rejas a prisioneros en el marco de la "guerra mundial contra el terrorismo", luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Su partida del gobierno puede derivar en un atemperamiento de las políticas más controversiales del gobierno, incluido el uso de métodos de interrogación "extremos" contra sospechosos de terrorismo, como el uso del "submarino", defendido por Gonzales.
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"La historia recordará a Gonzales como el hombre que nunca le dijo no a la tortura y a las políticas de arresto que violaron el derecho estadounidense e internacional", dijo el director ejecutivo de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Kenneth Roth.
La salida de Gonzales del gobierno podría galvanizar una investigación a gran escala sobre las políticas de detención estadounidenses, según Roth.
"Esto remueve una importante protección de uno de los aspectos más kafkianos de esta administración. Todo depende de quién asuma su cargo. Pero esto podría ser un gran golpe contra la pandilla de (el vicepresidente Dick) Cheney", dijo Stephen Clemnos, del centro de estudios New America Foundation.
Gonzales apoyó las posiciones de mano dura hacia los prisioneros y otras cuestiones vinculadas defendidas desde la oficina del vicepresidente.
De hecho, la renuncia anunciada desató las especulaciones sobre su sucesor. Algunos legisladores demócratas sugirieron que no confirmarían a ningún candidato de independencia dudosa respecto de la Casa Blanca.
"Fue una lucha larga y difícil, pero por fin el fiscal general hizo lo correcto y renunció. Los demócratas le imploramos que trabaje con nosotros", dijo en un mensaje a Bush el senador demócrata Charles Schumer, quien comandó los esfuerzos por la dimisión de Gonzales.
"No elija el camino del enfrentamiento (…). Todo lo que le pedimos es que elija a alguien que priorice la ley. No estamos buscando el enfrentamiento", agregó.
"Debe haber alguien con calificaciones profesionales muy sólidas, alguien que sea un abogado experiente y que haya demostrado el criterio que un fiscal general debe desplegar", sostuvo Arlen Specter, el principal republicano en el Comité Judicial del Senado y uno de los grandes críticos de Gonzales en el Congreso legislativo.
Entre los candidatos a la nominación figuran el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, el ex vicefiscal general Larry Thompson, el ex representante republicano Christopher Cox y el senador republicano Orrin Hatch, quien afirmó este lunes que Gonzales fue víctima de "un absurdo teatro político".
Esta renuncia se registra apenas dos semanas después de que el principal asesor político de Bush durante los años 90, Karl Rove, anunciara su salida de su cargo de asesor en la Casa Blanca para fines de este mes.
Además, en julio renunció otra de las figuras más cercanas a Bush, el asesor de la Casa Blanca Dan Bartlett.
Rove y Gonzales eran blanco de investigaciones conducidas por legisladores demócratas por el cese de nueve fiscales a fines del año pasado. El testimonio de Gonzales ante el Congreso le deparó acusaciones de perjurio en su contra.
Una segunda pesquisa se concentró en escuchas ilegales por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
El propio Bush defendió a Gonzales, amigo suyo desde sus años de gobernador de Texas, incluso este mismo lunes. Su "buen nombre fue arrastrado por el barro por razones políticas", acusó el presidente.
Pero Anthony Romero, director de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua organización de derechos humanos de este país, dijo que Gonzales "seguirá a Mitchell Palmer como uno de los peores fiscales generales de la historia".
Palmer, quien cumplió esa labor bajo la presidencia de Woodrow Wilson, supervisó los abusos contra sospechosos de adherir a las ideas del anarquismo y el comunismo en los años 20.
La renuncia pone fin a una historia de superación personal que comenzó en un hogar de inmigrantes mexicanos en Houston, Texas, sin agua potable ni teléfono, uno de cuyos hijos logró estudiar en la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad de Harvard y se dedicó a defender empresas.
Como miembro de la Corte Suprema de Justicia del estado de Texas, cargo para el cual fue designado por Bush en 1999, era considerado un conservador moderado.
Pero en su carácter de abogado de la Casa Blanca y como fiscal general, Gonzales se alineó consistentemente con los elementos más duros del gobierno, en particular respecto de la "guerra contra el terrorismo",
Además de los despidos de fiscales y sus testimonios sobre la el programa ilegal de escucha de la NSA, se lo recordará por caracterizar a las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario, como "pintorescas" y "obsoletas".
Ese dictamen abrió paso al uso de agresivas técnicas de interrogación a sospechosos de terrorismo en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
"Cuando necesitaban despojar a los ciudadanos de todo derecho constitucional al antojo del presidente, allí estaba Gonzales para decir que eso estaba bien", observó Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown. "Cuando necesitaban torturar, Gonzales estaba allí, bolígrafo en mano."
