La comunidad aymara de Cancosa, en el altiplano chileno de Tarapacá, fronterizo con Bolivia, no cejará en su lucha por rehabilitar un humedal que fue desecado por la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), filial de la anglo-australiana BHP Billiton.
Un lamento se le escapa a Antonio Mamani, dirigente de Cancosa, al ver el estado de las vegas y bofedales de la cuenca de Lagunillas, donde se bañaba cuando niño y donde hasta hace poco pastoreaban sus llamas y alpacas.
Las vegas son tierras húmedas y los bofedales son ciénagas de páramo, ambientes típicos de humedal de la puna andina.
En 2005, la gubernamental Dirección General de Aguas (DGA) estableció que este ecosistema se había secado por la extracción de agua subterránea realizada por la explotadora de cobre CMCC.
Miembros de la comunidad de Cancosa, en la comuna de Pica, 170 kilómetros al este de la ciudad puerto de Iquique, aseguran poseer títulos de propiedad sobre ese vasto territorio, confirmados a IPS por Bob Brkovic, abogado de la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de Tarapacá.
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Las vegas y bofedales, que se nutren de aguas superficiales y subterráneas, están legalmente protegidos desde 1992 ya que sirven de forraje y abrevadero de vicuñas, guanacos, llamas y alpacas, principal sustento de muchas comunidades indígenas aymaras, quechuas y atacameñas.
Aunque Cancosa se compone de más de 80 familias, unas 350 personas, en la aldea en plena cordillera de los Andes, a 3.962 metros sobre el nivel del mar, hoy no quedan más de 10 integrantes.
Otros 20 indígenas visitan el lugar para cuidar su ganado y sus plantaciones de quínoa, una planta alimenticia. Uno de ellos es Antonio Mamani, quien entre 1994 y 2000 se desempeñó como subdirector nacional de la Conadi y hoy trabaja en Iquique como secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá.
El resto han emigrado a zonas urbanas en busca de trabajo y educación para sus hijos. Pero, pese a su disgregación física, la comunidad ha estrechado lazos para defender parte de su territorio, que aspiran volver a ocupar.
AYUDA MUTUA
La relación con CMCC partió en los años 80, cuando la minera era de propiedad de la canadiense Río Algom. Tras la privatización de los derechos sobre los recursos hídricos dispuesta en 1981, la empresa solicitó derechos de aprovechamiento de agua por 300 litros por segundo del acuífero de la cuenca de Lagunillas, propiedad de Cancosa.
Según Mamani, CMCC se acercó a los aymaras para entablar una relación de "ayuda mutua": la minera apadrinó a la comunidad y ésta le arrendó en 1991 el predio Huantija por un periodo de 30 años. La suma pactada fue de 6.000 dólares anuales, cancelada en cuatro cuotas trimestrales, que al cabo del periodo sumarán 180.000 dólares. Los aymaras utilizan ese dinero para diferentes proyectos de desarrollo y actividades culturales.
La comunidad aceptó que CMCC realizara "trabajos de exploración tendientes a encontrar agua subterránea" e instalara los pozos necesarios para "alumbrarla". La única "limitación" era la prohibición de efectuar faenas en las vertientes y en la enorme laguna de Huantija aledaña al bofedal.
CMCC, productor de 116.000 toneladas anuales de cátodos de cobre que extrae de un yacimiento a cielo abierto, comenzó sus operaciones en 1994. El agua que saca del acuífero de Lagunillas a través de tres pozos es trasladada por un acueducto de 76 kilómetros hacia la mina ubicada en la vecina comuna de Pozo Almonte.
En 2000, la empresa fue adquirida por la británica BHP, que en 2003 se fusionó con Billiton. Y en 2002, la comunidad notó que el nivel de agua de la laguna había bajado y que las cinco vertientes de agua dulce y el bofedal se habían secado. "Nos sentimos engañados", exclama Mamani.
La DGA constató en febrero de 2005 "un manifiesto daño ambiental sobre casi la totalidad del bofedal de Lagunillas". "Las especies que conforman el sistema vegetacional han muerto en grandes sectores del bofedal y en otros su condición es paupérrima", dice un informe del organismo.
"El estado de degradación" era tal que "su autorrecuperación o recuperación natural ya no es posible", remarcó la DGA, y consideró que "existe suficiente evidencia que demuestra que se estaría ante una desecación del humedal debido a las extracciones de agua subterránea que realiza CMCC en la cuenca", pues el acuífero bajó en ocho metros su nivel.
CMCC, que dice bombear 125 litros de agua por segundo, no reconoce su responsabilidad. La afectación del bofedal se debió a una inundación causada por las altas precipitaciones de 2001, "evento natural que se combinó con un efecto producto del bombeo, el que principalmente tuvo consecuencias en el flujo natural de las vertientes", indicó una fuente de la empresa a IPS.
En marzo de 2005, la DGA recomendó a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Tarapacá iniciar un proceso de sanción contra CMCC por incumplimiento de obligaciones ambientales.
La minera se había comprometido a vigilar el comportamiento de la cuenca y a informar inmediatamente de algún impacto no previsto con el fin de revertirlo.
No fue hasta febrero de 2006, casi un año después, que la Corema resolvió castigarla con las multas más elevadas (40 millones de pesos, unos 80.000 dólares) y enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para demandar judicialmente la acción de reparación de daño ambiental.
Tras un año de alegatos de la empresa, en mayo de 2007 la Corema —integrada por autoridades locales, representantes de la ciudadanía y organismos técnicos— decidió de forma unánime mantener la multa, pero, en votación dividida, no remitir el caso al CDE.
La intendenta (representante del gobierno nacional) de la región de Tarapacá y presidenta de la Corema, Antonella Sciaraffia, dijo a IPS que se decidió no requerir la actuación del CDE porque los "organismos técnicos" evaluaron "positivamente" el sistema de mitigación que CMCC inició en el sector hace un año, pese a que, paradójicamente, éstos votaron a favor de seguir acciones legales.
"El principal (resultado del plan) es que hay una reactivación de la vegetación en más de 60 por ciento del área del bofedal afectado, además de un aumento en la cobertura" vegetal, aseveró a IPS la minera. "Junto con ello, estamos aplicando pruebas de propagación vegetacional asistida y vamos a evaluar la reubicación del pozo más cercano al bofedal hacia un punto más lejano", agregó.
Pero la directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) en Tarapacá, Sandra Peña, explicó a IPS que el bofedal se dividió en varias parcelas y que en sólo una de ellas se observa una recuperación.
Además, Peña puso en duda la efectividad de este "círculo cerrado", dado que esa mitigación del daño implica el riego artificial de las vertientes con agua que la empresa bombea desde el mismo acuífero afectado. "Yo no soy tan optimista como la empresa", aclaró.
Más aún, este plan todavía no ha sido aprobado por la Corema, proceso que podría durar un par de meses, y en el que se determinará si el humedal puede ser rescatado, de qué forma y en qué plazos, indicó la autoridad.
Asimismo, de oficializarse el proyecto, la empresa deberá dejar establecido en algún documento legal que se preocupará de la reparación del sector después de terminadas sus operaciones en 2016, añadió Peña. La empresa asegura que su plan es a corto, mediano y largo plazo, inclusive más allá del fin de la explotación de cobre.
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
Desilusionada por la lentitud de los organismos públicos, la comunidad de Cancosa, dotada de personería jurídica desde 1995 de acuerdo con la Ley Indígena de 1993, presentó dos demandas contra CMCC.
La primera es por indemnización de perjuicios por daño ambiental (por 40 millones de dólares), interpuesta el 25 de abril de 2006, y la segunda es por reparación de daño ambiental, entablada el 18 de abril de 2007. En ambos casos la discusión de fondo está paralizada por la presentación de recursos dilatorios de la empresa, aseguró a IPS Rodrigo Muñoz, abogado que representa a los aymaras.
Ambos procesos pueden demorar hasta nueve años en obtener un fallo definitivo. Pero Muñoz y Brkovic creen que la comunidad obtendrá una sentencia favorable por la contundencia de los informes de la DGA, la jurisprudencia que se ha sentado en los últimos años a favor de los pueblos indígenas y el alto grado de movilización de la comunidad, que cuenta con varios profesionales entre sus miembros.
Nancy Yánez, co-directora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que apoya a otras cinco comunidades del norte con problemas parecidos, aseguró a IPS que el caso de Cancosa "es emblemático porque es una muestra de cómo opera la minería en el altiplano".
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), dijo a IPS que "no se puede desarrollar minería en cualquier lugar. Es hora de ponerle límites", pues cada día hay más proyectos que se instalan en la alta cordillera, cerca de glaciares o nacientes de cursos de aguas.
Para la Conadi, la relación entre las mineras y las comunidades indígenas ha sido "nefasta", pese a la gran cantidad de recursos que entregan, porque han creado conflictos entre los grupos que reciben apoyo y los que no, generando un cierto grado de "subordinación".
Cancosa no se niega a un acuerdo con la minera para recuperar el bofedal, pero esto depende de la voluntad de la empresa de invertir lo necesario. Piensan conversar directamente con los dueños de BHP Billiton para exponerles el caso y no descartan recurrir a instancias internacionales.
"Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por defender nuestros derechos, porque pensamos que el daño es muy grande. Nos ha dañado un patrimonio cultural, que ya no puede ser ocupado como destino turístico. Nuestros padres se han ido con el dolor de haber entregado inocentemente nuestra riqueza", concluyó Fidel Challapa, presidente de la comunidad.
