El gobierno de Marruecos dio marcha atrás en su la decisión de presentar al parlamento un proyecto para abolir la pena de muerte.
Al parecer, el último atentado suicida con bomba demoró la iniciativa, al sembrar controversia sobre los mecanismos más adecuados para combatir la violencia islamista.
La presentación del proyecto, redactado por políticos abolicionistas y entregado a la Secretaría General del gobierno hace más de seis meses, estaba prevista para abril.
Había consenso en que tras un animado debate, la mayoría de los diputados la votaría antes del fin de la actual sesión parlamentaria en junio.
El rey Mohammed VI dio su respaldo a la iniciativa, requisito esencial para ese proyecto vinculado a cuestiones delicadas que nunca se habían planteado.
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Pero el 11 de marzo explotó una bomba en un cibercafé marroquí. El atacante murió, y cuatro personas más resultaron heridas en el acto.
Al mes siguiente, otros tres suicidas murieron al detonarse los explosivos que llevaban encima mientras huían de la policía. En el episodio también murió un agente de seguridad.
Desde entonces no hubo declaraciones oficiales acerca de la abolición de la pena capital. Todos los intentos realizados por IPS para conocer el destino del proyecto chocaron con el silencio. Los intentos telefónicos de encontrar al portavoz del gobierno fueron infructuosos.
"También hubo un repliegue en materia de de libertades civiles", dijo a IPS Mohamed Abounasr, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
El regreso de los días negros de "represión y tortura" se justificó con el argumento de que el país "lucha contra el terrorismo", señaló.
Un ejemplo de ello, indica Abounasr, fue la acción policial contra la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de este mes, en la meridional ciudad de Agadir.
Ese día, dos manifestantes fueron detenidos y procesados por difamar al Rey. Tras hallarlos culpables, ambos fueron sentenciados a dos años de prisión.
El 4 de este mes, cientos de furiosos manifestantes a favor de la pena de muerte se reunieron en Beni Mellal, en el centro del país, para reclamar ese castigo contra dos hombres sospechosos de haber asesinado a una joven de 20 años.
"Es una paradoja. El gobierno permite una manifestación a favor de la pena capital mientras arremete contra otra por el Día de los Trabajadores", señaló Abounasr.
Además, se mostró convencido de que el fervor popular para reclamar la ejecución de los dos asesinos se había inspirado en autoridades represivas, en ascenso tras los atentados terroristas.
Es la misma gente que propició las dudas del gobierno a presentar el proyecto de abolición al parlamento.
"Es un terrible error manipular a ciertos sectores de la población para que exijan la pena de muerte. La gente no siempre se da cuenta de que los convencen de adoptar posturas que en realidad violan sus derechos humanos", señaló Abounasr.
Activistas temen que el gobierno planee ejecutar a terroristas islamistas. Algunos se aventuran a decir que eso podría suceder tras las elecciones legislativas de septiembre. De ser así, sería la primera matanza legal en este país tras una moratoria de 14 años.
La última persona ejecutada fue Mustapha Tabet, jefe de policía acusado de violar a varias mujeres y niñas.
"La ejecución de supuestos terroristas sólo serviría de propaganda para los delitos que cometieron", escribió Omar Kharrouj, abogado y activista de derechos humanos, en la revista Attadamoun (Solidaridad).
"Los que creen que la pena de muerte va a terminar con la violencia política son ingenuos o ilusos", añadió.
Otros defensores de derechos humanos piden al gobierno que afronte lo que consideran las causas subyacentes del extremismo islámico.
"No se puede combatir el terrorismo con la pena capital. No basta con un enfoque represivo. Es preciso atacar el aspecto social del problema", indicó Abounasr.
Todos los atacantes suicidas procedían de asentamientos irregulares y de otras zonas pobres. La mayoría de ellos eran analfabetos.
El gobierno debe "mejorar las condiciones de vida de la gente y armarlos con educación y conocimiento para inmunizarlos contra el extremismo y el terrorismo", sostuvo Abounasr.
La pena de muerte probablemente se discutirá en la campaña para las elecciones de septiembre, que comenzará en agosto.
Ningún partido político ha hecho público su programa electoral.
El opositor partido Frente de Fuerzas Democráticas, uno de los principales promotores del proyecto de abolición ahora bloqueado por el gobierno, seguirá trabajando duro por su causa.
