Steven Staples, prominente activista por la paz canadiense, acusó a las Fuerzas Armadas de su país de vigilarlo, luego de enterarse de que un funcionario militar fue enviado específicamente a tomar notas durante una de sus conferencias en 2006.
La noticia salió a luz hace unas semanas cuando, tras una serie de pedidos de desclasificación de datos, se divulgaron informes sobre Staples elaborados por funcionarios militares.
El activista había sido invitado a dar una conferencia en la Universidad Dalhousie por la Coalición Halifax por la Paz y el Centro Dalhousie para Estudios de Política Exterior, sobre el tema "La americanización de las Fuerzas Armadas canadienses".
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha seguido de cerca de grupos pacifistas y opositores al reclutamiento militar, reuniendo más de 2.800 informes sobre ciudadanos estadounidenses en una "base de datos antiterrorista", según documentos obtenidos por la independiente Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
"Estaba claro que alguien en las Fuerzas Armadas canadienses fue encomendado a sentarse en la sesión", dijo Staples a IPS.
"El problema es que, inicialmente, los militares lo negaron. Los gobiernos envían funcionarios para asistir a reuniones todo el tiempo y preparar informes. No hay nada malo en eso. Es cuando lo niegan y lo ocultan que se convierte en algo más vil", añadió.
Tras repetidas solicitudes de desclasificación de información, se reveló que el informe había sido enviado a 50 altos funcionarios militares, incluyendo a dos brigadieres generales.
"Es interesante entender cuál fue la motivación de la vigilancia. El funcionario que escribió el informe le aconsejó a los altos mandos que conocieran los argumentos de las personas como yo. Cuando la burocracia militar intenta influenciar activamente a la opinión pública, es algo muy malo en una democracia real", sostuvo Staples.
"Es inapropiado que las Fuerzas Armadas se conviertan en una entidad hostil y utilicen sus recursos para vigilar a aquellos que públicamente tienen opiniones diferentes", añadió.
Staples sostuvo que el general Rick Hillier no debería ser jefe de Estado Mayor, y que el ministro de Defensa canadiense Gordon OConnor también es inadecuado para su cargo.
Staples anunció que presentará un pedido a los militares para que aclaren lo ocurrido, y dijo no estar seguro si el Servicio de Inteligencia y otras agencias del Estado tenían a otros activistas por la paz bajo vigilancia.
Staples "atrajo la atención porque es extraordinariamente efectivo en criticar la política de Canadá en defensa y seguridad. No es sorprendente que le hayan prestado atención. Deberían aprender a escucharlo", sostuvo el académico Michael Byers, jefe de investigaciones de Políticas Globales y Derecho Internacional, de la Universidad de British Columbia.
"Si se trató de vigilancia, podría ser el comienzo de una pendiente muy resbaladiza, en la que los militares juegan un papel activo formando la opinión pública. La democracia ha trabajado duro para separar el papel de los militares y de la esfera política", dijo Byers.
"El público canadiense debería estar más preocupado por las manifestaciones de esta tendencia perturbadora", añadió.
El académico sostuvo que esto era preocupante por lo que este tipo de políticas podrían causar si no eran revisadas. "Si él está siendo vigilado, ¿están siendo grabadas sus conversaciones telefónicas o interferido sus mensajes de correo electrónico debido a su papel de activista?", preguntó Byers.
"Aun cuando yo mismo sea vigilado, he elegido mi opción en nombre de la libertad de expresión. Quizás alguien que esté en algún lado aprenda algo. No tengo nada que ocultar", indicó Byers.
Pero las autoridades militares ven las cosas de otra manera. El coronel Jamie Robertson, del Departamento de Defensa Nacional, dijo a IPS: "Tenemos funcionarios de relaciones públicas y representantes que asisten con frecuencia a conferencias y compilan información".
"Resumimos lo que pasa en las conferencias, pero no hacemos una vigilancia. No es el trabajo del Departamento. Como funcionarios de relaciones públicas, necesitamos tener información actualizada y conocer las tendencias. En este caso, el debate ha sido politizado", agregó.
"No es tarea de las Fuerzas Armadas realizar vigilancias. Vivimos en una democracia. Esto no está dentro del área de seguridad. No hay nada malo en debatir y que haya diferentes opiniones. Todos están autorizados a hablar con los medios sobre la misión canadiense en Afganistán. En este caso, los periodistas tejen teorías de conspiración que están totalmente fuera de contexto", agregó.
