El histórico conflicto entre el hombre y el tigre sigue vigente en el santuario indio de Sariska, enorme territorio donde estos grandes felinos se presumen protegidos sin estarlo.
Tres años después del episodio denominado «shock Sariska», cuando se confirmó que no había más tigres de Bengala en la reserva donde solía haber unos 22, las autoridades de conservación todavía no alcanzan un acuerdo aceptable con los 12.000 habitantes humanos del lugar.
La merma de estos animales se atribuye, en parte, a las acciones de los pobladores para proteger sus vidas y a sus 35.000 cabezas de ganado, así como a la supuesta ayuda que brindan a cazadores furtivos.
Esta área de 800.000 kilómetros cuadrados cuenta con 170 aldeas. En 11 de ellas se dispuso que 493 viviendas sean desalojadas para que se asienten en esos predios tigres trasladados desde la reserva Ranthambhore, con el fin de repoblar el área.
«Nos ganamos la vida como pastores. Ningún otro medio de sustento nos permitiría sobrevivir aquí», dijo Madho Rao Gujjar, de la aldea de Kankwadi.
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«En el bosque accedemos gratuitamente a todos los recursos de la madre naturaleza. Todo lo que necesitamos es legitimidad para vivir aquí», explicó Ratanlal Gujjar, de la aldea de Umari.
Pero el departamento forestal defiende su plan, pues, asegura, los cazadores furtivos suelen actuar con la asistencia de residentes del lugar.
En 1973, el gobierno estableció el Proyecto Tigre para afrontar la merma de estos animales. Pero la caza furtiva continuó. Según el propio Proyecto, en 1999 se registraron 38 casos de caza furtiva, que se elevaron a 39 en 2000, a 35 en 2001 y a 47 en 2002.
«Hay menos tigres en un entorno natural hoy que cuando se lanzó el Proyecto Tigre», dijo R. N. Mehrotra, jefe de guardabosques del occidental estado desértico de Rajasthan, donde se encuentra la reserva.
El «shock Sariska» —que coincidió en 2004 con un aumento de la demanda internacional de piel y huesos de tigre, usados con supuestos fines medicinales y afrodisíacos— llevó al primer ministro indio Manmohan Singh a ordenarle a la Fuerza de Tareas Tigre, a cargo del proyecto, una pesquisa sobre el asunto.
El grupo advirtió, un año después: «Humanos versus tigres es el corolario inevitable del debate sobre la conservación. Los aldeanos, metidos entre la administración del parque y el tigre, sienten amargura por su existencia desesperadamente desdichada».
De hecho, los 150 distritos más pobres de India «son los principales hábitat de los tigres, pero incidentalmente áreas tribales», agregó.
El informe señaló que los habitantes de la zona deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda del gobierno, pues si no se alivia su pobreza las tareas de conservación de los tigres fracasarán.
Pero algunos conservacionistas desestimaron el informe. «El mayor inconveniente de la Fuerza de Tareas es que introdujo un nuevo elemento: el debate ‘gente versus tigres’. Las áreas protegidas para tigres deberían ser precisamente éso, para tigres», dijo Belinda Wright, de la Sociedad de Protección de la Naturaleza de India.
Wright también criticó al gobierno por abordar de manera a su entender equivocada el problema de la caza furtiva. «La apatía del gobierno hacia las acusaciones resultaron en una investigación pobre y en una falta de medidas» contra esa práctica, explicó.
«La tragedia es que el gobierno no respondió al problema a comienzos de los años 90. Ahora que la caza furtiva y el comercio ilegal de fauna y flora están en manos de bandas criminales organizadas, es mucho más difícil», agregó.
Activistas acusaron también a las autoridades de estimar una cantidad de tigres mayor a la real mediante el uso del método de cálculo denominado «pugmark», que consiste en contar las huellas de los felinos que habitan un área dada usando moldes de yeso.
«Este método es anticuado, impreciso y fácil de manipular. Así terminamos, con el correr de los años, con cifras amañadas y en constante crecimiento, cuando en realidad la cantidad de tigres se está reduciendo», dijo Wright.
En 34 años, a través del Proyecto Tigre se invirtieron unos 400 millones de dólares en 28 reservas indias.
Los conservacionistas dicen que si estos fondos se hubieran usado para adquirir equipos inalámbricos, sistemas de inteligencia, capacitación del personal y reclutamiento de jóvenes para trabajar en la vigilancia, el «shock Sariska» tal vez podría haberse impedido.
Hoy, guardabosques mal equipados e indefensos deben vigilar esta inmensa área, en una labor extremadamente ardua, sin capacidad para protegerse de cazadores furtivos y animales salvajes.
Las vacantes de personal todavía no fueron completadas. En las dos principales reservas de tigres de Rajasthan, todavía tienen que ser designados 51 guardabosques, 107 asistentes y 541 guardias forestales.
La oficina nacional de delitos contra la naturaleza, cuya creación se propuso tras la desaparición de los tigres de Sariska, aún no está operativa, pues está pendiente una enmienda a la Ley de Protección de la Naturaleza.
También existen iniciativas para crear tribunales especializados en delitos contra la flora y la fauna.
Según la Sociedad de Protección de la Naturaleza de India, un total de 1.898 personas fueron acusadas por su participación en 978 casos que derivaron en la confiscación de tigres, leopardos y nutrias o sus partes en toda India entre 1994 y 2006. Hasta ahora, solamente 30 fueron condenadas.
El fallo más celebrado por un delito contra la naturaleza en los últimos tiempos fue la de la estrella de cine Salman Khan, condenado en 2006 a cinco años de prisión y a una multa de 25.000 rupias (614 dólares) por cazar una chinkara —gacela india— en riesgo de extinción. El actor apeló la sentencia.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
