La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) está directamente implicada en el traslado ilegal de un ciudadano canadiense a Siria, donde fue torturado durante el año que pasó en prisión, de acuerdo con documentos del gobierno de Canadá difundidos el 9 de agosto.
Según el no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, los datos entregados a la justicia revelan la participación de la CIA y de la diplomacia canadiense en el caso de Arar.
Estados Unidos, indica la denuncia, tiene como práctica la llamada "entrega extraordinaria": permitir a sus agencias de seguridad y espionaje enviar a personas que no pueden ser legalmente arrestadas a otros países, dispuestos a usar tácticas ilegales y "agresivas" para obtener información de los detenidos.
Arar, nacido en Siria pero naturalizado canadiense, volvía a este país de unas vacaciones en Túnez en septiembre de 2002 cuando fue arrestado por autoridades estadounidenses durante una escala de su vuelo en Nueva York. Lo acusaron de tener vínculos con la red terrorista Al Qaeda.
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A pesar de su pasaporte canadiense, fue deportado a su país de nacimiento, Siria, donde permaneció en prisión durante casi un año y fue torturado.
La demanda judicial de Arar contra el gobierno de Estados Unidos fue rechazada en primera instancia en febrero de 2006, pero la apelación está avanzando.
"La información hecha pública por Canadá es significativa, ya que confirma que no se puede confiar en los gobiernos cuando dicen que retienen documentos por razones de seguridad nacional", dijo a IPS una abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, Maria LaHood.
"También es importante porque muestra que la CIA estuvo involucrada. No sólo eso. Dos días después de que Arar fuera enviado a Siria, y antes de que alguien supiera dónde estaba, el servicio de inteligencia canadiense, revelan los documentos, creía que Estados Unidos quería enviarlo a un país 'que pudiera hacerlo a su manera con él', lo que confirma la intención de interrogarlo bajo tortura", agregó LaHood.
El presidente de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica, Jason Gratl, señaló a IPS que "estas revelaciones sobre complicidad y tortura confirman nuestras peores sospechas sobre los peligros del poder gubernamental sin controles en una democracia".
"La predisposición de la Real Policía Montada de Canadá para mentir a la justicia respecto del origen de información obtenida bajo tortura demuestra, una vez más, que el balance del poder debe ser modificado", agregó.
Gratl indicó que los canadienses apoyan la existencia de una instancia de supervisión que tendría jurisdicción sobre todos los asuntos de seguridad nacional, sin importar en qué nivel de gobierno se encuentre el ministerio o dependencia involucrada.
"Esto significaría que las policías municipales y provinciales estarían bajo riguroso control, lo mismo que el servicio de inteligencia y la policía montada, las autoridades de inmigración y la policía de frontera, cuando se involucren en casos relacionados con la seguridad nacional", explicó Gratl.
Arar se radicó en Canadá en 1987. Se graduó en la universidad como ingeniero en computación y luego hizo un posgrado en la especialidad. Trabajó en Ottawa como ingeniero en telecomunicaciones.
En 2002, mientras volvía de sus vacaciones, fue víctima de las xenofóbicas medidas de seguridad adoptadas por Estados Unidos tras los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Departamento de Defensa (Pentágono) el 11 de septiembre de 2001. Allí comenzó la pesadilla orwelliana de este ciudadano canadiense enviado por las autoridades estadounidenses para ser torturado en Siria.
Durante el año que pasó como cautivo del gobierno sirio, su esposa llevó adelante sin descanso una campaña para generar conciencia pública sobre la situación de Arar.
Cuando logró volver a Canadá, tras meses de campañas internacionales e ineptitud diplomática por parte de Ottawa, Arar acusó a los gobiernos de Estados Unidos y su país de adopción de enviarlo deliberadamente a una nación donde la tortura es práctica corriente.
Las autoridades sirias lo liberaron porque, dijeron, no encontraron ninguna evidencia en su contra. Arar jamás fue acusado de ningún delito, en Siria, Canadá o Estados Unidos.
Desde ese momento, Arar se ha convertido, involuntariamente, en un símbolo de la lucha por el respeto a los derechos constitucionales y de las libertades individuales pisoteadas por el sistema de seguridad en Canadá.
El 26 de enero de 2007, luego de años de batallas judiciales, el primer ministro canadiense Stephen Harper pidió disculpas a Arar y anunció que se le entregaría una compensación de 12,5 millones de dólares.
En abril de 2005, Arar acusó al gobierno de Canadá de complicidad, luego de que documentos que se hicieron públicos revelaran que las autoridades de este país expresaron su interés en tener acceso a la información que había proporcionado durante su interrogatorio.
En mayo de 2007, Arar fue incluido por la revista Time en su nómina de las 100 personas más influyentes del planeta, "cuya fortaleza, talento y ejemplo moral está transformando nuestro mundo".
El senador estadounidense Patrick Leahy, del opositor Partido Demócrata, dijo que el caso "permanece como un triste símbolo" de cómo Estados Unidos, luego de los atentados de septiembre de 2001, se mostró dispuesto a sacrificar derechos humanos básicos en el altar de la seguridad nacional.
El director del no gubernamental Observatorio de la Democracia, con sede en Ottawa, Duff Conacher, dijo a IPS que "la información que se hizo pública la semana pasada es otro ejemplo de cómo el gobierno de Canadá abusa de las leyes sobre libertad de información. Priva a los ciudadanos de su derecho a saber datos básicos sobre nuestro proceso democrático".
