El gobierno de Ruanda, alentado por la aprobación internacional ante su reciente decisión de abolir la pena de muerte, buscará activamente la extradición de sospechosos por el genocidio de 1994, quienes se encuentran ocultos en el exterior para evadir la acción de la justicia.
"Si hay otros países que puedan ayudarnos, lo vamos a apreciar", dijo a IPS.
El comentario de Karugarama, realizado una semana después de la abolición formal de la pena de muerte el 25 de julio, apaciguará en alguna medida a quienes sobrevivieron al genocidio y están descontentos por la perspectiva de que sus responsables puedan ahora evadir el pelotón de fusilamiento.
Alrededor de 44.204 personas acusadas de participar en el genocidio están viviendo en el exterior, según un informe judicial que se difundió en mayo.
En 1994, miembros extremistas de la etnia hutu asesinaron en masa no sólo a integrantes de la etnia tutsi sino también a hutus moderados. Se estima que 800.000 personas perdieron la vida.
La necesidad de continuar en la búsqueda de justicia fue subrayada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.
La funcionaria del organismo mundial elogió la decisión de Ruanda de abolir la pena de muerte y enfatizó que la "sed de justicia" está "lejos de haber sido apagada".
"Con la promulgación de la ley que prohíbe la pena de muerte, Ruanda ha dado un paso importante para asegurar el respeto del derecho a la vida y, en forma simultánea, hacer progresos para llevar ante los jueces a los responsables por los atroces crímenes del genocidio de 1994", afirmó Arbour.
Para la mayoría de los países, la abolición de la pena de muerte era un prerrequisito para acceder a la extradición de los sospechosos de genocidio. Las últimas ejecuciones de responsables por este crimen contra la humanidad se realizaron aquí en 1998, cuando 22 personas condenadas por ayudar en la planificación de los asesinatos fueron fusiladas en público.
Desde entonces, todos los otros condenados a muerte por su participación en el genocidio estaban en el "pabellón de la muerte" aguardando su ejecución. La abolición de la pena capital significa que ellos, junto a otros condenados por diversos delitos, que suman en total 650 personas, deberán cumplir ahora una sentencia de presión perpetua.
En 1996, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas estableció una Corte Penal Internacional para Ruanda (ICTR, por su sigla en inglés), con el propósito de "contribuir al proceso de reconciliación nacional" y juzgar algunos de los casos más graves.
El tribunal, que habrá concluido el juicio de unas 70 personas a fines de 2008, podrá ahora cesar sus funciones y transferir 17 casos remanentes a la justicia de este país, dijo a IPS el fiscal del ICTR en Kigali, la capital de Ruanda.
Dieciocho personas acusadas por la corte están todavía prófugas.
Ruanda puede contar ahora con la colaboración de las policías de otros países para rastrear a este grupo así como a otros sospechosos.
"Es nuestro deber como oficiales de policía hacer todo lo que está a nuestro alcance para identificar y arrestar a estos fugitivos buscados en conexión con crímenes tan serios", dijo la presidenta de Interpol, Jackie Selebi, durante la 19 Conferencia Regional Africana de la organización que se realizó el mes pasado en Tanzania. Interpol cuenta con 186 países miembro.
Los ciudadanos de esta nación que viven en el exterior seguramente harán campañas para lograr la extradición de sospechosos que se encuentren en su lugar de residencia.
La comunidad ruandesa de Canadá marcó el camino pocos días después de la abolición de las condenas a muerte, reclamando la extradición de Leon Mugesera, un extremista hutu a quien se le había permitido permanecer en esa nación porque en Ruanda existía la pena capital.
Muchos sobrevivientes del genocidio manifestaron a IPS su desacuerdo con la abolición de la pena de muerte.
"Esto sólo dará ánimo a aquéllos que quisieron exterminarnos", dijo Gisele Dusabe. "Es una humillación. Perdí a toda mi familia y hasta hoy no tuve ninguna reparación", agregó.
Paul Kazoba, un tutsi que escapó a Uganda, expresó sin embargo un punto de vista diferente. "Tenemos que reconstruir nuestra nación. La reconciliación verdadera sólo será posible si evitamos matar como represalia", afirmó.
Un hutu que participó del genocidio y que había confesado ante una corte comunal "Gacaca", elogió la abolición de la pena de muerte. "Lamentamos profundamente lo que hicimos. Esta medida seguramente facilitará la reconciliación", argumentó.
Las cortes "Gacaca" fueron establecidas en 2001, cuando más de 100.000 ruandeses estaban en prisión esperando ser juzgados por crímenes vinculados con el genocidio. Así se cerraron muchos casos, luego de aceptar expresiones de arrepentimiento y compensaciones. Los tribunales estatales continuaron tratando los casos de aquéllos acusados de planear y organizar el genocidio.
Miles de personas todavía aguardan ser llevadas a juicio. Amnistía Internacional expresó preocupación por sus condiciones de detención, aunque elogió la decisión de abolir la pena de muerte y destacó que Ruanda es el primer país de la zona de los Grandes Lagos de África que toma esa medida.
