El fantasma del ex primer ministro Maurice Bishop continúa flotando sobre Granada, 24 años después de su fusilamiento y el de miembros de su gobierno.
Esa masacre puso fin al gobierno de izquierda iniciado cuatro años antes, con el golpe de Estado contra el excéntrico primer ministro Eric Gairy, en lo que fue el primer cambio de gobierno violento de este país caribeño angloparlante.
Mientras la jueza Francis Belle condenaba el miércoles al cabecilla del golpe contra Bishop y viceprimer ministro de su gobierno, Bernard Coard, a 40 años de trabajos forzados, los hechos de octubre de 1983 volvieron a inundar una isla todavía incapaz de cerrar este capítulo oscuro de su historia.
El 19 de octubre de ese año, Bishop, su pareja y ministra de Educación Jacqueline Creft, dos ministros más del denominado Gobierno Revolucionario del Pueblo de Granada y una decena de sindicalistas fueron fusilados en un cuartel
Estados Unidos invadió Granada seis días después de las ejecuciones y derrocó a Coard.
El primer ministro Keith Mitchell dijo esta semana que Washington no colaboró con la búsqueda de los restos de Bishop, su canciller Unison Whiteman, la ministra de Educación y de Asuntos Femeninos Jacqueline Creft, el de Vivienda Norris Bain y otros.
"Es importante que los cuerpos sean hallados, para que sus familiares comiencen a sanar", dijo Mitchell. La audiencia en la que se dictó la sentencia definitiva de Coard había revivido "recuerdos de los trágicos acontecimientos", agregó.
Mitchell dijo que también estaba preocupado por el estado psicológico de las familias de los asesinados, que organizaron protestas diarias frente a tribunal especialmente constituido durante los últimos ocho días de la audiencia definitiva.
Esta instancia judicial fue impuesta por el Privy Council, órgano máximo de apelación de los países de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), con sede en Londres.
A comienzos de este año, este cuerpo de justicia, que forma parte de la Cámara de los Lores (alta) del parlamento británico, estableció que las condenas a muerte impuestas a Coard y a otras 12 personas por su conexión con las matanzas fueron inconstitucionales.
Ese dictamen invalidó el proceso, aun cuando esas sentencias habían sido conmutadas a cadena perpetua por las autoridades granadinas.
Durante la audiencia, algunos familiares conmovidos por los desgarradores detalles de la muerte de sus seres queridos insultaron a los acusados.
Peter Bain, hermano de uno de los asesinados en 1983, les arrojó agua a los acusados. El familiar de otra víctima se puso de pie y gritó: "Criminales, asesinos, ustedes no deben ser liberados, deberían ahorcarlos."
Luego Bain atribuyó su actitud al "dolor e indignación", luego de oír la descripción de los fiscales sobre el fusilamiento y cremación de su hermano.
El consejero de la reina británica Edward Fitzgerald, quien dirigió a los 16 abogados a cargo de la defensa ante el Privy Council, dijo que, según los acusados, sus acciones no constituyeron homicidio.
"Continúan sosteniendo su inocencia. Tienen una filosofía política y moral para lo que ocurrió ese día. Lamentan lo sucedido. Nada de lo que yo diga puede eliminar el dolor, el sufrimiento y la trágica pérdida de vidas", dijo Fitzgerald.
"Por un periodo de una hora o más el 19 de octubre de 1983, ocurrió esto en el contexto de escalada de una crisis que se salió de control. Ambas partes recurrieron a un enfrentamiento violento y luego corrió sangre", agregó.
Fitzgerald declaró al tribunal, que tras el arresto de sus clientes por parte del ejército estadounidense y la imposición de la pena capital, los condenados pasaron cuatro años y medio esperando ser llevados al cadalso. En 1991, dos de ellos estuvieron muy cerca de la ejecución.
La defensa usó declaraciones de varias personas, entre ellas la legisladora estadounidense Maxine Walters, para apoyar la liberación de los condenados, especialmente de Coard, que, según aseguran, se está quedando ciego.
Pero el director de Juicios Públicos, Christopher Nelson, argumentó que los delitos cometidos eran serios y merecían una condena no menor a la cadena perpetua, dado que la pena de muerte ya no estaba disponible entre las opciones.
"Ésta es una determinación judicial para un delito atroz por del que el jurado dijo que todos eran culpables", sostuvo.
Ramesh Lawrence Maharaj, ex fiscal general y abogado experto en derechos humanos de Trinidad y Tobago, coincidió en que es necesario un "serio castigo".
"El tribunal tiene la responsabilidad de proteger el interés público y yo pido que la condena sea a cadena perpetua, con periodos consecutivos para cada uno de los 11 cargos", dijo.
En su fallo ante un tribunal silencioso el miércoles, la jueza se manifestó convencida de que los condenados habían mostrado remordimientos y que no constituían un riesgo para la sociedad.
"Tomando en cuenta el buen carácter y el buen comportamiento en prisión en todos los casos, he decidido darles 40 años, que es lo máximo para dos cadenas perpetuas consecutivas en algunas jurisdicciones", explicó.
Al condenar individualmente a los 13 acusados, la jueza dijo que los 24 años ya pasados en la cárcel deberían computarse.
Como consecuencia, Cecil Prime, Lester Redhead y Christopher Stroude, condenados a 30 años de prisión, serán liberados el miércoles. La jueza también recomendó que la Junta de la Prisión practique exámenes médicos a John Ventour y Colville McBarnette durante un periodo de entre seis y 12 meses.
Señaló que las autoridades también deberían considerar la remisión de la pena para el ex comandante del ejército Hudson Austin por el tiempo que pasó reconstruyendo la prisión tras el pasaje del huracán Iván hace pocos años.
De los 17 condenados por la masacre de 1983, la esposa de Coard, Phyllis, fue liberada en 2000 por razones de salud. Los restantes tres quedaron en libertad en diciembre pasado.
