Influyentes dirigentes políticos y activistas defensores de los derechos humanos de Kenia comienzan a coincidir en que llegó la hora de derogar la pena capital en este país.
Pero mientras discuten el asunto, la justicia sigue dictando ejecuciones, elevando la cantidad de reclusos en los pabellones de la muerte.
Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Constitucionales y de Justicia Danson Mungatana declaró a la prensa a mediados de junio que el gobierno estaba comprometido a derogar la pena capital. "Estoy informado de que se avanzó en ese sentido", respondió a una pregunta específica.
Pero no dio ninguna fecha tentativa, sólo indicó que "todo está en fase de preparación". "En el momento correcto tendrá que terminar resolviéndose en el parlamento", explicó.
Las últimas ejecuciones en Kenia fueron en 1987 durante el gobierno de Daniel Arap Moi y entre los que murieron por decisión judicial se cuentan Hezekiah Ochuka y Pancras Oteyo Okumu, acusados de encabezar el fallido golpe de Estado del 1 de agosto de 1982.
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Desde entonces se dictaron miles de sentencias a muerte y los convictos se acumulan en los pabellones de espera.
IPS no pudo conseguir cifras exactas de parte de la autoridad de cárceles acerca de la cantidad actual de condenados a la pena máxima. Pero estadísticas oficiales indican que entre 2001 y 2004 fueron sentenciadas a la horca 3.741 personas.
En ese mismo periodo, poco menos de 200 condenas a muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas tras la apelación correspondiente.
En 2003, el presidente Mwai Kibaki también conmutó la máxima pena a 223 presos.
Entre ellos estaba Samson Ochanda Owuor, uno de los más antiguos condenados a muerte, que se benefició de la amnistía presidencial gracias a que el archivo de su caso fue extraviado.
Ochanda Owuor fue acusado de robo violento en 1988. Además de asesinato y traición, el robo o el intento de robo con violencia son pasibles de la pena capital en este país.
El ministro de Ambiente, Kivutha Kibwana, dijo a IPS que él era uno de los partidarios de la abolición dentro del gobierno.
"Creo que, incluso en caso de asesinato, no se corrige la situación por matar a otra persona. Al final tenemos dos personas muertas", sostuvo.
Dirigentes políticos de la oposición también se mostraron a favor de la abolición. Eso indicaría que un proyecto del gobierno para derogar la pena de muerte recibiría un amplio respaldo.
"La pena de muerte no sirve para disuadir el delito y debe abolirse", declaró Anyang' Nyongo, del opositor Movimiento Democrático Naranja.
Esa agrupación reúne a integrantes de la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU) y del Partido Democrático Liberal.
"Los convictos deben tener la posibilidad de trabajar y aprender oficios. De esa forma al salir de prisión servirían a la sociedad", añadió Nyongo.
En la actualidad, los presos del pabellón de la muerte no pueden trabajar. Es decir que no tienen ahorros ni experiencia laboral para estar preparados en caso de que se les conmute la pena y sean liberados.
William Ruto, legislador de KANU, fue aún más directo al calificar la máxima pena de sentencia "vengativa" que no sirve a ningún propósito. "Necesitamos un enfoque de rehabilitación", añadió.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, un órgano público independiente creado en 2003 para asesorar al gobierno en la materia, también sumó su influyente voz al debate al recomendar que el parlamento debe actuar en forma inmediata para abolir la pena capital.
"Aunque esté en nuestras leyes y códigos, no es lo correcto", señaló el presidente de la Comisión, Maina Kiai, en la presentación de un informe acerca de la pena de muerte realizado en abril.
El máximo castigo debe eliminarse de la Constitución y enmendarse las leyes para reflejar el cambio.
La Comisión también reclamó una moratoria inmediata sobre las sentencias para evitar más presos en el pabellón de los condenados a muerte y debe conmutarse la pena a éstos y cambiarla por cadena perpetua mediante un decreto presidencial.
El director ejecutivo de la organización no gubernamental Haki Focus, Haroun Ndubi, cuestionó la tesis de que la pena de muerte ayuda a reducir los delitos violentos, que, por otra parte, aumentaron en Kenia pese a la vigencia del castigo máximo, y sugirió que incluso puede contribuir a elevar la cantidad de asesinatos.
Hubo "muchos jóvenes" involucrados en asaltos de automóviles que mataron a sus víctimas para que no hubiera testigos de un robo violento en caso de ir a juicio, dijo Ndubi a IPS.
También expresó sus dudas acerca de la verdadera culpabilidad de los actuales condenados a muerte.
Ndubi agregó que era "inhumano y degradante" dictar sentencias a muerte y luego dejar a los condenados presos durante años con el temor constante de ser ejecutados en cualquier momento.
Esa cuestión también fue planteada por Mungatana cuando habló con la prensa. Él se refirió al asunto primordial de decidir el destino de los ya sentenciados a la pena capital, y sugirió que conmutar sus sentencias puede ser el primer paso hacia la abolición de la pena de muerte en Kenia. FIN/IPS/traen-vf/dm/ro/ph/jh/af dp hd ip/07)
