Aunque el gobierno salvadoreño exhibe como un éxito las estadísticas sobre reducción de la crónica pobreza de este país, expertos nacionales e internacionales se suman a las voces de ciudadanos comunes para poner en duda la validez de las cifras oficiales.
"Nos toca una muy difícil, a veces sólo hacemos un tiempo al día" —sólo una comida— "y eso cuando he tenido trabajo", decía a IPS Juan Villanueva, residente de un barrio marginal en las afueras de San Salvador mientras en un hotel capitalino el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelaba un informe sobre la reducción de la pobreza.
Especialistas y representantes de la sociedad civil, e incluso el redactor del informe del PNUD, reconocen que el estudio plantea dudas a causa de los parámetros utilizados por el gobierno para medir la pobreza.
Expertos consultados por IPS indican que no sólo la pobreza no disminuyó sino que habría aumentado. Consideran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, junto con los datos sobre remesas de dinero de los emigrados salvadoreños, ofrecen un panorama engañoso.
Carlos Acevedo, economista del PNUD y autor del informe, manifestó a IPS que el documento utiliza la diplomacia al reconocer que la pobreza decreció, pero también señaló que el resultado se debe a la forma en que se midieron las variables económicas.
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El informe del PNUD indica que en 1991 había 31,5 por ciento de hogares en situación de pobreza y 28,2 por ciento en pobreza extrema. Se afirma que en 2005 los hogares pobres disminuyeron a 22,8 por ciento y los indigentes a 12,3 por ciento.
Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran una realidad diferente. Según el Panorama Social de América Latina 2006, en 2004 (último año con estadísticas disponibles) 40,4 por ciento del total de hogares del país eran pobres y 15,6 por ciento estaban bajo la línea de indigencia.
"Lo sospechoso de esa línea nacional de pobreza es que para el gobierno el costo de la canasta básica ha venido disminuyendo. Así, en la actualidad, comprarla sería más barato que hace 10 años, lo cual la gente no cree", explicó Acevedo.
De acuerdo con los índices oficiales, la canasta urbana por familia (4,2 personas) costaba 143 dólares en 1996 y 137 en 2005. Para el área rural (hogares de 4,5 personas en promedio) los valores para esos años fueron 110 dólares y 88, respectivamente.
Sin embargo, según Acevedo, bastaría con ajustar la canasta en base a la evolución del rubro alimentos del IPC, según los índices de la gubernamental Dirección General de Estadísticas y Censos para establecer que su valor actual es de 212 dólares y 148 para las áreas urbana y rural, respectivamente.
El salario mínimo vigente en el área urbana ronda los 170 dólares y la canasta básica de alimentos sólo incluye la comida indispensable para la subsistencia. No la integran servicios como teléfono y electricidad, ni el costo de enviar a los niños a la escuela, entre otros rubros.
Villanueva, el residente del barrio marginal Lomas de Mariona, a ocho kilómetros de San Salvador, cree que las cifras gubernamentales "son puras mentiras". Se percibe que la pobreza extrema le carga algunos años extra a los 55 que su documento.
Villanueva y su pareja Antonia tienen siete hijos, que van de los dos a los 12 años de edad. Sobreviven en una casa parcialmente destruida, sin servicio de agua potable ni energía eléctrica.
Los niños, que no asisten a la escuela por falta de recursos, se turnan para ir por agua a la "Cantarera", un grifo público a medio kilómetro de la casa familiar, mientras Villanueva busca un empleo circunstancial para sobrellevar su miseria, asistido por Oscar y Jesús, sus hijos de 12 y nueve años.
El gobierno salvadoreño creó en 2005 el programa "Red Solidaria" como instrumento para luchar contra la pobreza. Las familias carenciadas en 32 pueblos del área rural reciben 15 dólares mensuales, con una inversión total de cuatro millones de dólares hasta hoy.
Mario Paniagua, director ejecutivo de la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social, se declaró no convencido por las cifras del informe del PNUD.
Paniagua recordó que por muchos años se ha advertido que la metodología para medir la pobreza tiene vacíos, particularmente porque los precios de la canasta de alimentos no han sido actualizados.
Además, a causa de las altas tasas de emigración, el gobierno ha convertido los envíos de remesas desde el exterior "en una estrategia nacional para el combate de la pobreza", afirmó.
En 2006, El Salvador recibió más de 3.300 millones de dólares en remesas de los emigrantes, lo que equivalió a 17 por ciento del Producto Interno Bruto, según cifras del Banco Central de Reserva.
Datos del Centro de Recursos Centroamericanos indican que unos 700 salvadoreños abandonan el país todos los días en busca de empleos y salarios dignos principalmente en Estados Unidos, donde viven unos 2,3 millones de los 2,5 millones que residen en el exterior.
Acevedo coincide con Paniagua. "Mi hipótesis es que la pobreza se está eliminando fundamentalmente gracias a la emigración y las remesas", sostuvo.
El mero hecho de que los pobres emigren reduce la dimensión de la pobreza, sin tomar en cuenta que luego envían remesas a sus familiares, lo que ayuda a sus familiares a cruzar la línea que los separa de los "no pobres".
El PNUD estima que existe un subregistro sobre el impacto de las remesas, ya que las encuestas de hogares no reflejan ni la tercera parte de lo reportado por el Banco Central..
"Si no hubiera remesas, la tasa de pobreza podría ser de 20 puntos porcentuales más", puntualizó Acevedo.
