El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, prófugo de su país desde 2001, debe ser extraditado a Lima para que se le juzgue por crímenes contra los derechos humanos y corrupción, según el informe en derecho dado a conocer este jueves por Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema de Chile.
Los antecedentes remitidos por la justicia peruana fundamentan el procesamiento de Fujimori (1990-2000) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los casos de la Universidad La Cantuta y Barrios Altos, así como por nueve de los 10 actos de corrupción de que se lo acusa en Perú, señala el informe de 50 páginas de Maldonado.
Fujimori debe responder como gobernante por la actuación de fuerzas de seguridad que en el episodio conocido como Barrios Altos dieron muerte en noviembre de 1991 a 15 opositores y que en la Universidad de La Cantuta mataron a nueve estudiantes y un profesor, en julio de 1992.
Raúl Paiba, presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, aplaudió el informe de la fiscal y señaló que la recomendación de extraditar al ex mandatario es congruente con la "contundencia" de los antecedentes que apuntan a su culpabilidad.
Desde Lima, Gisela Ortiz, representante de los familiares de las víctimas de La Cantuta, había advertido que harían presentaciones individuales ante la justicia chilena contra Fujimori en caso de que el informe de Maldonado fuera contrario a la extradición.
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Ricardo Lagos Weber, ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, dijo al mediodía de este jueves que Santiago adoptó "una serie de medidas cautelares" para evitar una fuga de Fujimori ante las altas probabilidades de que sea finalmente extraditado a Lima.
Paiba, así como los diputados Rafael Tarud y Antonio Leal, del gobernante Partido Por la Democracia, habían advertido del riesgo de que Fujimori, quien reside en una lujosa mansión en Santiago, intentara huir si el informe de la fiscal de la Corte Suprema le era adverso. En medios judiciales se alertó de que el ex presidente peruano podría permanecer en Chile hasta finales de este año, mientras se completa el procedimiento de la extradición.
El informe de la fiscal Maldonado debe ser estudiado ahora por el magistrado Orlando Álvarez, juez especial de instrucción en el juicio, quien no tiene un plazo fijo para adoptar una resolución, la cual puede a su vez ser apelada ante la Corte Suprema por los representantes del Estado peruano o por la defensa de Fujimori.
Lagos Weber subrayó que se está haciendo cumplir rigurosamente la orden de arraigo (prohibición de abandonar el territorio chileno) que la justicia emitió en 2006 contra el ex gobernante, y que éste puede ser llevado ante los tribunales en cada ocasión en que el magistrado Álvarez o un tribunal lo requiera.
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, recalcó la independencia con que el Poder Judicial actuó en este caso.
"Lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es hacer lo mismo que hemos hecho siempre: esperar que ocurran todas las instancias judiciales, esperar un fallo que, estamos seguros, va a estar plenamente de acuerdo a derecho", añadió el canciller.
"Después, si corresponde al gobierno alguna medida de implementación (de la posible extradición de Fujimori) lo haremos, pero lo primero es tener la paciencia para esperar lo que debe ser un fallo judicial", concluyó Foxley.
El político peruano de origen nipón llegó imprevistamente a Chile el 6 de noviembre de 2005, tras un largo refugio en Japón, y quedó de inmediato bajo detención preventiva mientras la justicia peruana fundamentaba el pedido de extradición para un juicio que finalmente se abrió en enero de 2006.
Fujimori, quien accedió al poder en 1990 tras derrotar en las elecciones presidenciales al escritor derechista Mario Vargas Llosa, disolvió el Congreso legislativo e intervino la justicia en 1992, y en 1995 fue reelegido con 64 por ciento de los votos, luego de forzar una reforma a la Constitución.
Una amañada interpretación legal de magistrados afines a Fujimori permitió que este se postulara a una segunda reelección en los comicios de abril de 2000, denunciados como fraudulentos por quien fue su principal opositor, el luego presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
El tercer gobierno fujimorista se inició el 28 de julio de 2000 y cayó en un acelerado desprestigio por las denuncias sobre actos de corrupción y extorsiones a empresarios y políticos organizadas por el ahora presidiario Vladimiro Montesinos, entonces asesor de seguridad del mandatario.
Acosado por las acusaciones, Fujimori viajó en noviembre de 2000 a la cumbre del foro APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en la isla de Brunei, para renunciar el día 17 a su cargo mediante un fax enviado a Lima y trasladarse a Japón, donde Tokio le concedió refugio en virtud de su doble nacionalidad peruana y nipona.
El Congreso de su país rechazó su renuncia y lo destituyó por "permanente incapacidad moral" para gobernar. Ya en 2001, la justicia peruana lo requirió para juzgarlo por varios delitos.
Desde el país asiático, Fujimori viajó sorpresivamente a Chile en 2005 con intenciones de reingresar a Perú e intervenir en las elecciones presidenciales del año siguiente, ganadas finalmente por el socialdemócrata Alan García.
El gobierno del entonces presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) ordenó sin embargo su arresto en una unidad de Gendarmería (servicio de prisioneros) y luego en su domicilio, hasta que el 18 de mayo de 2006 la justicia le otorgó la libertad bajo fianza, ya bajo el actual gobierno de Michelle Bachelet.
