ISRAEL-LÍBANO: Crímenes de guerra impiden la paz

La renuencia de Israel y del movimiento chiita Hezbolá (Partido de Dios) a asumir su responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos en Líbano durante su último conflicto es el principal obstáculo para la paz, coincidieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

La guerra estalló en julio de 2006, cuando combatientes del Hezbolá atacaron varias comunidades israelíes. Los milicianos libaneses mataron a tres soldados y capturaron a otros dos de los que aún no se tienen noticias.

HRW indicó que el conflicto dejó un saldo estimado de 1.125 muertos, 4.399 heridos y un millón de personas desplazadas a causa de la violencia. La mayoría de las víctimas fueron civiles, a causa de los reiterados ataques con misiles, bombas y artillería que tomaron como blanco áreas pobladas.

Luego de un aviso inicial para que los civiles abandonaran el sur de Líbano, los israelíes llevaron a cabo sus ataques como si todos los pobladores hubieran dejado la zona, cuando de hecho tal cosa no había ocurrido, señaló HRW en una declaración divulgada el jueves.

"Claramente existió imprudencia y temeridad, y se podría haber registrado un mayor número de bajas civiles", dijo a IPS el director del Programa de Medio Oriente y África de Amnistía, Malcom Smart.

Alrededor de 160 israelíes perdieron la vida, la mayoría de ellos soldados. En cuanto a quienes aún permanecen desaparecidos, Smart comentó que "no hubo información y se les ha negado el contacto con la Cruz Roja Internacional".

"Nuestro comunicado sirve como recordatorio de que este tema no puede permanecer desatendido", agregó.

"Ambos lados violaron las leyes de la guerra y un año después nadie se hace cargo de la responsabilidad" por lo ocurrido, dijo la directora para Medio Oriente de HRW, Sarah Leah Whitson.

Las fuerzas israelíes y de Hezbolá ignoraron sistemáticamente la diferencia entre civiles y combatientes, según varios casos documentados por HRW respecto de la violación de las leyes humanitarias internacionales.

La organización de derechos humanos puntualizó que Israel atacó, hirió y mató a civiles que intentaban huir de la zona de conflicto. También obstaculizó el envío de ayuda humanitaria a quines permanecieron en la zona sur del Líbano.

Asimismo, indicó HRW, Hezbolá atacó con cohetes áreas civiles alejadas de blancos militares. "En el mejor de los casos fueron acciones indiscriminadas contra áreas pobladas. En el peor, ataques directos contra civiles", indicó.

"Hubo muchas bajas civiles en ambos lados. Se realizaron ataques que tuvieron un gran impacto sobre los pobladores", dijo Smart a IPS.

Como consecuencia del uso de "bombas de racimo" por ambas partes, las muertes y destrucción posteriores al conflicto han sido inevitables.

Las "bombas racimo" se abren a una altura prefijada de la superficie y diseminan submuniciones o "bombetas" que en muchos casos no detonan y permanecen como una amenaza para las personas que hacen contacto inadvertidamente con ellas.

La Organización de las Naciones Unidas identificó 922 áreas en el sur libanés donde "bombas de racimo" sin detonar configuran una amenaza latente. Hasta mediados de junio, 24 civiles y ocho expertos en desactivación de explosivos perdieron la vida a causa de ellas y 210 personas resultaron heridas.

"Israel afirma que ha ofrecido algunos datos sobre las áreas en las que estas bombas se encuentran, pero lo que se necesita es información detallada y coordinada", le dijo Smart a IPS.

Amnistía Internacional también cuestionó duramente a organizaciones internacionales, comisiones nacionales y gobiernos por su inhabilidad para llevar ante la justicia a presuntos responsables por estos hechos.

"La total ausencia de voluntad política para hacer rendir cuentas a los responsables de esta indiscriminada matanza de civiles, más de 1.000 personas que perdieron la vida, constituye tanto una traición a los muertos como una receta para derramar la sangre de inocentes con impunidad", dijo Smart.

"No hubo una investigación seria desde que estalló el conflicto", agregó. Amnistía Internacional indica que Israel se limitó a analizar la estrategia militar, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sólo puso atención en los excesos israelíes y que los libaneses ni siquiera pudieron concluir una investigación oficial.

"La comunidad internacional debe intervenir", indicó Whitson en la declaración de HRW y demandó a quienes proveen de armas a Israel y Hezbolá que dejen de hacerlo inmediatamente.

"Quienes cometen crímenes de guerra no pueden quedar sin castigo. Los estados tienen la obligación, como parte de la comunidad internacional, de asegurar que tal cosa no suceda", le dijo Smart a IPS.

Estados Unidos es el principal abastecedor de equipos bélicos a los militares israelíes. Según el Servicio de Investigaciones del Congreso legislativo en Washington, Israel compró armamento por un valor de 8.400 millones de dólares entre 1997 y 2004. De ese total, 7.100 millones, el 84,5 por ciento, provino de Estados Unidos.

HRW publicará en septiembre tres amplios informes sobre violaciones a las leyes humanitarias, basados en investigaciones sobre el terreno realizadas luego del conflicto, tanto en Israel como el Líbano. Estos documentos seguramente confirmarán las denuncias de Amnistía realizadas durante y luego de la guerra.

El conflicto de 34 días entre Israel y Hezbolá finalizó oficialmente en agosto pasado en virtud de un acuerdo de cese del fuego auspiciado por la ONU. Pero expertos de HRW y Amnistía Internacional creen que hasta que el tema de las responsabilidades no sea tratado de manera adecuada la resolución cabal del tema no podrá ser alcanzada.

La inestabilidad política en el Líbano es una constante y los esfuerzos de reconstrucción tras la tregua de agosto demostraron avanzar muy lentamente. Las fuerzas de paz de la ONU continúan siendo blanco de terroristas en el sur del país y el ejército libanés combate a militantes islámicos en el norte.

En Israel, el conflicto con los palestinos es una fuente de tensiones y las fuerzas de Hezbolá permanecen cerca de la frontera norte del país.

"Queremos una investigación imparcial, que asegure que sean castigados todos los que cometieron crímenes. Buscamos un juicio justo para todos", concluyó Smart.

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