La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, valoró el marcado descenso del desempleo y la pobreza registrado en los últimos años en su país, saliendo al paso de críticas a la medición oficial de esos indicadores.
"Hemos creado 210.000 nuevos empleos en 12 meses" y "las tasas de desempleo son las más bajas desde 1998", dijo Bachelet este jueves.
La presidenta chilena aseguró que el incremento del ingreso mínimo mensual ascendió a 6,7 por ciento, "el mayor aumento porcentual" desde 1990 y "las proyecciones de desarrollo económico son las mejores en varios años".
Además, "hemos disminuido la pobreza y la indigencia", agregó.
La presidenta, de filiación socialista y en el poder desde marzo de 2006, sostuvo que "la brecha entre el 20 por ciento de mayores ingresos y el 20 por ciento de menores ingresos se reduce a la mitad cuando uno toma en cuenta los efectos de las políticas sociales muy concretas".
"Gracias a los ingresos que el Estado transfiere en subsidios monetarios, en educación y en salud, los hogares que pertenecen al 10 por ciento más pobre del país casi triplican sus ingresos", indicó la jefa de Estado, antes de partir a Asunción, donde participará en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur).
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó el miércoles que el desempleo del trimestre marzo-mayo fue de 6,7 por ciento, es decir 2,1 puntos porcentuales menos que un año atrás y 0,1 punto porcentual menos que el trimestre anterior.
El empleo aumentó en todas las ramas de actividad. La ocupación femenina registró la variación más alta en lo que va del año, de 4,7 por ciento.
"Cada chileno y chilena está comprobando diariamente que estamos cumpliendo con las promesas de ir entregando, gradualmente, mejores condiciones y mejores oportunidades", afirmó Bachelet.
La mandataria atribuyó esos logros a los programas implementados por los cuatro gobiernos de la Concertación, coalición de centroizquierda en el poder desde 1990, incluido el suyo.
La ministra de Planificación y Cooperación, Clarisa Hardy, cuya cartera está a cargo de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, divulgó este jueves los resultados del sondeo en materia de ingresos autónomos, distribución del ingreso e impacto distributivo del gasto social.
"La distribución del ingreso autónomo se mantuvo estática entre 1990 y 2003, presentando una alta concentración (cercana a un 42 por ciento) en los hogares pertenecientes al decil (10 por ciento) de mayores ingresos del país", indica el informe del Ministerio de Planificación sobre esta encuesta, cuyos datos se recabaron en 2006 y que se realiza cada tres años.
Pero la medición de 2006 reveló la primera mejoría en 16 años de la distribución del ingreso autónomo, es decir, el generado por los hogares por sus propios medios, sin contar las transferencias del Estado.
Según el informe, entre 2003 y 2006 se mantuvo "inalterada", en 1,2 por ciento, la participación en el ingreso autónomo del décimo más pobre de la población, mientras la del décimo más rico se redujo de 41,5 a 38,6 por ciento. La participación del resto de los deciles, es decir los sectores de ingreso medio, aumentó.
También se analizó el comportamiento del Coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados en esta materia, según el cual el cero representa la máxima igualdad de ingresos y el uno la máxima desigualdad.
"Luego de mantenerse oscilando marginalmente en torno a un valor de 0,57 entre 1990 y 2003, (el coeficiente) se reduce a un 0,54 en 2006, el menor valor observado en los últimos 16 años para el ingreso autónomo", indica el informe.
"En todo caso, es innegable que la distribución del ingreso autónomo continúa siendo altamente desigual en el país, con el 20 por ciento de hogares de mayores ingresos aún concentrando más de 50 por ciento del total de ingresos autónomos, en tanto que el 20 por ciento de hogares de menores ingresos reciben sólo 4,1% de estos ingresos", concluye el estudio.
El 8 de este mes, el gobierno divulgó las primeras conclusiones de esta medición, según la cual la pobreza se redujo de 18,7 a 13,7 por ciento de la población entre 2003 y 2006.
En 1990, casi cinco millones de chilenos, 38,6 por ciento de la población, vivían en la pobreza, cifra que se redujo 2,2 millones a 2006, es decir, 13,7 por ciento de los habitantes. En tanto, la indigencia se redujo desde 4,7 por ciento en 2003 a 3,2 por ciento en 2006.
La encuesta también revela que del total de mujeres del país, 14,3 por ciento son pobres, mientras que esta proporción se reduce a 13 por ciento en el caso de los hombres.
Además, por primera vez el estudio determinó que la pobreza rural es menor que la urbana. Entre 2003 y 2006, la primera pasó de 19,9 a 12,3 por ciento y la segunda de 18,5 a 14 por ciento.
La oposición derechista relativizó estos resultados luego de que la directora del INE, Mariana Schkolnik, informara que el Ministerio de Planificación no le solicitó a su organismo la última canasta básica actualizada (1997) para establecer las líneas de indigencia y pobreza. Por lo tanto, la encuesta utilizó la canasta calculada en 1987.
Pero las especulaciones sobre a la metodología utilizada comenzaron antes, tras la sorpresiva renuncia de la encargada de la encuesta, Alicia Leiva, un día después de conocidas las conclusiones de la muestra.
La ministra de Planificación atribuyó la dimisión a "razones personales", pero medios de prensa afirmaron que Leiva no habría estado de acuerdo con que se adelantara la publicación oficial de los datos, porque tenía dudas sobre algunas cifras.
Además, expertos de universidades y centros de estudio del país criticaron la falta de claridad sobre el llamado "ajuste por Cuentas Nacionales", dardos que han alcanzado a la Comisión Económica de las Nacines Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal).
Este organismo está a cargo de ajustar los ingresos declarados por los encuestados a la información de ingreso nacional que se desprende de las cuentas globales, dado que tanto los sectores más ricos como los más pobres tienden a subdeclarar sus ingresos.
Portavoces de la Cepal indicaron a IPS que esta agencia internacional "no dará entrevistas en este momento por ser un tema delicado".
Además, María Angélica Cristi, diputada de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), de derecha, advirtió este jueves que las planillas denominadas Ficha de Protección Social, con la cual se elaboró la encuesta oficial, adolece de "absoluta ineficacia" frente al formulario anterior, la Ficha de Caracterización Socioeconómica.
A juicio de Cristi, se han detectado "graves errores" de diseño e implementación.
La principal diferencia entre la Ficha de Caracterización Socioeconómica y la Ficha de Protección Social radica en que la segunda no contiene preguntas relativas a equipamientos y enseres del hogar, sino que se concentra en características y vulnerabilidades de las familias.
Por otra parte, la no gubernamental Fundación Un Techo Para Chile informó este jueves que hoy existen 533 asentamientos irregulares en todo el país, donde viven casi 28.000 personas.
En la presentación del catastro, el sacerdote Felipe Berríos, capellán de la fundación, dijo que se contabilizaron más asentamientos que en 2005, lo que se explica por un mejoramiento de la metodología utilizada, dado que, a su juicio, la pobreza ha disminuido notoriamente en Chile y ahora es posible identificar microcampamentos.
La mayoría de los asentamientos, donde no existe ni agua potable ni alcantarillado, se encuentra en la región metropolitana de Santiago, con 121, y en sureña región del Bio-Bío, con 70.
