Comunidades de origen africano e indígena del noroccidental departamento del Chocó intentan recuperar sus tierras y alimentos, perdidos por la guerra interna en esta zona de gran diversidad biológica.
Alirio Mosquera, representante legal de los consejos comunitarios que reúnen a los tres mil habitantes de la cuenca del río Cacarica, en el Bajo Atrato, planifica la integración de los proyectos productivos de la comunidad con la resistencia pacífica al conflicto interno colombiano que lleva ya medio siglo.
"La gente necesita su tierra de regreso para recuperar sus prácticas tradicionales", asegura Mosquera al ser entrevistado.
Mosquera fue elegido el 20 de mayo tras una larga lucha como coordinador logístico del retorno de más de 700 familias desplazadas en 1997 por violentas acciones del ejército y grupos paramilitares, que terminaron en tomas y compras ilegales de tierras por parte de empresas agroalimentarias y forestales.
La llamada "operación Génesis" acabó con más de 4.000 personas desplazadas y al menos 85 muertas o desaparecidas, según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
"Todos los consejos comunitarios están aliados a las propuestas de nuestra organización Cavida (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) porque siempre defendimos el derecho a la tierra", señala Mosquera.
"La tierra es el eje de nuestra vida. Cuando uno la pierde y la cede, queda como jornalero o como esclavo", agrega.
En esta zona húmeda y boscosa rodeada de pantanos y ciénagas, habitan negros e indígenas, con derecho constitucional a territorios colectivos y a regir su manejo.
Los negros constituyen 85 por ciento de la población del Chocó.
Cacarica forma parte del Área de Manejo Especial de la Serranía del Darién, que separa a Colombia de Panamá. Está ubicada dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Katíos, que alberga numerosas especies endémicas y cuyo subsuelo es rico en minerales.
El desplazamiento violento y la ocupación ilegal de tierras fueron denunciados en la audiencia por la biodiversidad del no gubernamental Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo Colombia, los días 26 y 27 de febrero.
El tribunal sesionó en zonas humanitarias establecidas a partir de 1999 —cuando los desplazados decidieron regresar a su territorio de 103.000 hectáreas—, en las que viven las familias e intentan protegerse de los actores armados.
Entre las conclusiones de esa audiencia se mencionó la activa participación de paramilitares en las negociaciones y concesión de tierras a repobladores ajenos al territorio colectivo.
Para los miembros de los consejos comunitarios de los ríos Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, la autosuficiencia alimentaria y la recuperación de tierras son una forma de resistencia civil.
"No permitimos ni personas con armas ni empresas multinacionales en nuestro territorio. No somos neutrales porque somos víctimas del conflicto", afirmó Bernardo Vivas, miembro fundador de Cavida y de las zonas humanitarias en una de las reuniones con organizaciones internacionales que tomaron parte de la sesión del Tribunal.
Además de la escasez de alimentos, el otorgamiento de terrenos para la siembra a gran escala de monocultivos como banano y palma africana dificulta el propósito de Cavida.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, reconoció en una sesión del Poder Ejecutivo dedicado al Pacífico colombiano realizada en Cali el 3 de junio, que hay 17.000 hectáreas tituladas en el Urabá chocoano (del cual Cacarica es una parte) que presentan problemas, "ya que son tierras reclamadas por particulares como privadas".
Arias admitió que hubo corrupción en la compra de esas tierras, y que fue denunciada en su momento por los habitantes de estos territorios.
Según las comunidades, faltan gestiones del Estado para recuperar las tierras arrebatadas, que estiman en 22.000 hectáreas, casi 25 por ciento del territorio colectivo.
Un informe del gubernamental Instituto de Desarrollo Rural de marzo de 2005 sostuvo que "un grupo de inversionistas asociados con las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Palmas SA, Palmura, Asibicon, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa, realizaron una masiva compraventa de predios a diferentes personas" y a espaldas de la comunidad, "con el propósito de establecer cultivos empresariales de palma de aceite y proyectos de ganadería extensiva".
El estudio también destaca que en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó se encontraron 3.834 hectáreas sembradas con palma de aceite, destinada a la producción de biodiésel.
"Las negociaciones con los empresarios no se dieron con iguales derechos. Y fueron ilegales, pues nuestro territorio es inalienable e inembargable", señala Marcos Velásquez, del Nuevo Espacio, una de las zonas humanitarias.
Las comunidades esperan que, mediante la desmovilización parcial de paramilitares promovida por el gobierno, se les devuelvan sus tierras como parte de la reparación a las víctimas de estos grupos ilegales.
Pero no será tan fácil, pues las siembras comerciales están bastante adelantadas.
En un comunicado del 7 de este mes, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que la empresa CI Multifruit continúa extendiendo la siembra de banano para la exportación, a través de la compañía estadounidense Del Monte.
Los pobladores subsisten sembrando maíz y arroz, viajando de las zonas humanitarias comunales hasta las parcelas que les pertenecían antes de su desplazamiento y regresando al final del día, en ocasiones bajo hostigamientos militares.
En las zonas comunitarias de Cavida se intenta crear modelos productivos con plantas medicinales y frutales, pero aún no hay capacidad para generar cultivos que les aseguren la subsistencia.
"Aquí se corta mucha madera, aunque sea de forma artesanal", afirma Mosquera, preocupado por los bosques, única fuente de sustento de los campesinos.
Como representante legal y líder de los habitantes de la cuenca, espera desarrollar cultivos de yuca (Manihot esculenta) y maíz (Zea mays), entre otros, y crear un proyecto de ebanistería para el manejo sostenible de maderas.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 16 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
