Al confirmar la descalificación de un jurado que expresaba dudas sobre la pena de muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos deja para el futuro la certeza de que estos cuerpos estarán en el futuro más dispuestos a alentar esa condena, según abolicionistas.
Otro cuestionamiento al fallo del principal tribunal estadounidense radica en que restringe para próximas instancias su representatividad ante la diversidad de opiniones que existen al respecto en este país y en sus distintas jurisdicciones.
Los ciudadanos estadounidenses convocados para integrar jurados señalan cada vez con más frecuencia, en casos en que los acusados pueden ser condenados a la pena capital, que sus convicciones morales los descalifican para desempeñar esa actividad.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a muerte dictada por un tribunal del noroccidental estado de Washington contra Cal Brown, acusado de violar y asesinar a una mujer en un motel de la ciudad de Seattle en 1991.
La Corte determinó que el juez de la primera instancia del proceso había actuado correctamente al descalificar a un miembro del jurado porque expresó sus dudas acerca de la pena de muerte.
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El fallo, adoptado en junio por cinco jueces contra cuatro miembros del alto tribunal con sede en Washington, anuló otro anterior, dictado por un tribunal federal de apelaciones.
En mayo, Juan A. Luna (hijo) fue responsabilizado del asesinato de siete personas en un restaurante de comida rápida del central estado de Illinois en 1993, pero no fue condenado a muerte porque uno de los jurados votó en contra del dictamen de culpabilidad.
En ese estado, como en la mayoría de los otros 38 donde está vigente la pena de muerte, la culpabilidad debe ser determinada por la unanimidad del jurado para que el juez disponga ese castigo.
"Se observa una disminución de las condenas a muerte entre los últimos seis a diez años", señaló Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. "El cambio obedece en gran parte a un cambio de opinión de la población."
La cantidad de jurados convocados que son descalificados por un juez o que, en caso de ser aceptados, votan discordes en sentencias de culpabilidad refleja esa tendencia.
Los miembros de jurados están cada vez menos dispuestos a que los jueces impongan la pena capital, un fenómeno que se refleja en las estadísticas del Departamento de Justicia (fiscalía general), que revelan una disminución sostenida de las condenas.
En la década de los 90, unas 300 personas eran condenadas a muerte al año. En 2005, la cantidad cayó a 128.
El año pasado, la cifra disminuyó a su punto más bajo en los últimos 30 años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Una encuesta realizada por el Centro muestra que, entre 1.000 adultos consultados en todo el país, 40 por ciento creen que serían descalificados para integrar un jurado en un caso en que el acusado pueda ser castigado con la pena de muerte.
Las proporciones varían según el sector de la población de los encuestados: 69 por ciento para los negros, 48 por ciento para las mujeres y 47 por ciento para los católicos.
Según Dieter y otros especialistas, la creciente mengua de partidarios de la pena de muerte responde a varios factores, como las absoluciones gracias a análisis de ADN, la creencia de que ese castigo no disuade el delito y las objeciones morales a acabar con una vida.
Según el sondeo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 87 por ciento de los encuestados considera que en los últimos años fue ejecutada al menos una persona inocente. Esa posibilidad es una de las razones más significativas para echarse atrás a la hora de condenar a muerte.
La existencia desde los años 90 de la posibilidad legal de aplicar cadena perpetua sin el beneficio de la libertad condicional es otro factor que influye en el fenómeno.
Pero la población está dividida casi en partes iguales entre quienes están a favor de la pena de muerte y de la cadena perpetua sin libertad condicional como castigos para el asesinato con premeditación, concluyó la encuestadora Gallup el año pasado.
La "única gran" razón para imponer la pena capital era evitar que el acusado volviera a matar, indicó Eric M. Freedman, profesor de Derecho de la Universidad de Hofstra y experto en este castigo.
"La consecuencia de una cadena perpetua sin libertad condicional es la incapacidad permanente" del condenado a acabar con otra vida, añadió
Pero Robert Blecker, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York y partidario de la pena capital para "lo peor de lo peor" entre los delincuentes, considera que "aun con cadena perpetua sin libertad condicional, una persona puede volver a matar".
"Puede matar a sus compañeros, a policías o a personal médico dentro de la cárcel. La cadena perpetua no implica aislamiento. Y esa sentencia sin libertad condicional puede ser conmutada por el Poder Ejecutivo", explicó.
Blecker tampoco concordó con los resultados de la encuesta. Según él, si las preguntas se hubieran hecho con ejemplos concretos de los delitos más atroces, en vez de preguntar cuál es el castigo apropiado en casos de homicidio, se habría constatado un respaldo mucho mayor a la pena de muerte.
También consideró que la Corte Suprema de Justicia procedió bien en su fallo de junio, y reconoció que el fallo puede tener consecuencias en casos de pena capital.
Para seleccionar al jurado en estas ocasiones, existe un proceso denominado "calificación para la muerte".
El proceso consiste en preguntar a cada uno de los aspirantes acerca de su postura y disposición a imponer el máximo castigo. Si se considera que su oposición inequívoca le imposibilita cumplir con la ley, el juez puede excluirlo del jurado.
"Según una norma ya existente, las personas contrarias a la pena de muerte podían ser excluidas del jurado. Pero si sólo tienen dudas, debe permitírsele integrarlo porque representa a la mayoría del país", alegó Freedman.
"Con su última decisión, el jurado va a estar integrado por personas que, antes que nada, están dispuestas a condenar a muerte", añadió.
Para Brooke Butler, psicóloga experta en cuestiones legales de la Universidad del Sur de Florida dedicada a estudiar la integración de los jurados en los casos de pena capital, el proceso de "calificación para la muerte" lleva a integrarlos con "hombres, caucásicos, más o menos bien educados, políticamente conservadores, católicos o protestantes y de clase media".
También, añadió, tienden a tener visiones autoritarias, ser más prejuiciosos y propensos a condenar y a dictar sentencias de culpabilidad en casos que puedan castigarse con la pena de muerte.
Según Butler, "los abolicionistas en todo el país superan con creces a los defensores de la pena de muerte", por lo que el fallo de la Corte Suprema "excluirá de forma sistemática a una gran cantidad de personas".
A los abolicionistas también les preocupa que la configuración poco democrática de los futuros jurados, que no reflejará la diversidad de opiniones de la población estadounidense, resulte en más condenas a muerte y de personas inocentes.
Pero también consideran que el fallo podrá tener un efecto "bumerán" a largo plazo.
