Bajo la excusa de «objeción de conciencia», una buena parte de los médicos de Portugal impiden a las mujeres acogerse a la ley que autoriza el aborto inducido hasta las 10 semanas de gestación y que entró en vigor el domingo.
Después de las 10 semanas de embarazo, la interrupción voluntaria es legal hasta las 16 semanas en casos de violación y cuando se constate malformación congénita o enfermedad incurable del feto, hasta la semana 24 de gestación.
Al cumplir un día de vigencia, la ley que emanó del referendo del 11 de febrero no consigue que muchas mujeres hagan uso de su derecho a interrumpir el embarazo, pese a que el "Sí" a la despenalización logró 59,3 por ciento de sufragios, frente a 40,8 por ciento del "No".
La razón no es técnica ni política. Muchos hospitales públicos no logran atender los pedidos porque la mayoría de sus médicos se niegan a realizar la intervención.
El Ministerio de Salud reconoció este lunes que la objeción de conciencia esgrimida por los médicos deja al Estado de manos atadas, pues no tendrá otra alternativa que hacer cumplir la ley contratando a profesionales fuera de las unidades hospitalarias.
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Vasco Freire, dirigente de Médicos por la Opción, uno de los movimientos cívicos que más se empeñaron en la campaña por el Sí, reconoció a IPS que había colegas esgrimiendo preceptos morales para no practicar abortos, "pero, en muchos casos, la objeción de conciencia la aplican sólo en hospitales del Estado y no en la medicina privada".
Esa opinión fue compartida por el ginecólogo Miguel de Oliveira e Silva, autor de varios libros sobre el aborto, para quien el problema central reside en la mentalidad de los médicos portugueses.
Está "el código muy conservador de los médicos portugueses", pero también existen muchos casos en que "durante la mañana, en el Servicio Nacional de Salud, son objetores de conciencia, pero en la tarde, cuando practican la medicina privada, ya no lo son", apuntó.
"Ni el referendo ni la legislación cambiaron la cabeza de los médicos" y "es por eso que, recientemente, el Ministerio de Salud estableció negociaciones para la 'privatización del aborto'", sentenció Oliveira e Silva.
Los casos más evidentes son los de los hospitales septentrionales de Santo António de Oporto, Viana do Castelo y Matosinhos, en el São Francisco de Xavier de Lisboa, Torres Vedras y Caldas da Rainha, en la región central de Portugal, el de Évora, en el sur, y de todos los de los archipiélagos de Madeira y de Azores, excepto el de la isla de Faial.
Pero además, en los hospitales de todo el país hay médicos objetores de conciencia que retrasarán las intervenciones, pues hay listas de mujeres que esperan una consulta previa, en especial en los servicios de ecografías, imprescindibles por ley para probar la fecha de gestación y formalizar la cita de la intervención, que puede demorar unos 15 días.
En Madeira, la región más religiosa y conservadora del país, la polémica ya adquirió un tono dramático.
El secretario regional de Asuntos Sociales de Madeira, Francisco Jardim Ramos, dijo el domingo que Lisboa "no puede imponer colonialmente a esta región autónoma una ley que 64 por ciento de la población (del archipiélago) rechazó en el referendo".
En su inmediata respuesta, el ministro de Salud, António Correia de Campos, admitió la posibilidad de que las mujeres de Madeira viajasen al continente para practicarse un aborto, siempre que la comunidad autónoma financiara el viaje, a lo que Jardim Ramos replicó que debía ser el gobierno central el que asumiera esos gastos.
El domingo, varios movimientos cívicos contrarios al aborto realizaron manifestaciones frente a hospitales en todo el país, "acciones que simbolizan lo que nosotros defendemos: presentar alternativas a una ley que es objetivamente mala", explicó Catarina Almeida, activista contra el aborto.
Para aplicar la ley, el Servicio Nacional de Salud calcula que deberá gastar unos ocho millones de dólares por año, según una estimación de entre 17.000 y 18.000 abortos anuales, con un costo unitario de entre 467 y 608 dólares, según el método, farmacéutico o quirúrgico. En casos de hospitalización, los costos podrían trepar hasta 1.470 dólares.
Con esta ley, Portugal deja el grupo de los países más conservadores de la Unión Europea (UE) en la materia, formado por Irlanda, Malta y Polonia, que cuentan con las leyes más restrictivas de los 27 integrantes del bloque, pues sólo autorizan la intervención en caso de que peligre la vida de la mujer.
Hasta febrero, Portugal era el único de la UE donde las mujeres que decidían abortar eran condenadas a penas de hasta tres años de prisión, con la consecuente humillación pública cuando la sentencia era leída en los tribunales, con cámaras de televisión apostadas a las puertas de los juzgados. Los países europeos más liberales son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, República Checa, Rumania y Suecia, que permiten el aborto a pedido de la interesada en la de "embarazo precoz", que varía según la legislación entre las 12 y las 24 semanas de gestación.
En Finlandia y Luxemburgo es necesario invocar razones de violación, u obtáculos socio-económicos o socio-médicos.
España es un caso único, pues la ley permite un "escape" al que recurren muchas mujeres: la interrupción de la gravidez en caso de "un grave riesgo mental o físico para la salud, hasta las 22 semanas" de gestación.
