Un grupo de legisladores y grupos de presión se congratulan de la nueva era de la política comercial de Estados Unidos que sobrevendrá con la expiración, este sábado, de las facultades extraordinarias en la materia gozadas por la Casa Blanca desde 2002.
Mientras, el presidente George W. Bush intentaba infructuosamente este jueves una extensión de la "vía rápida" ("fast-track"), autoridad concedida por el Congreso legislativo al Poder Ejecutivo para que negocie acuerdos comerciales.
Este mecanismo obliga al Poder Legislativo a aprobar o rechazar en bloque los acuerdos alcanzados con otros países, sin posibilidad de introducir enmiendas parciales.
La representante de Comercio de Estados Unidos, Susan Schwab, reclamó la urgente renovación de la vía rápida en una carta al legislador Charles Rangel, del opositor Partido Demócrata, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes a cargo de revisar esos acuerdos.
Pero varios senadores unieron fuerzas con sindicatos, organizaciones de agricultores, ambientalistas y de activistas contra la pobreza para reprobar las políticas de libre comercio predominantes en las últimas décadas y las pretensiones del presidente Bush.
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"Tenemos la opción de rebajar nuestros estándares o exigir a nuestros socios comerciales que eleven los suyos. Hoy, hemos puesto a nuestra nación en una nueva senda para el comercio que funciona para las empresas y los trabajadores estadounidenses, y no sólo para los gerentes generales de las multinacionales", dijo el senador demócrata Sherrod Brown.
"Ceder la autoridad de las negociaciones comerciales a un Ejecutivo reticente a defender los derechos laborales o ambientales en el exterior es una tontería descarada", sostuvo, por su parte, el representante demócrata Phil Hare.
Para Hare, la renovación de la vía rápida costaría puestos de trabajo a Estados Unidos un costo en puestos de trabajo, al tiempo que alimentaría las violaciones de los derechos humanos en el extranjero.
Estos pronunciamientos lograron el apoyo de la principal central sindical estadounidense, AFL-CIO, y poderosos sindicatos como Siderúrgicos Unidos y la Hermandad Internacional de Camioneros, así como de organizaciones ambientalistas como Sierra Club y Amigos de la Tierra, grupos religiosos como la Iglesia Metodista Unida y agrícolas, como la Unión Nacional de Granjeros.
La vía rápida desató aun más controversia a medida que cuatro acuerdos de libre comercio —con Perú, Panamá, Colombia y Corea del Sur— aguardan por la ratificación del Congreso.
Según este mecanismo especial, el Poder Ejecutivo puede firmar un acuerdo antes de que el Legislativo lo apruebe, lo cual debe suceder en un plazo de menos de 90 días.
"Esta semana, las familias trabajadoras, aquí y en el extranjero, obtendrán un poco más de seguridad cuando expire la autoridad de la vía rápida del presidente Bush para negociar acuerdos comerciales con intervención mínima del Congreso", dijo el presidente de AFL-CIO, John Sweeney.
"En los últimos seis años, este gobierno ha negociado un acuerdo malo atrás del otro. Cada uno fue aprobado por el menor margen posible y con objeciones de trabajadores de todo el mundo", agregó.
"El Congreso debe aprovechar la oportunidad para reafirmar su autoridad constitucional sobre la política comercial" en beneficio de los trabajadores de Estados Unidos y del Mundo y no de los "intereses corporativos", advirtió Sweeney.
La vía rápida no obliga al Poder Ejecutivo a acordar tratados comerciales que desalienten la explotación inhumana de los trabajadores ni a su revisión por consideraciones de seguridad nacional, según sus críticos.
Pero los defensores del mecanismo lo consideran indispensable para facilitar la liberalización comercial al acelerar el proceso legislativo de los tratados internacionales.
Estados Unidos negocia hoy al menos ocho tratados comerciales, entre otros, con Emiratos Árabes Unidos, Ecuador y Tailandia. Esas deliberaciones se complicarán cuando la vía rápida pierda su vigencia.
La ratificación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, el mayor de los negociados por este país desde la constitución del de América del Norte (NAFTA-TLCAN) con Canadá y México, está prevista para el sábado, pocos minutos antes de la expiración de la vía rápida.
Mientras, está prevista la aprobación de los acuerdos con Perú y Panamá, menos ambiciosos en sus dimensiones, luego de un acuerdo entre la Casa Blanca y legisladores demócratas que establecerá patrones laborales y ambientales más rigurosos para ambos tratados.
