Defensores del ambiente reclaman a varios «pesos completos» del mundo de las finanzas que asuman su cuota de responsabilidad por una catastrófica erupción de barro tóxico en la isla indonesa de Java.
El reclamo está dirigido, entre otros, a Credit Suisse, Barclays, Fortis Group y Merrill Lynch, que ayudaron a financiar un proyecto de exploración y extracción de gas. Las perforaciones del terreno provocaron una expulsión de barro contaminado que no ha cesado de fluir desde mayo de 2006.
La organización no gubernamental Amigos de la Tierra señaló el jueves que los prestamistas internacionales continúan volcando fondos en Lapindo Brantas Inc., la compañía responsable del desastre ambiental.
Greenpeace calificó al derrame de la "mayor catástrofe ambiental de Indonesia". Los expertos advirtieron que el barro puede contener gases tóxicos como metano y sulfuro de hidrógeno. También se estima que, en ausencia de drásticas medidas para detenerla, la avalancha de barro —de aproximadamente un millón de barriles diarios— podría continuar por cientos de años.
"Los fondos que bancos internacionales como Credit Suisse y Fortis le facilitaron a Lapindo le permitieron iniciar su búsqueda de gas", dijo Paul de Clerck, de Amigos de la Tierra. "Ahora los bancos deben aceptar su papel en la desastrosa avalancha de barro creada por las perforaciones", agregó.
Los activistas sostienen que la compañía ha hecho poco y nada para restaurar el área afectada o compensar a la gran mayoría de las 3.500 familias que se vieron forzadas a abandonar sus hogares.
Un grupo ecologista local, Wahli, estima que la limpieza y saneamiento podrían costar más de 200 millones de dólares.
Desde que se produjo el desastre se han sucedido los pedidos para que los accionistas de Lapindo Brantas asuman su plena responsabilidad. La compañía es propiedad de Energi Mega Persada (con 50 por ciento del paquete accionario), PT Medco E&P Brantas (con 32 por ciento), ambas de Indonesia, y la australiana Santos (18 por ciento).
Lapindo cuenta también con importantes conexiones políticas. En la firma está involucrada la familia del ministro de Bienestar Social de Indonesia, Aburizal Bakrie.
Esta es la primera vez en la que el papel de los prestamistas externos de la compañía está sometido a una evaluación pública.
"Los bancos privados que hicieron posible con sus inversiones la exploración de los campos gasíferos de Sidoarjo tienen la responsabilidad de asegurar que el desastre y sus consecuencias sean abordados de manera adecuada", indica una declaración de Amigos de la Tierra difundida el jueves.
Por lo menos 32 bancos e instituciones financieras otorgaron fondos a Brantas, dueña de un tercio de Lapindo.
Credit Suisse de Suiza, Barcalys (Gran Bretaña), Merrill Lynch & Co. (Estados Unidos), Natixis (Francia) y el grupo Fortis (Holanda y Bélgica) facilitaron créditos, gerenciaron la emisión de bonos o acciones, participaron de operaciones de pases de divisas (swaps) o compraron títulos de Lapindo para incluir en las carteras de inversión de sus clientes.
Pese a los llamados de grupos ambientalistas para que estas instituciones empleen su poder financiero, sólo Credit Suisse y Fortis han respondido hasta ahora.
La respuesta de Credit Suisse, a la que IPS tuvo acceso, reconoce la gravedad del desastre pero señala que la compañía local Brantas les había otorgado garantías verbales de que estaban colaborando con las tareas de socorro.
El banco no se comprometió a tomar ninguna acción, con la excepción de "comunicar" la preocupación por el tema a sus tomadores de crédito.
Según los grupos ambientalistas, Credit Suisse ha otorgado desde mayo de 2006 nuevos créditos por 126 millones de dólares, sin exigir a cambio salvaguardias más estrictas para solucionar el problema o evitar que se agrave.
Fortis rehusó asumir responsabilidad alguna o realizar un seguimiento del tema.
En tanto, los perjuicios a las personas y el ambiente continúan generando pedidos para que alguien asuma la responsabilidad.
Ocho personas murieron en la explosión de un gasoducto relacionada con la incesante avalancha. El desastre afectó a más de 15.000 personas y 600 hectáreas de tierra. Once aldeas quedaron sumergidas bajo el barro. Tierras de cultivo, rutas y vías férreas resultaron destruidas.
Los grupos ambientalistas dicen que no existe ningún plan a la vista para iniciar las tareas de limpieza. La laguna de barro aumenta día a día y los medios de vida de decenas de miles de personas están en riesgo.
Los activistas ahora exigen que los bancos internacionales suspendan toda nueva concesión de créditos a Lapindo o las empresas que la controlan.
"Cada nuevo préstamo debería estar condicionado a que Lapinto pague compensaciones por el daño", dice el informe de Amigos de la Tierra. "Hasta el momento los bancos no han tomado medidas adecuadas para asegurar que la compañía repare el perjuicio que ha causado y compense a quienes lo están padeciendo", agrega.
El gobierno de Indonesia ordenó a la firma a pagar 435 millones de dólares a las víctimas.
Lapindo se opone. Se queja de que la suma es muy alta y afirma no ser responsable por lo que ocurrió. Se trata de "un desastre natural", arguyó.
El ministro Bakrie, relacionado con la empresa a través de su familia, adjudicó la erupción de barro inicial a un terremoto que se produjo a unos 200 kilómetros de distancia. Pero PT Medco, dueña de cerca de un tercio de las acciones de Lapindo, reconoció que el personal a cargo de la perforación fue negligente.
La firma indicó que no se colocó una cubierta alrededor del taladro, lo cual hubiera impedido la emanación cuando la perforadora se topó con una enorme "burbuja" de barro. "Lapindo afirma que fue un desastre natural, pero es mentira", dijo Fara Sofa, de la filial de Amigos de la Tierra en Indonesia. "Numerosos expertos han dictaminado que lo ocurrido fue la directa consecuencia de sus acciones irresponsables", señaló.
