La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se negó a revisar la condena a muerte de Troy Anthony Davis, acusado de asesinato en el sudoriental estado de Georgia a quien le queda un solo recurso judicial para esquivar la ejecución.
Defensores de la abolición de la pena capital advierten que la situación de Davis debe ser atendida por la justicia, pues en el juicio no se consideraron pruebas importantes en su favor.
Davis fue hallado culpable en 1991 de asesinar al policía Mark McPhail, a pesar de que la fiscalía no contaba con ninguna prueba física. Las autoridades ni siquiera hallaron el arma homicida.
"La decisión de la Corte Suprema prueba que la justicia es realmente ciega, ciega ante testimonios coaccionados y desmentidos y ciega ante las dudosas circunstancias por las que se acusó a un hombre", señaló Larry Cox, director ejecutivo de la filial estadounidense de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
"A veces hay en este país casos emblemáticos de aplicación disfuncional de la justicia. Al negarse a revisar serias evidencias de inocencia, la Corte Suprema reveló fallas catastróficas en la maquinaria de muerte de Estados Unidos", añadió Cox.
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Los opositores a la pena capital también subrayaron que Davis es negro y McPhail, blanco, lamentable tendencia de larga data en las condenas a muerte de este país.
"Te condenan a muerte no por ser negro o blanco, sino porque la víctima era blanca", explicó a IPS Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre Pena de Muerte.
Desde 1976 hasta ahora, 34 por ciento de los ejecutados eran negros y 79 por ciento de las víctimas de los crímenes en cuestión, blancas, según estadísticas de ese Centro, actualizadas esta semana.
Casi 42 por ciento de los reclusos del pabellón de la muerte son negros, 10 por ciento, de origen latinoamericano y 45 por ciento, blancos.
Los fiscales armaron el caso en función de nueve testigos que afirmaron que Davis había sido el atacante.
Desde la acusación, siete de esos testigos se retractaron en declaraciones juradas y varios aseguraron haber sido coaccionados por la policía para que acusaran a Davis.
"Un testigo firmó una declaración según la cual Davis era el agresor. Pero después dijo: 'No leí la declaración porque no sé leer'", según Amnistía.
La policía le advirtió a otro testigo que, como cómplice del asesinato de un policía, iría muchos años a prisión y tendría suerte si lograba salir algún día, afirmó la organización humanitaria. "Sólo tenía 16 años y mucho miedo de ir a la cárcel'", añadió.
"Los tribunales sospechan de las nuevas pruebas. No las consideran tan confiables como las presentadas en el juicio, pero a veces la nueva evidencia es más confiable", señaló Dieter.
El caso se complicó más porque varios testigos señalaron que otro hombre, Sylvester Cole, había admitido la responsabilidad del homicidio.
El año pasado, el circuito 11 del Tribunal de Apelaciones negó el recurso presentado por Davis, quien debió acudir, como última alternativa, a la Corte Suprema de Justicia.
El pedido de clemencia anticipada de Davis ante el Directorio de Perdón y Libertad Condicional del estado de Georgia será la última oportunidad. Si fracasa, será ejecutado.
En Estados Unidos se realizaron 1.080 ejecuciones desde la restauración de la pena de muerte en 1973. El ejército, el gobierno nacional y 38 estados mantienen la vigencia de la pena capital. Este castigo no se practica en 12 estados.
Una encuesta de la firma Gallup estableció en mayo de 2006 que el apoyo de los entrevistados a la pena de muerte se redujo a 65 por ciento en Estados Unidos, respecto de 80 por ciento en 1994. La cantidad de condenas a la pena máxima disminuyeron de 315, en 1994 y 1995, a 128 en 2005.
La mayor utilización de análisis de ADN como prueba sembró dudas sobre varios casos en que se condenó a muerte al acusado.
Hasta el momento, 124 presos fueron liberados de los pabellones de la muerte en este país. Abogados señalan que es cuestión de tiempo antes de que aparezcan pruebas definitivas sobre la inocencia de un ejecutado.
Este mes, la Corte Suprema dictaminó que los jueces y fiscales podían retirar del jurado a un postulante que exprese reservas contra la pena capital.
El periódico Boston Globe sostuvo que la decisión serviría para "predisponer a los miembros del jurado a favor de la muerte". Expertos legales pronosticaron que la medida afectaría en forma desproporcionada a los acusados negros.
