Troy Anthony Davis, del sudoriental estado estadounidense de Georgia, se salvó de la muerte a último momento debido a que nuevas pruebas pusieron en duda su culpabilidad en el asesinato por el cual iba a ser ejecutado. Ahora tendrá otros 90 días de angustiosa espera.
"Estoy exhausta, pero eufórica", dijo a IPS Martina Correia, hermana de Davis, el lunes tras conocerse la suspensión hasta la medianoche del 14 de octubre o cuando el tribunal lo disponga.
"El Consejo de Libertad Condicional e Indulto estuvo haciendo muchas preguntas y se involucró en el asunto. Fueron muy respetuosos con la familia. Tuvimos esa impresión porque siempre nos trataron muy mal a causa de los cargos por los que se lo acusa", indicó.
"Hay muchas dudas en este caso y sólo ahora se dan cuenta. Troy hablaba con mi madre. El abogado llamó y dijo que habían conseguido una suspensión de la pena por 90 días. Troy está tan agradecido que se arrodilló para agradecer a Dios", relató Correia.
Los días previos a la ejecución, una serie de abogados se reunieron para salvar la vida de un hombre cuya responsabilidad parece ahora dudosa, y más aún teniendo en cuenta que siete de los nueve testigos se retractaron y aparecieron nuevos que señalan a otro hombre como el responsable del crimen.
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El centro Internacional de Acción, de Atlanta, y otras organizaciones convocaron a una manifestación de protesta, mientras que los familiares del sentenciado mantuvieron una vigilia a la luz de las velas.
La ejecución pendiente fue cuestionada por el consejo editorial del periódico The Atlanta Journal-Constitution y hasta William Sessions, quien fue director del Buró Federal de Inteligencia (FBI) del gobierno derechista de Ronald Reagan (1981-1989), escribió una columna de apoyo a Davis.
Davis fue acusado en 1991 de asesinar a un policía en 1989 en Savannah, Georgia. Nunca se presentó en el juicio evidencia física ni el arma homicida.
"Se siente aliviado de no ser ejecutado e hizo las paces con Dios. Dijo que dimos una buena batalla, recordemos a la familia del (policía Mark) McPhail y recemos por la paz y el entendimiento", señaló Correia.
"Sólo les pedíamos que fueran justos y objetivos. Si cualquier otro tribunal hubiera insistido y estudiado todo esto, no habríamos llegado tan lejos. En realidad están haciendo lo que el sistema tendría que haber hecho hace tiempo", añadió.
Un comunicado de prensa publicado el lunes por el gobierno federal señalaba que el Consejo de Libertad Condicional e Indulto de Georgia "no permitirá ninguna ejecución en este estado a menos y hasta tanto sus miembros no estén convencidos de que no hay dudas acerca de la culpabilidad del imputado".
"Mientras, los representantes de Davis afirmaron que pueden presentar testigos y otras pruebas a los miembros del Consejo, y así lo harán, que sustenten su opinión acerca de que hay ciertas dudas respecto de su culpabilidad. Por la presente se ordena que la ejecución sea suspendida hasta la medianoche del 14 de octubre de 2007 o hasta que este Consejo emita una orden".
La reunión entre abogados y partidarios de Davis con el Consejo duró seis horas. Luego sus miembros se reunieron con los fiscales.
"Me dio la impresión de que hay demasiado material para un solo día, no se sintieron preparados. Ahora tienen más tiempo para seguir analizando los hechos", dijo a IPS Laura Moye, subdirectora de la regional sur del capitulo estadounidense de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
"Todavía tienen la responsabilidad y el deber de considerar la clemencia. Es algo que puede suceder pues se presentó una apelación ante la Corte Suprema de Georgia, que puede comenzar antes de que ellos tomen alguna decisión", indicó.
"Creemos que significa que aún hay esperanzas de que se haga justicia. Pero no quiere decir que se haya triunfado, sólo que hay más tiempo", añadió Moye.
También significa más tiempo para generar consciencia en la población acerca del caso y otras cosas que están en juego.
"El interés va a seguir porque hay gente que recién se entera de esto", señaló Moye. "El equipo legal no puedo reunirse con todos los testigos en persona. Vinieron cuatro. Pero tienen las declaraciones juradas de todos", indicó.
El legislador John Lewis, de Georgia, fue uno de los que habló a favor de Davis en la sesión de la víspera. Hank Johnson, también representante de este estado, se ofreció a hacer lo mismo, según su portavoz, Deb Speights.
Los abogados de Davis pidieron un nuevo juicio ante un tribunal estatal, pues hace poco la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se negó a tratar su caso y se le agotaron las posibilidades de apelación en el ámbito federal.
Tras la negativa de un juez estatal a invalidar el dictamen original, sus abogados apelaron ante la Corte Suprema de Georgia. El caso está aún pendiente.
"La legislación de Georgia te permite retroceder y decir que el mundo cambió en forma drástica. Es como una válvula de seguridad, pero no suele funcionar muy seguido. En la mayoría de los casos, no hay pruebas contundentes", indico Philip Horton, abogado voluntario de la firma Arnold and Porter.
Davis aún aguarda clemencia del tribunal o del Consejo, indicó su hermana.
Varios especialistas señalan que este caso, que por fin en los últimos días llamó la atención de la prensa, refleja un problema mucho más sistémico de la justicia de Estados Unidos, donde los tecnicismos de los procedimientos se volvieron más importantes para muchos jueces que la inocencia o culpabilidad en sí misma.
"Los tribunales federales suelen ser bastante hostiles a estos procedimientos llamados de postacusación. Crearon una cantidad de trampas para los incautos. Si no logras hacer x, renuncias a tus derechos. La mayoría de estas cosas no le suceden a un ciudadano común. Es muy fácil renunciar a tus derechos", indicó Horton.
Davis no tuvo buenos defensores públicos en el juicio original por la falta de recursos económicos del estado de Georgia. Además, varios testigos se retractaron de su declaración tras los hechos.
"La primera respuesta de los tribunales es decir que quede como estaba, es demasiado tarde ahora porque no lo plantearon en el momento adecuado o no lograron hacer tal otra cosa", señaló Horton, al describir lo que se llama omisión de procedimiento.
"Los tribunales no deciden en función de los méritos, deciden que ya no es momento de reclamar", indicó.
"Cuando la prensa pregunta acerca de esto a los fiscales, ellos responden que ya presentaron las pruebas tribunal tras tribunal. Estas son las reglas del juego. Los ciudadanos no tiene la más mínima idea" de cómo funciona esto, arguyó Horton.
Varios de los testigos que se retractaron indicaron haber sido presionados por la policía para implicar a Davis y haber sido amenazados de ser acusados si no cooperaban.
"La mayoría de ellos eran negros, jóvenes y fáciles de intimidar, incluso hubo alguno que ya tenía algún antecedente. Hay una mujer que en aquel momento pensó 'estoy embarazada, tengo cuatros hijos; no puedo volver a la cárcel'", relató Moye.
La norma restrictiva que impide a los tribunales considerar nuevas pruebas figura en la ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva de 1996, que socavó en forma dramática el hábeas corpus en este país.
El legislador Hank Johnson, de Georgia, y su par Artur Davis, del meridional estado de Alabama, señalaron al periódico The Hill, en Washington, que la ley de 1996 debía revisarse, pero no tenían conocimiento de ninguna iniciativa al respecto.
En Estados Unidos, 34 por ciento de los convictos ejecutados desde 1976 eran negros, mientras que 79 por ciento de las víctimas en casos donde se aplicó la pena de muerte eran blancas, según estadísticas del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
* Matthew Cardinale es editor de Atlanta Progressive News, (http://www.atlantaprogressivenews.com)
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