El proyecto minero Río Blanco es desde hace cuatro años la manzana de la discordia en la septentrional sierra peruana de Piura. Para intentar dejar atrás ese conflicto, la consulta popular aparece en el horizonte de las comunidades campesinas de la zona, que en su mayoría rechazan esa actividad.
Dos campesinos muertos en enfrentamientos con la policía, el incremento de disputas entre mineros y agricultores, denuncias de una supuesta red del terror opositora a las actividades extractivas y diatribas constantes en radioemisoras locales, forman parte del escenario hostil en torno a Río Blanco.
La etapa de exploraciones en Piura se terminó a fines del año pasado y ahora se alistan los permisos para empezar a extraer cobre y molibdeno en este proyecto de Majaz, una subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals que será repontenciada con el ingreso de los empresarios de la firma aurífera china Zijin Consortium.
Desde 2005, esta minera ha desarrollado una relación conflictiva con las comunidades vecinas Segunda y Cajas y Yanta, que temen por la contaminación de sus aguas y denuncian que la empresa ha usurpado sus territorios.
Los dirigentes sociales del lugar aseguran que la empresa no obtuvo el permiso de la asamblea general ni de los dos tercios de la comunidad para operar en la zona, como exige la ley de Promoción de la Inversión Privada para las actividades en áreas de comunidades campesinas.
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Para evitar más enfrentamientos, los alcaldes de los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, que pertenecen al área de influencia del proyecto minero, han emitido ordenanzas para convocar a una consulta popular en septiembre, que permita a los campesinos decidir si quieren sustentar su desarrollo en la minería o en la agricultura.
Mientras, los campesinos apoyados por organizaciones no gubernamentales y autoridades locales preparan la campaña de difusión para la consulta.
En ese marco solicitan la intervención de organismos estatales como la Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones e, incluso, de entidades internacionales que puedan otorgarle legitimidad al proceso.
Precisamente, autoridades locales y representantes de las comunidades llegaron el 3 de este mes a Lima para exponer en el Congreso legislativo las razones por la que desean impulsar la consulta popular, que podría realizarse el 16 o el 30 de septiembre.
"Ya estamos cansados de tantos ataques. Lo mejor es que se respete la democracia y la participación del pueblo", dijo a IPS el alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, quien es uno de los que convoca al referéndum.
Por su parte, el alcalde de la provincia de Ayabaca, Humberto Marchena, aclaró que es la misma población la que ha solicitado a las autoridades la realización de la consulta. Por ello, pidió que los resultados sean respetados por el Poder Ejecutivo y por Majaz, aunque en el país este tipo de procesos sobre la actividad minera no son vinculantes.
Desde que en los años 90 se privatizó la explotación de los minerales en Perú, esta consulta sería la segunda por las mismas razones.
El pueblo de Tambogrande, ubicado también en la región Piura, realizó en junio de 2002 un proceso electoral que permitió conocer que 98 por ciento de los ciudadanos del lugar preferían vivir de la agricultura y rechazaban las operaciones de la minera Manhattan Sechura, subsidiaria de la transnacional canadiense Manhattan Minerals.
No obstante que no existe ninguna ley que exija el cumplimiento de los resultados de una consulta de este tipo, en el caso de Tambogrande fue decisiva para que se tomara conciencia de que las comunidades tenían el derecho de decidir en qué actividad económica podían sustentar su desarrollo. El conflicto terminó con el retiro de la empresa canadiense.
Las comunidades alrededor del proyecto Río Blanco aspiran a obtener igual resultado.
Según un sondeo de opinión elaborado a pedido del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, al que tuvo acceso IPS, 86 por ciento de los encuestados en el distrito Carmen de la Frontera están en contra de la minería, 10,1 por ciento a favor y el resto no responde.
En el distrito de Ayabaca, 89,6 por ciento de los entrevistados se oponen a la minería y 7,9 por ciento está a favor.
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú está integrado por alcaldes que impulsan la consulta y diversas organizaciones defensoras del ambiente.
"Esa consulta no será decisiva para nosotros. Algunos por presiones se opondrán a la minería, pero es el gobierno nacional el que da los permisos para que se explote los minerales del subsuelo", respondió ante la consulta de IPS Andrew Bristow, gerente de operaciones de Majaz.
Bristow considera que el proyecto Río Blanco traerá desarrollo a toda la región Piura. "Será más lo que se gane que lo que se pierda", opinó.
Con argumentos similares, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, dijo a IPS que "la consulta no tiene ninguna validez porque no es vinculante y lo que hay que esperar es que la firma minera siga haciendo talleres para informar a la población y mejore la relación con las comunidades".
Pero los pobladores que rodean las operaciones de Majaz rechazan esta posición.
"Que decida el pueblo. La minería dicen que da plata ¿pero qué vamos hacer nosotros si se contamina el agua así nos pongan carretera de oro?", manifestó a IPS Modesto Rivera, un integrante de las comunidades vecinas al proyecto Río Blanco.
Pero María Ruiz, una comerciante minorista de Carmen de la Frontera, discrepa con Rivera. "Si esa es la solución que hagan su consulta, pero sólo sé que a mí sí me ha favorecido que entre la mina, ahora hay más negocio", apuntó.
Los líderes campesinos explican que la mina divide a los pobladores al crear organizaciones paralelas y llenar de obsequios a los que están a favor de esa actividad extractiva.
"Ahora hay peleas entre vecinos y hasta familiares que se agarran a golpes", comentó a IPS el vicepresidente de la comunidad de Segunda y Cajas, Eusebio Guerrero.
Los comuneros también denuncian que "Majaz, en alianza con el Estado, los reprime".
Desde 2003 hasta ahora suman 200 los campesinos procesados penalmente por haber participado en protestas contra la actividad minera, según la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). A la mayoría, se les acusa de alterar la tranquilidad pública.
En medio de este clima de hostilidades, los dirigentes locales, las organizaciones no gubernamentales y un sector de la Iglesia Católica que brindan apoyo a las comunidades opositoras a Majaz aseguran haber sido víctimas de una campaña de desprestigio.
En efecto, una emisora de televisión de alcance nacional difundió hace dos años que existía una supuesta red del terror encabezada por sacerdotes opositores al proyecto Río Blanco y líderes locales vinculados al narcotráfico y la insurgencia.
Los responsables de difundir esa denuncia falsa señalaron en su defensa que habían elaborado la noticia a partir de fuentes policiales puesta a disposición por el propio Ministerio del Interior, pero esta instancia gubernamental negó haber brindado tal información. Por ello, los campesinos sospechan que el reporte periodístico fue dirigido por Majaz.
Para el investigador Anthony Bebbington, de la Universidad de Manchester y de la organización británica Perú Support Group, la empresa Majaz apela a mecanismos que desarticulan los grupos sociales en la zona y alimentan la desconfianza.
"Se afecta el tejido social que precisamente se necesita para crear el consenso que requieren los planes de desarrollo. Sin eso y así la minería otorgase mucho dinero, no se podrá construir nada positivo", opinó Bebbington.
Los especialistas en el tema como el abogado Javier Jahncke, de Fedepaz, consideran que la consulta popular puede ser "la oportunidad para encontrar una solución pacífica" al conflicto entre la minera y las comunidades.
La gubernamental Defensoría del Pueblo, en un informe elaborado sobre el proyecto Río Blanco, también recomienda la implementación de mecanismos de participación ciudadana.
Desde el Congreso, la legisladora piurana Marisol Espinoza impulsa un proyecto de ley para que este tipo de referéndum sean válidos para decidir el futuro de una concesión minera cuando exista un escenario de violencia tan álgido como el que se observa alrededor de los dominios de Majaz.
"Con esa idea de que la minería se ha convertido hoy en la principal fuente de nuestro crecimiento económico, el Estado no puede seguir privilegiando a la inversión privada en desmedro de los derechos humanos de las comunidades", declaró a IPS Espinoza, a modo de reflexión.
