Activistas de Zambia contra la pena capital temen por la fragilidad de la moratoria a las ejecuciones actualmente vigente, mientras jueces y legisladores presionan para preservar el máximo castigo.
Desde 1964, cuando Zambia se convirtió en país independiente, 53 personas fueron llevadas a la horca.
Pero en 2004, el presidente Levy Mwanawasa anunció que no firmaría ninguna sentencia de muerte mientras estuviera en el poder. Para dejar en claro su compromiso, conmutó las sentencias a muerte de unos 46 soldados rebeldes acusados de traición luego de un fallido golpe de Estado en 1997.
Mwanawasa fue reelecto el año pasado, y aseguró que la moratoria se mantendría hasta 2011.
Sin embargo, el compromiso del presidente no logró influir en las recomendaciones de la Comisión de Revisión Constitucional. En diciembre de 2005, ese organismo exigió mantener la pena de muerte en la carta magna.
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A fines del año pasado, hubo un segundo ataque importante a las esperanzas abolicionistas, cuando la Suprema Corte rechazó un desafío legal a la constitucionalidad de la pena de muerte.
Kevin Hang'andu, prominente abogado y activista, había argumentado que como la pena capital violaba el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe "el castigo cruel, inhumano y degradante". El caso involucró a Benjamin Banda y Cephas Kufa Miti, condenados a muerte en 2000 por robo armado, un delito capital en Zambia.
"El fallo de la Suprema Corte esencialmente certificó el uso de la pena de muerte en cualquier circunstancia, al sostener que el artículo 12 de la Constitución permite específicamente su aplicación, desviándose del derecho a la vida", dijo Hang'andu a IPS.
Su preocupación es que la moratoria descansa sólo en un individuo: el presidente. "Mi duda como abogado es que hace muchos siglos los ingleses descubrieron que la seguridad de la comunidad no radicaba en la benevolencia de los buenos gobernantes, sino en las buenas leyes. Los buenos gobernantes van y vienen, pero las buenas leyes son perpetuas", dijo.
"Si Levy Mwanawasa, que está finalizando su gobierno, desaparece de escena, solamente podemos especular sobre el destino de los prisioneros" que actualmente esperan ser ejecutados, agregó.
El activista criticó la falta de reacción del gobierno ante el fallo de la Suprema Corte. "No hubo ni una palabra", dijo.
El gobierno debería realizar una campaña educativa a fin de preparar a la población para que tome decisiones informadas en un momento en el que hay tanta controversia sobre una nueva Constitución, sostuvo.
Enocent Silwamba, obispo de la Iglesia de la Santidad Pentecostal y director ejecutivo de Prison Fellowship, organización no gubernamental cristiana de Zambia que trabaja por el bienestar de los prisioneros, se hizo eco del llamado a que los ciudadanos estén informados sobre la pena capital.
Hace dos años hubo una fuerte campaña organizada por la sociedad civil. Pero ahora el público está preocupado con otros temas importantes, como los referidos a la revisión de la Constitución.
"Pienso que necesitamos reavivar la campaña", afirmó Silwamba, subrayando que Zambia debería seguir la tendencia global hacia la abolición de la pena de muerte.
"Deberíamos mirar sentencias alternativas. En Zambia no matan inmediatamente, sino que mantienen a los prisioneros esperando su ejecución durante años", declaró a IPS.
"¿Por qué mantenemos la pena de muerte si no estamos preparados para ahorcarlos una vez que son condenados? Sería útil darles otra chance, incluso a aquellos que cometieron delitos graves. Cuando termina la justicia, comienza la piedad", agregó.
Algo debe hacerse para reducir el número de personas en la fila al cadalso en Mukobeko, sostuvo.
Mukobeko es una prisión de alta seguridad 150 kilómetros al norte de Lusaka. Allí hay unos 290 sentenciados a muerte.
Enock Mulembe, de la abolicionista Comisión Permanente de Derechos Humanos, confirmó que la superpoblación de Mukobeko genera graves problemas. Los reclusos viven hacinados de a seis o siete en una celda prevista para una persona, dijo.
La Comisión sostiene que la pena capital no es un disuasivo efectivo contra los delitos graves. "Por lo tanto, no vemos ninguna justificación para que Zambia continúe conservar el castigo", dijo Mulembe a IPS.
Amnistía Internacional también llamó al gobierno a comprometer al público en un debate sobre la pena de muerte." La voz de quienes se oponen al castigo máximo ahora son débiles y la mayoría de la población del país está a favor de mantener la pena capital", dijo a IPS el director ejecutivo para Zambia, Charles Mulenga.
"El gobierno siempre debe asumir el liderazgo en asuntos de derechos humanos y brindar orientación. Muchas personas se resisten a la abolición por ignorancia", señaló.
Abolir la pena de muerte alentaría a otros países de la región a hacer lo mismo. "Sería un ejemplo de cómo el buen liderazgo puede avanzar y abolir la pena aunque la mayoría esté, todavía, a favor de mantenerla", sostuvo.
El debate actual sobre la nueva Constitución da la oportunidad de evaluar todos los argumentos y decidir si el castigo máximo debe permanecer en el sistema legal, dijo a IPS el abogado constitucionalista Chaloka Beyani.
Es un momento de desafíos y pruebas, coincidió Hang'andu. Ahora el gobierno debe declarar su posición en forma inequívoca sobre la recomendación de la Comisión de Revisión Constitucional.
"Pienso que el jefe de Estado hizo algo al negarse a firmar cualquier sentencia de muerte, y espero que ahora sus ministros puedan aprender lecciones de él", señaló.
